Órganos de inteligencia del gobierno federal elaboraron expedientes sobre las vinculaciones económicas, empresariales, políticas y personales de los especialistas que aspiraban a ocupar un puesto en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo que sustituyó a la polémica Comisión Federal de Telecomunicaciones.
espionaje a cargo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) fue vigilar que la designación de funcionarios en ese organismo no constituyera una captura de la entidad regulatoria por parte de compañías privadas, las cuales han frenado la competencia en ese sector durante la última década.
La investigación incluyó indagatorias sobre las relaciones de negocios, las simpatías empresariales y hasta las actuaciones en otros organismos públicos de cada uno de los 35 candidatos que hasta el pasado 10 de septiembre aspiraban a integrar ese órgano de gobierno. La conclusión fue que 11 expertos que aspiraban a un cargo en el Ifetel “tenían conflicto de interés”.
Así, antes de que el presidente Enrique Peña Nieto entregara a los senadores su propuesta de candidatos para integrar el Ifetel –organismo regulador con el que se busca impulsar la competencia en el sector de las telecomunicaciones– buscó asegurarse de que los eventuales comisionados no enfrentaran conflictos de interés por su participación o simple simpatía con ciertas empresas dominantes en el sector. También tuvo la cautela política de vetar a exfuncionarios del gobierno panista de Felipe Calderón que intentaron ocupar posiciones relevantes en dicho Instituto.
Sin embargo, la designación de los siete comisionados del Ifetel fue resultado de una negociación entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República. Fuentes involucradas en el proceso comentan que los negociadores del PAN –encabezados por Ernesto Cordero– pidieron, a cambio de aceptar la lista de comisionados propuestos por Peña Nieto, que la designación del presidente del Ifetel fuera una decisión de ellos. Ante esto, el presidente de la República sólo sugirió a los senadores panistas que pusieran en la mesa de negociación dos nombres, de los cuales Peña Nieto eligió el de Gabriel Oswaldo Contreras Saldivar.
En las pláticas llevadas a cabo en el Senado, Ernesto Cordero tenía ventaja sobre los legisladores priístas debido a que durante su gestión en el sexenio pasado como secretario de Hacienda y Crédito Público tuvo acceso a todos los archivos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que le permitió valorar con detalle la propuesta presidencial y definir así al comisionado que debería presidir ese organismo responsable de regular las telecomunicaciones.
Los órganos de inteligencia responsables de integrar los expedientes de cada uno de los aspirantes para integrar el Ifetel fueron el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda.
Los documentos, en poder de Contralínea, dan cuenta del origen y constitución de organizaciones, en apariencia de corte académico y de consultoría, que supuestamente han sido patrocinadas por las principales compañías del sector de las telecomunicaciones y que, desde esa tribuna, habrían promovido a candidatos al Ifetel. También se exhiben como evidencias de dicho financiamiento algunos documentos bancarios.
El proceso de selección de los comisionados también sirvió al gobierno federal para revisar la actuación de funcionarios y exservidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que supuestamente habrían beneficiado a empresas del sector, como Telmex (del magnate Carlos Slim); Telefónica (de origen español); Televisa (de Emilio Azcárraga), y MVS (de la familia Vargas), principalmente.
Los documentos refieren el caso de la empresa Mediatelecom que, según su portal en internet, se ostenta como una “consultora y de análisis estratégico de las telecomunicaciones en México”. A través de la empresa Cultura, Comunicación y Desarrollo (CCD), SC, representada por Fernando Viveros Castañeda, Mediatelecom aparece como una compañía “sin fines de lucro”.
El último cargo de Viveros Castañeda en el sector público fue en la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del gobierno de Puebla, en donde sólo permaneció unos días y renunció.
Pero la trayectoria en el sector público de Viveros Castañeda es más amplia y se remonta 25 años atrás en el sector diplomático, donde promovió convenios con organizaciones y fundaciones, como la de Bill y Melinda Gates y la Fundación Telmex, de Carlos Slim.
