Los torcidos argumentos jurídicos de las autoridades intentan pasar por alto dos decretos presidenciales que establecieron la protección de dichas áreas.
Martín Esparza Flores | Revista Siempre No. 3143
La amenaza a vestigios arqueológicos/II.
La amenaza a vestigios arqueológicos/II.
Uno de los casos analizados por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Capítulo México, en su Audiencia temática sobre la devastación ambiental y derechos de los pueblos, y que está llamando poderosamente la atención de la opinión pública internacional, es la lucha que libran en contra de la destrucción del patrimonio arqueológico de Tlaxomolco, Morelos, los comuneros, campesinos y ciudadanos agrupados en los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán.
En un ilegal contubernio gestado desde 2011 por funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y representantes de la firma constructora Tradeco, las autoridades del Tribunal Unitario Agrario (TUA) dieron como válida la asamblea celebrada en septiembre de ese año en la que únicamente 23 de los 150 comuneros ahora afectados dieron su aval para la venta de sus tierras al proyecto de ampliación a cuatro carriles de la carretera La Pera-Cuautla. Hace apenas unas semanas, el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) desmintió que de su parte existiera un permiso para la realización de la obra, y, menos todavía, la petición de un programa de salvamento arqueológico, lo que vino a constatar la irregularidad en que se otorgó la misma.
En uno de sus comunicados difundidos por el TPP, los integrantes de los Frentes Unidos han señalado: “Alertamos de manera urgente que la zona arqueológica de Tlaxomolco, en Tepoztlán, está a punto de ser destruida por las máquinas que la empresa Tradeco utiliza para devastar ilegalmente nuestro territorio sagrado.
Permitir esta destrucción de nuestro patrimonio arqueológico sería un crimen contra nuestras raíces y cultura milenaria”. La lucha que mantienen los comuneros de esta región de Morelos es también por la preservación de su entorno ecológico, pues expertos en la materia han establecido que el proyecto carretero incidirá gravemente en su ecosistema; además, los torcidos argumentos jurídicos de las autoridades intentan pasar por alto dos decretos presidenciales que establecieron la protección de dichas áreas.
El primero fue publicado en el Diario Oficial, el 22 de enero de 1937 —durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas—, estableciendo como “Parque Nacional El Tepozteco a los terrenos que rodean al pueblo de Tepoztlán, Morelos”. El segundo, el mencionado en el Diario Oficial, Segunda Sección, del 30 de noviembre de 1988, al pie de la letra establecía: “Decreto por el que se declara el área de protección de la Flora y Fauna Silvestres, ubicada en los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, Tepoztlán, Jiutepec, Tlanepantla, Yautepec, Tlayacapan y Totolapan, Morelos”.
Como en otros muchos atropellos cometidos en perjuicio de los derechos de diversas comunidades, desde un principio, el proyecto nunca se consensuó con los pobladores trocándose en una clara imposición, similar a la que enfrenta la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla, en el estado de México, que ya ha sido hostigada y amenazada por los elementos policiacos del municipio de Lerma y cuerpos de granaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del gobierno del estado, por oponerse al arbitrario proyecto carretero Naucalpan- Toluca, que actualmente realiza la empresa Autopista de Vanguardia S. A de C. V. (Autovan).
Situaciones como las aquí expuestas están siendo integradas con sus respectivos elementos probatorios para ser denunciadas ante las instancias internacionales por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), como una muestra de la devastación ambiental y derechos de los pueblos que se está dando en México ante la indiferencia oficial.
Fuente: Revista Siempre!
