Miguel Concha | Opinión-La Jornada
La protesta social es un ejercicio ciudadano que en tiempos recientes ha resultado controversial en la ciudad de México. Autoridades y comunicadores, sobre todo de los medios electrónicos, han minimizado los aspectos más sustantivos de las reivindicaciones, y destacado en cambio los más superficiales. Por ello conviene un análisis más profundo, con una perspectiva más amplia.
Hemos de recordar que a través de la historia los derechos humanos han sido alcanzados por medio de la movilización e insistencia de grupos específicos, que con su lucha han exigido actuaciones, criterios y leyes que cuiden y protejan a la sociedad. Y que frente a esa legitimidad ciudadana, normalmente se han contrapuesto las resistencias de Estados y grupos de interés, que ante la protesta social sólo han cedido tolerándola como un mecanismo de participación política y exigencia democrática.
Hemos de recordar que a través de la historia los derechos humanos han sido alcanzados por medio de la movilización e insistencia de grupos específicos, que con su lucha han exigido actuaciones, criterios y leyes que cuiden y protejan a la sociedad. Y que frente a esa legitimidad ciudadana, normalmente se han contrapuesto las resistencias de Estados y grupos de interés, que ante la protesta social sólo han cedido tolerándola como un mecanismo de participación política y exigencia democrática.
Entendida así, como un derecho para cuestionar las acciones del Estado, y para apelar contra la memoria autoritaria, la marcha que se realizó el pasado 2 de octubre, al conmemorarse el 45 aniversario del asesinato de cientos de estudiantes por órdenes de Díaz Ordaz, se preveía complicada. Y en este contexto hubo por ello distintos esfuerzos serios para hacer valer el derecho a observar y vigilar la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. Uno de ellos fue el del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que realizó una misión de observación.
Es importante recordar que con el nuevo régimen federal se ha constatado un patrón de uso excesivo de la fuerza. Desde el 1º de diciembre de 2012, cuando hubo manifestaciones de protesta por la llegada de Enrique Peña Nieto como presidente, se realizaron detenciones arbitrarias y la policía golpeó a varias personas. Desde entonces, hasta hoy, las diferentes manifestaciones de protesta que se han dado en las calles de la ciudad de México han sido expresión del desacuerdo por las diferentes reformas estructurales que han sido aprobadas, pero también una reacción popular ante el autoritarismo por parte del Estado, que se ha mostrado incapaz o desinteresado para abrir espacios eficaces de diálogo y negociación política.
Sectores muy identificados de los medios de comunicación han propiciado, mediante programas de radio y televisión, la polarización social en temas muy delicados, como el movimiento de la CNTE, o la criminalización de la protesta social. Se ha llegado incluso al absurdo de defender el derecho a la represión, vaciando de sentido y descalificando de manera simplista estos procesos. Es en este contexto en el que se han propiciado actitudes y acciones francamente violentas por parte de los granaderos el 10 de junio, el 1º y el 13 de septiembre. Pero también de manera cotidiana, siendo ya común que grupos de 40 o 50 personas sean encapsuladas por 300 o hasta 400 granaderos, en un ejercicio absolutamente desproporcionado de la fuerza pública.
En diferentes momentos la criminalización asume múltiples formas: la represión de manifestantes; la investigación y persecución penal del grupo social, con frecuencia dirigida hacia líderes de los movimientos, y la descalificación automática de las organizaciones que protestan. Estos motivos llevaron al Centro Prodh a observar la primera manifestación del 2 de octubre en la “nueva era priísta”, junto con otros activistas de derechos humanos y periodistas articulados en sus propias redes. Lo que nunca pensaron fue que experimentarían los abusos en carne viva.
En esta misión, lo primero que se observó fue un despliegue excesivo de cuerpos policiacos, así como revisiones a civiles con el pretexto de “actitud sospechosa”. En distintos momentos la marcha fue sobrevolada por drones, es decir, por aeronaves radiocontroladas, que invasivamente vigilaban al contingente. También se pudo documentar la presencia muy activa de policías vestidos de civil, que señalaban a personas que se les antojaban “sospechosas”, y que incluso realizaron diversas detenciones. Otro aspecto muy grave es que los policías no se identificaron de ninguna manera, lo que no permitió ubicar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
Las agresiones a la colaboradora y a los colaboradores del Centro Prodh se realizaron en torno a la esquina de Lafragua y Reforma, mientras se documentaba la detención arbitraria y con lujo de violencia de un joven que no se encontraba realizando ningún acto ilícito. Durante la abusiva acción policiaca para agredir a este joven detenido, Víctor Hugo Carlos fue encapsulado y pateado por los granaderos. Posteriormente, otros colaboradores fueron agredidos, al pedir explicaciones de lo ocurrido.
En estas y otras acometidas se confirma un patrón selectivo para neutralizar violentamente a civiles y observadores de derechos humanos que documentaban los hechos. Entre estos destacan 46 casos de comunicadores y comunicadoras agredidas. Sin embargo, las graves violaciones a observadores, periodistas y manifestantes quedaron bien documentadas, y la difusión de estas imágenes brutales ha cuestionado el discurso predominante que responsabiliza a los manifestantes de los hechos.
El pasado lunes 4 de noviembre las organizaciones Artículo XIX y el Centro Prodh entregaron a la Oficialía de Partes del Gobierno del Distrito Federal los informes Rompe el Miedo, elaborado por Artículo XIX, y 45 años de impunidad conmemorados bajo represión estatal, elaborado por el Centro Prodh. En estos documentos se destaca el grave retroceso en materia de libertades y derechos fundamentales que ha sufrido la ciudad de México, y se exige una respuesta contundente y precisa por parte de las autoridades para revertir el patrón de criminalización de la protesta social.
Fuente: La Jornada
Fuente: La Jornada