Fernando Viveros Castañeda constituyó la empresa Portales Estratégicos Iberoamericanos, SA de CV, que ofrece consultoría para el diseño de sistemas de información y comunicación estratégica global.
Las investigaciones encontraron que la empresa CCD, de Viveros Castañeda, registró ante las autoridades fiscales la sociedad Mediatelecom Policy & Law. Uno de los documentos bajo el título Nota ejecutiva explica el objetivo de esta empresa: “Mediatelecom aparece como consultora en temas de telecomunicaciones, pero es un parapeto para operaciones exclusivas de Telmex en medios de comunicación, para impulsar candidatos ante el Ifetel”.
Además de Mediatelecom, la empresa CCD, SC, controla otras marcas como Mediatelecom Minuto a Minuto, Mediatelecom Américas, Sociedad de la Información e Internet, y Telecomunicaciones Sociedad y Desarrollo.
Entre los candidatos que según la investigación impulsó Mediatelecom se encuentran Irene Levy, presidenta de la organización Observatel y especialista en derecho de las telecomunicaciones. Refiere que la analista ha sido colaboradora en espacios radiofónicos de la empresa MVS, por lo que supuestamente habría recibido compensaciones económicas. Esto fue rechazado tajántemente por la especialista.
Se afirma que Mediatelecom también apoyó a Fernando Butler, un destacado economista que fue presidente del Colegio Nacional de Economistas.
La investigación respecto de Mediatelecom y la posible influencia de sus actividades en la conformación del Ifetel incluyó el seguimiento por parte de la UIF de cheques y transferencias electrónicas a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios.
El expediente exhibe, por ejemplo, un cheque de Banco Inbursa número 0166385 y con el membrete de Teléfonos de México, con fecha del 17 de julio de 2012, por un monto de 1 millón 160 mil pesos para abono en cuenta de Cultura, Comunicación y Desarrollo. Como se sabe, Banco Inbursa es parte del grupo financiero de Carlos Slim. El documento facsimilar que da cuenta de ese cheque se integra al expediente y se afirma que Mediatelecom “recibe mensualmente esta cantidad además de transferencias por 452 mil pesos”.
Se establece en el documento que Mediatelecom también ha tratado de influir en decisiones de otros reguladores de América Latina y en la Unión Internacional de Telecomunicaciones a favor de América Móvil, que controla Telmex, Telcel y Claro.
Para confrontar estos señalamientos que provienen de los investigadores gubernamentales, el editor en jefe de Mediatelecom, Jorge Bravo, explica que es totalmente falso que se haya impulsado a cualquier candidato al Ifetel, y que su vinculación con Irene Levi y Fernando Butler es porque ambos han sido colaboradores de esta consultoría.
“Con Irene hicimos [Mediatelecom] un programa de radio en la empresa MVS, y Fernando ha publicado artículos en nuestro portal. Pero nunca hubo pronunciamientos de preferencia hacia algún aspirante a comisionado del Ifetel. Eso es totalmente falso”, agrega el editor.
Sin embargo, acepta que en Mediatelecom “nos hubiera dado gusto y nos hubiera encantado que ellos [Levy y Butler] hubieran quedado en el Ifetel”.
“Nosotros –dice Jorge Bravo– somos una empresa de consultoría y al mismo tiempo una agencia de noticias especializada, y como consultora quizá hayamos recibido algún tipo de contrato, y constantemente publicamos análisis y documentos sobre países de América Latina, por lo que si ese documento dice que logramos influir, es un motivo de orgullo.
“Además, Mediatelecom se pronuncia sobre todos los operadores; lo que sucede es que hay dos principales en la región, que incluye 18 países de América Latina, que son América Móvil y Telefónica”. Por ejemplo, explica, “en Perú nos pronunciamos para que se le renovara su concesión a Telefónica, porque se venció y eso generaba incertidumbre”.
