Mal manejo de presa devastó casas y cultivos, señalan a la ONU
Héctor Briseño | Corresponsal | Periódico La Jornada | Viernes 15 de noviembre de 2013, p. 34
Acapulco, Gro., 14 de noviembre.- Integrantes del Consejo Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) entregaron este jueves una queja al relator de las Organización de Naciones Unidas (ONU), Olivier de Schutter, por violaciones al derecho a la alimentación.
Argumentaron que en 47 comunidades de los bienes comunales de Cacahuatepec, en las inmediaciones del río Papagayo, en la zona rural de Acapulco, el hambre se agravó tras el paso de la tormenta Manuel, que arrasó con cosechas y viviendas.
Los activistas responsabilizaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del desbordamiento del río Papagayo, por el mal manejo de la presa hidroeléctrica de La Venta.
En un comunicado, los opositores a la presa La Parota señalaron que durante 10 años, debido a la insistencia de la CFE por realizar el proyecto hidroeléctrico, ha habido “enfrentamientos, amenazas, encarcelamientos y el asesinato de cuatro compañeros”.
Agregaron que existe la amenaza constante de desplazamiento, “en franca violación a nuestros derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos a la alimentación, a la vivienda y a la salud han sido permanentemente afectados”.
Los comuneros de Cacahuatepec destacaron que “el paso de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid empeoraron la situación de los campesinos. La irresponsabilidad de la CFE y el mal manejo de la presa La Venta, ubicada en la parte alta del río Papagayo, hicieron que se rompieran las compuertas, lo que ocasionó la devastación de más de 14 comunidades de los bienes comunales”.
Según el Cecop, las tormentas destruyeron más de 200 casas y cubrieron de arena y lodo más de 300; además, se perdieron cosechas, animales y maíz.
“En una actitud totalmente irresponsable y criminal, en vez de ayudar con alimentos y servicios, (el gobierno) trató de aprovecharse del hambre y el desconcierto y amenazó a los campesinos con la reubicación forzosa”.
Fuente: La Jornada
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