A cuatro años del cierre y de Luz y Fuerza
Martín Esparza Flores | Revista Siempre No. 3148
Al cumplirse, este once de octubre, cuatro años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la totalitaria y represiva medida del expresidente Felipe Calderón, ha comprobado que lo denunciado por el Sindicato Mexicano de Electricistas, como trasfondo del ilegal decreto, es una verdad inobjetable: desde la llegada al poder de los gobiernos panistas, y ahora con el retorno del PRI, la estrategia neoliberal para minar los derechos laborales de millones de trabajadores, y entregar la industria eléctrica del país a las trasnacionales, sigue en marcha.
En contrasentido, los argumentos esgrimidos, por Calderón, para aniquilar a la entidad pública que atendía a los seis millones de usuarios de la zona centro del país, como lo fueron el supuesto alto costo del contrato colectivo del SME, la necesidad de bajar las tarifas y mejorar la calidad del servicio para crear más empleos, han sido desmentidos por la contundencia de los hechos.
Quienes, en su momento, creyeron en la criminal campaña de linchamiento desplegada, como nunca en la historia del país, por el gobierno federal en contra del SME, con un millonario derroche de recursos públicos a través de los medios de comunicación, sobre todo electrónicos, son ahora testigos y directos afectados de tal mendacidad; de acuerdo a los informes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, hay en el país seis millones de mexicanos lesionados en su economía familiar por el cobro de los llamados “recibos locos” de CFE; entre ellos, los consumidores antes atendidos por Luz y Fuerza.
Los beneficios a la población son inexistentes pues además del incremento en las tarifas de hasta un cien por ciento y los indebidos cobros por “lecturas estimadas”, tras el cierre de Luz y Fuerza y el despido de 44 mil trabajadores —amén de la indefinición jurídica en que se dejó a 22 mil jubilados—; las fallas en el servicio aumentaron, desde octubre del 2009, porque la Comisión Federal entregó la materia de trabajo de los electricistas del SME, a empresas contratistas cuyo personal ha demostrado carecer de la experiencia y conocimientos necesarios para manejar los sistemas de operación. Ejemplo de tal incapacidad son las reiteradas explosiones de las “mufas” en el Centro Histórico de la ciudad de México, que ya se cuentan por decenas.
Además, los contratos otorgados a particulares, sin licitación alguna, únicamente acrecentaron los negocios ilícitos de exdirectivos de CFE, como el procesado Néstor Moreno Díaz, y por si fuera poco, con la agresión oficial al SME, no se mejoró la economía de la zona centro del país, ni se generaron los empleos anunciadas como el milagroso “maná” que los haría caer del cielo.
El objetivo de haber volcado toda la fuerza del Estado contra un sindicato independiente al grado de utilizar a las fuerzas armadas —a cuyos elementos se disfrazó de policías federales— en uno de los peores excesos jamás visto en un país democrático, era buscar su aniquilamiento para tener la vía libre en la entrega de la industria eléctrica nacional y del sector energético, a firmas privadas sobre todo multinacionales. Recursos estratégicos que son y deber ser, patrimonio de la nación y no beneficio para unos cuantos.
El golpe artero y cobarde de octubre del 2009, no cumplió su perverso objetivo: el SME está de pie, luchando vigorosamente al lado de los usuarios y de una sociedad que está tomando conciencia de la voracidad de los gobernantes.