Respecto del cheque por más de 1 millón de pesos que pagó Telmex a Mediatelecom, el editor de la consultora dice ignorar sobre esas transacciones financieras: “No lo sé y no puedo opinar al respecto; pero la empresa de Slim sí es cliente de la consultora, como tenemos otros clientes”.
De los siete comisionados elegidos por el presidente de la República y ratificados por el Senado, el editor en jefe de Mediatelecom opina que dos de ellos tienen claro conflicto de interés y sin embargo fueron elegidos, lo que significa que los órganos de inteligencia hicieron mal su trabajo.
—¿Quiénes son los dos comisionados con ese problema? –se le pregunta a Jorge Bravo.
—María Elena Estavillo Flores y Mario Germán Fromow Rangel, porque la reforma dice que no puedes ser comisionado si los 3 años anteriores trabajaste en una empresa directa, o indirectamente en empresas del sector, y Fromow trabajó en Telmex y fue perito de Telefónica, Televisa y Iusacell; mientras que Estavillo es perito en litigios de Telefónica, Televisa y Iusacell; además estuvo abiertamente a favor de la alianza Televisa-Iusacell, y de la multa por 12 mil millones de pesos en contra de Telcel, que al final se echó para atrás.
Para la presidenta de Observatel y experta en derecho de las telecomunicaciones, Irene Levy, los señalamientos en su contra son mentiras; por ello, rechaza cualquier vínculo interesado con las empresas privadas Telmex y MVS.
Por correo electrónico, comenta: “En relación al nombramiento de los actuales comisionados, creo que no podemos juzgarlos ahora por sus currículos, sino que habrá que esperar a los hechos, a sus actos, su ética, sus pronunciamientos, sus votos, su trabajo y, sobre todo, su transparencia y rendición de cuentas. Ojalá, por el bien de México, cumplan con los objetivos y expectativas que tenemos todos en ellos.
“Por lo que hace al supuesto documento del Cisen, en el que me comentas que estoy en la lista de los candidatos que tienen ‘conflicto de interés’, te diría que tal y como dice mi currículum, soy consultora y como tal desde luego que tengo clientes en la industria de las telecomunicaciones. Telmex y MVS, por desgracia, no son dos de ellos, a cualquier abogado le gustaría tenerlos como clientes y me incluyo.
“Desde que inicié Observatel, algunos detractores dicen que estamos ‘vendidos’ a Telmex y no hay nada más falso, nunca han presentado una sola prueba porque no la hay. El caso de MVS también es falso, incluso nunca me pagaron por los programas de radio que conduje por casi 9 meses. Por otro lado, la convocatoria para el proceso del Ifetel nunca restringió a los consultores; incluso en la información que te pedía el Comité de Evaluación agregué los nombres de mis clientes y consultas realizadas, tal y como te lo solicitaban; y hablar de que alguien tiene ‘conflicto de interés’ para ocupar el puesto de comisionado no puede reducirse a que alguien realizó una consulta para una empresa de telecom o radio y tv [sic].
“De hecho, en mi caso bastaba con leer mis columnas en El Universal para darte cuenta que soy completamente imparcial, tanto le ‘pego’ a una empresa como a otra, depende del tema. Por eso me cuesta trabajo creer que un documento así de rústico, sin datos duros –al menos en mi caso– y que acusa de conflicto de interés a algunos candidatos, haya sido elaborado por el órgano de inteligencia más importante de nuestro país; sería muy triste.
“Pero lo que más lamento es que, de confirmarse esta información que me dices que viene del Cisen, hayan mal informado al señor Presidente; eso no se vale, porque él confía en ellos, todos confiamos. Por mi parte, yo ya le di la vuelta a la página, el proceso tuvo sus problemas y así lo externé en su oportunidad. A otra cosa” [sic].
Entrevistada también vía telefónica, la consultora Irene Levy precisa que sí recibió 100 mil pesos como patrocinio para su programa radiofónico a través de Observatel, durante 1 año y medio. Además de que esto es público, no hay porque ocultarlo, 50 mil de ellos fueron de la empresa Dish, propiedad de la familia Vargas, y otros 50 mil de Telmex, propiedad de Carlos Slim.
