Editorial-La Jornada
La realización de una marcha protagonizada por el magisterio disidente en la ciudad de México derivó ayer en una agresión de comerciantes del barrio de Tepito en contra de los profesores, con un saldo de tres heridos. Según la versión de algunos locatarios, el encono de los tepiteños contra los maestros se debe a que las ventas en el mercado local disminuyeron a raíz del plantón que los docentes mantuvieron en el Zócalo hasta el pasado 13 de septiembre.
El episodio reviste varios aspectos preocupantes y, al mismo tiempo, reveladores del deterioro social que experimenta el país. Debe tenerse en mente, por principio de cuentas, que tanto los manifestantes como quienes los agredieron pertenecen a sectores tradicionalmente discriminados, excluidos, violentados en sus derechos y libertades; criminalizados en sus formas de expresión social, desatendidos y maltratados por las autoridades de los distintos niveles. Sin embargo, estos puntos en común no fueron suficientes para alentar una mínima empatía, y ya no se diga solidaridad de los tepiteños hacia los profesores en lucha; en cambio, los primeros se dejaron llevar por intereses inmediatos afectados por las movilizaciones magisteriales. En tal circunstancia la molestía habría sido entendible, pero no la agresión.
El hecho es alarmante no sólo porque lleva el descontento de algunos segmentos de la población capitalina contra el magisterio en lucha al grado de una agresión directa, sino también por lo que pone en evidencia: la erosión de una cohesión social sin la cual no podría explicarse la precaria estabilidad política en que ha vivido el país durante los pasadas tres décadas, a partir del inicio del ciclo neoliberal.
Sería muy grave que en la circunstancia nacional actual, cuando diversos sectores recurren a las movilizaciones en defensa de lo que entienden como sus derechos legítimos, amenazados o cuestionados por las reformas estructurales en curso de aprobación, proliferaran los ataques de otros grupos ciudadanos contra quienes se manifiestan en uso de sus derechos constitucionales.
Igualmente grave sería que la agresión hubiese sido instigada desde alguna dependencia gubernamental con el propósito de “desbaratar el movimiento”, toda vez que una acción de esa naturaleza, lejos de desactivar la protesta magisterial, la enconaría y complicaría.
En otro sentido, el suceso de ayer permite ponderar el impacto de la satanización mediática que se ha venido promoviendo desde hace meses contra el magisterio disidente. Es significativo que a su paso por el Eje 1 Norte de la capital los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hayan sido recibidos con epítetos ofensivos y racistas –“huevones” e “indios”, por ejemplo–, que parecen tan afines a la campaña de linchamiento operada desde buena parte de la clase política y la mayoría de los medios informativos.
Lo ocurrido ayer en Tepito obedece, en suma, a una cosecha de fobia social emprendida por esos actores y poderes fácticos en contra de una lucha magisterial que –sin desconocer las afectaciones y perjuicios provocados por su prolongada presencia en las calles de la capital– es fundamentalmente pacífica y legítima.
Es necesario, ante el riesgo que eventos como el de ayer se reproduzcan y crezcan en explosividad y encono, que las autoridades capitalinas funjan como elemento de contención y distensión y actúen con pleno apego a derecho. La sociedad en general, por su parte, pero especialmente sus sectores populares, deben comprender que la lucha magisterial en curso es un ejercicio legítimo y atendible de defensa de derechos laborales y de una concepción de la enseñanza pública, no un mero capricho de empleados públicos privilegiados y holgazanes o, caracterización aún peor, de un grupo de fuereños empeñado en causar molestias a la población capitalina. Ante ello, la reflexión, la contención y la mesura deben primar en la sociedad.
Fuente: La Jornada
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