Considera, sin embargo, que está bien que se haya hecho una investigación por supuestos conflictos de interés, aunque en este caso los resultados estén mal, “pues no tengo vínculos con Telmex ni con MVS”. A esos “órganos de inteligencia” del gobierno hay que cambiarles el nombre, sentencia.
De su relación con Mediatelecom, la especialista comenta que ha sido colaboradora de esa empresa como consultora y desde el año pasado “ya no hago nada para ellos”.
El vicepresidente de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de MVS, Felipe Chao, comentó que efectivamente Irene Levy estuvo con ellos algunos meses en la conducción de un programa junto con Fernando Negrete y Manuel Sosa Plata, pero rechazó que se financie a la especialista. “Se le dio algún pequeño patrocinio, nada más, en lo que duró el programa”.
El espionaje en fichas
El Instituto Federal de Telecomunicaciones, por ejemplo, será el responsable de establecer las reglas para las licitaciones de concesiones para la operación de una tercera cadena de televisión abierta. Se trata, por lo tanto, de una entidad estratégica no sólo para la penetración del sector de las telecomunicaciones, sino para el ambiente político del país y el desarrollo de la democracia.
En ese interés de los partidos políticos por controlar el Ifetel, fueron los panistas en el Senado quienes presentaron las dos propuestas de candidatos a ocupar la Presidencia de ese órgano regulador: Fernando Borjón y Gabriel Contreras. A cambio, el acuerdo con el gobierno federal –a través de la oficina de Aurelio Nuño– fue que los otros seis comisionados que formarían parte del pleno del Instituto serían nombrados por el PRI y el presidente Peña Nieto. El Partido de la Revolución Democrática, por su parte, impulsó sin éxito el regreso de Mony de Swann, expresidente de la desaparecida Cofetel.
Si bien fue el jefe del Ejecutivo el responsable de enviar al Senado de la República la lista de candidatos que deberían someterse al escrutinio y votación de los legisladores, la vinculación de los expertos en este sector, académicos y servidores públicos con empresas como Telmex, Televisa, Tv Azteca, Iusacell y MVS, era preocupación de la Secretaría de Gobernación.
Por ello, las investigaciones del Cisen clasificaron en siete rubros el perfil de los candidatos a encabezar el Ifetel, cuyo reglamento se encuentra en proceso. Dicho Instituto se ocupa de quejas como la que presentó Televisa contra la compañía Dish, del grupo Multivisión, por tomar de manera anticipada, dice la queja, la señal de sus canales de televisión abierta para retransmitirla vía satélite por su sistema de paga de televisión directa a los hogares.
El documento fue titulado Candidatos a comisionados Ifetel con conflicto de interés, fechado el 9 de agosto de 2013 y en él se incluye a las 11 personas que más preocupaban al gobierno.
Fueron alrededor de 130 expertos en el sector de las telecomunicaciones quienes presentaron exámenes, como una etapa previa de calificación al proceso de selección. De ahí quedaron eliminados 95 aspirantes y sólo pasaron a la siguiente etapa 35 especialistas.
En esa lista de los 11 casos que más preocupaban a la autoridad se incluye el nombre de Fernando Butler Silva, doctor en economía por la Universidad de Chicago, a quien en los documentos se le atribuye una liga pública y económica con Telmex.
Incluso se establece: “públicamente [Butler Silva] se ostenta como asesor de dicha empresa”. También se hace referencia a su participación como miembro del Consejo Consultivo de Cofetel y su cargo como presidente de la Comisión de Telecomunicaciones del Consejo Coordinador Empresarial.
Otro de los aspirantes incluidos en la lista de los 11 expertos con supuesto “conflicto de interés” es Gerardo Sánchez Henkel, quien dice, en entrevista, que no hay razón para sostener eso.
Pero Sánchez Henkel, extitular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y actual consultor de la firma Greenberg Traurig en México, no pasó el escrutinio del Cisen.
Los investigadores gubernamentales reportaron que durante la gestión de Sánchez Henkel como abogado de la SCT, esta dependencia recibió múltiples recomendaciones de aplicación de sanciones en contra de América Móvil, de Carlos Slim, así como de otras operadoras de telecomunicaciones por faltas graves, mismas que no fueron atendidas a pesar de que había pruebas para que la autoridad ejerciera acciones.
Sobre esos señalamientos, Sánchez Henkel comenta que desde luego que no hay razón alguna para sostener que él tiene conflicto de interés, “en razón [de] que la unidad que yo tuve a mi cargo de asuntos jurídicos en la SCT no tenía la responsabilidad de resolver ninguna propuesta de sanción. Por el contrario, hay constancias de que la unidad de asuntos jurídicos solicitó que esas recomendaciones se atendieran dentro de los plazos previstos”.
La mejor prueba de que no había conflicto de intereses, dice Henkel, es que el Comité de Evaluación hizo un “extenso análisis sobre mi actuación pública y privada y no objetó en proponerme como aspirante a ser comisionado”.
Agrega que su participación en la SCT no tuvo alguna connotación política, pues realizaba un trabajo eminentemente técnico y jurídico. Además, “yo no pertenezco al PAN ni soy miembro ni estoy afiliado a ese partido. Pero si la decisión política para ponerme en la lista de conflicto de interés es que yo trabajé durante la administración panista de Felipe Calderón, pues entonces soy totalmente ajeno”, señala el consultor.
Henkel asegura que el Ifetel tiene una responsabilidad enorme, “monumental”, pues tiene el futuro de las telecomunicaciones en sus manos. “Ahora vamos a ver, con el tiempo, si quienes quedaron no tienen conflictos de interés. Yo me agarré a camotazos con todos los afiliados. No me doblé con alguno”, asegura.
Para fungir como comisionado del Ifetel, también se observaron problemas en el caso de Benjamín Contreras Astiazarán, quien en el momento de la decisión se desempeñaba como director general de Estudios Económicos de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).
A Contreras Astiazarán se le ubica como un personaje vinculado con Eduardo Pérez Motta, expresidente de la Cofeco, y se establece: “La percepción es que tiene una actitud de tomar sólo aquellos casos convenientes y que no representan riesgos políticos. Contreras Astiazarán, doctor en economía por la Universidad de Texas, fue subsecretario de Electricidad durante los gobiernos panistas”.
Y en la línea con aquellos funcionarios vinculados con panistas también se destacó el caso de Andrés de la Cruz Vielma, exjefe de la Unidad de Prospectiva y Regulación de la Cofetel y excoordinador de Desarrollo Tecnológico de la SCT. No obstante este informe, el funcionario permanece en la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión (DGPTR) de esa misma Secretaría.
A De la Cruz Vielma se le construyó la siguiente ficha: “Vinculado a América Móvil y Telefónica. En su gestión como director general de la DGPTR, recibió de Cofetel una gran cantidad de propuestas de sanción en contra de operadores móviles y de Telmex, en las cuales no inició, congeló o manipuló los procedimientos para aplicar sanciones muy bajas a Telmex o caducar los procedimientos de sanción”.
El documento continúa: “en 2013 exoneró a Telefónica de una sanción por interrupción a la interconexión. No informó de tal evento a su superior”.
Aunque se buscó al funcionario en su oficina de la DGPTR para solicitarle una entrevista, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
También ligado a Telmex, el exfuncionario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, exsubsecretario de Comunicaciones en gobiernos panistas y exdirector general de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión de la SCT, Héctor Olavarría Tapia, también mereció ser incluido en la relación de candidatos a comisionados del Ifetel con presunto conflicto de interés.
Al maestro en derecho económico internacional por la Universidad de Warwick, en Reino Unido, se le vincula fuertemente con Telmex y se recuerda que “durante su gestión como subsecretario de Comunicaciones recibió de Cofetel una gran cantidad de propuestas de sanción en contra de operadores móviles y de Telmex, en las cuales no inició procedimiento, congeló en etapa de pruebas o manipuló los procedimientos para aplicar sanciones bajas a Telmex” [sic].
A José Luis Ambriz, funcionario de la Comisión Federal de Competencia, se le califica de la siguiente manera: “poca actitud pro competencia como funcionario de la Cofeco. Cercano a Eduardo Pérez Motta. Mantiene un criterio selectivo consistente en que Cofeco sólo debe actuar en determinados casos y a elección de la propia Cofeco (aunque la ley exija intervención de esta autoridad)” [sic].
En conclusión, los investigadores que elaboraron dicho reporte en la Secretaría de Gobernación (Segob) sostienen que Ambriz “no tenía tablas para ser comisionado” del Ifetel.
El único candidato con supuesto conflicto de interés que forma parte del informe de la Segob y que sí fue elegido y ratificado por el Senado para integrar el pleno del Ifetel es Ernesto Estrada González, exdirector de Estudios Económicos de la Cofeco, exfuncionario de Petróleos Mexicanos y hasta hace algunas semanas director general de Mercados Regulados y Privatizaciones de la Cofeco.
De manera extraña, a Estrada González se le califica como un funcionario con pocas tablas para ser comisionado del Ifetel. Igual que Pérez Motta, Estrada González se manifestó porque la Cofeco sólo tomara casos relevantes y en función del tamaño de las entidades en conflicto.
Durante su gestión en el organismo antimonopolios, el nuevo comisionado del Ifetel mantuvo “el criterio selectivo consistente en que [la] Cofeco sólo debía actuar en determinados casos y a elección de la propia Comisión”, refiere el documento de inteligencia.
El reporte de la Segob también ubica a candidatos al pleno del Ifetel cercanos a Televisa y a Iusacell. Uno de ellos es el director general de Prácticas Monopólicas Relativas de la Cofeco, Pedro Alberto González Hernández.
En el expediente de González Hernández, quien también fue funcionario de la Secretaría de Economía, se le vincula con Televisa. El funcionario de la Cofeco es responsable, desde hace varios años, de una investigación en contra de Televisa por prácticas monopólicas relativas en los mercados de publicidad de televisión abierta y televisión restringida, así como en otros medios y en la distribución de contenidos televisivos.
En la Cofeco, González Hernández ha sido el responsable de engrosar la investigación que demostraría que Televisa incurre en prácticas de control de mercado, en donde sólo compite relativamente con Tv Azteca (con la cual mantiene una asociación, a través de Iusacell, que permitió la Cofeco bajo “condiciones de competencia en el mercado”, como la licitación de una concesión para una tercera cadena de televisión abierta).
Para la Segob, además de los supuestos conflictos de interés que enfrentaría por su cercanía con Televisa, González Hernández no tiene tablas para ser comisionado.
Otro aspirante al Ifetel con supuestos vínculos con Iusacell y las televisoras que controlan el mercado de la televisión abierta es Carlos Silva Ponce, exempleado de Iusacell y quien fue director de Desarrollo en Research in Motion (Blackberry).
El mismo caso se presenta con otro especialista en el sector de las telecomunicaciones que acudió a presentar evaluaciones para llegar al Ifetel, pero que fue rechazado por la investigación de la Segob. Se trata de Raymundo Barrera Flores, director general de una empresa de publicidad exterior que también, según el documento, aparece en la nómina de Iusacell.
Para conocer sus opiniones sobre los señalamientos que hacen los órganos de inteligencia del gobierno, se buscó en Telmex al responsable de la comunicación institucional, Arturo Elías Ayub –yerno, además, del magnate Carlos Slim–, quien nunca respondió la petición que se dejó en su oficina. En el caso de Televisa, se solicitó la entrevista en la oficina de Javier Tejado, responsable de la parte jurídica de esa empresa, sin que se obtuviera respuesta.
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