Tras el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Norma 29 no hay autoridad que ponga en marcha un verdadero rescate a los centros de abasto popular, que carecen de inversión y enfrentan una serie de problemas que los tienen en la lona 
Fallas en el suministro de luz, escasas medidas de protección civil, inseguridad, falta de mantenimiento y de inversión, así como la invalidación de la Norma 29 tienen en la lona a los mercados públicos.
El golpe letal lo dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando derogó el bando que prohibía a las tiendas de conveniencia instalarse en los alrededores de los centros de abasto popular.
Ya se cumplieron dos semanas desde que el máximo tribunal falló en contra de la Norma 29 y tanto el gobierno capitalino como las 16 jefaturas delegacionales siguen sin presentar una propuesta de rescate para los mercados.
Por esa razón, pequeñas sucursales de las grandes cadenas comerciales seguirán apareciendo en cualquier parte de la ciudad. Ya sea a un costado de los mercados o unos cuantos metros de distancia.
Reporte Indigo publicó en su edición del 27 de septiembre de 2012 la serie de problemas que enfrentaban estos inmuebles, sobre todo con un visible revés de la Corte a la llamada Norma 29.
El tema fue retomado por algunos diputados locales, quienes propusieron una reinyección presupuestal a este rubro, pero en enero de este año quedó claro que a nadie le importó.
Y es que la inversión de algunas delegaciones fue de hasta un millón de pesos para mejoras, mientras se puso al descubierto que presentan adeudos millonarios por no pagar la luz de estos inmuebles.
No solo eso, sino que tanques estacionarios caducos siguen instalados en las marquesinas de los centros de abasto popular y los pasillos obstruidos por una cantidad de enseres.
La Norma 29
A mediados del 2010, locatarios de todos los mercados públicos comenzaron a realizar protestas por toda la ciudad en demanda de igualdad de oportunidades laborales.
Denunciaron que en la capital del país se estaban abriendo cientos de tiendas de conveniencia (minisuper, tiendas exprés) que ofrecen mejores precios debido a su capacidad monetaria.
El tema se encendió cuando se dio a conocer que Alberto Ebrard Casaubón, hermano del ex jefe de gobierno capitalino, era uno de los más altos ejecutivos de la empresa Wal Mart.
Y es que casualmente, esa transnacional era una de las principales beneficiadas con la aparición de tiendas de conveniencia en diversos puntos de la ciudad, que ya estaban asfixiando a los centros de abasto.
Por eso se creó la Norma en cuestión que consistía en delimitar la apertura de nuevas tiendas comerciales en los perímetros donde se ubican los más de 318 mercados públicos.
El 14 de abril del 2011, el Pleno de la Asamblea Legislativa del DF aprobó este ordenamiento bajo el argumento de mejorar las condiciones de equidad y competitividad para el abasto público.
El ordenamiento consistía en adicionar a los 16 Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano la Norma 29 para determinar la ubicación de tiendas de autoservicio, supermercado o minisupers, en aquellos predios cuya zonificación secundaria sea habitacional mixto.
Un año después, información generada en Estados Unidos salió a la luz. La empresa Wal Mart, que inició operaciones en México desde el año 1991, había sobornado funcionarios locales para facilitar la apertura de sucursales en territorio nacional.
Mientras tanto, diputados locales del Partido Acción Nacional y el gobierno federal consideraron que la Norma 29 era violatoria a la constitución y que sería combatida.
El revés
El 24 de junio pasado y mediante un recurso promovido por la Procuraduría General de la República (PGR), la SCJN resolvió la inconstitucionalidad de este ordenamiento.
“La Norma 29, expedida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, viola el artículo 28 de la Constitución por ser contraria a los principios de libre competencia y libre concurrencia, además de atentar contra los intereses de los consumidores”, resolvió el Pleno de la Corte.
Desde entonces las autoridades no han presentado una propuesta de rescate a los mercados que serán afectados con la aparición de nuevas tiendas de conveniencia.
Por eso el 2 de julio pasado, comerciantes Integrantes de la Federación de Mercado y Concentraciones Populares de Anáhuac A.C. se manifiestan frente a la SCJN para clausurarla simbólicamente.
Los locatarios de diversos mercados de las delegaciones Benito Juárez, Tlálpan, Gusto A. Madero, Coyoacán y Cuauhtémoc exigieron al máximo tribunal dejar de apoyar a las transnacionales.
Dos días más tarde (4 de julio), la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México lamentó públicamente el fallo de los ministros.
“Lamentamos la poca claridad que hubo en la sesión de dictamen por parte de los ministros. Confundir una norma que fundamentalmente impulsaba el ordenamiento territorial de las tiendas de autoservicio, supermercados o minisuper con una ley que protegía de la competencia a los mercados públicos, tiendas de abarrotes y misceláneas, fue una estrategia que les dio resultado a los abogados de las tiendas departamentales y que con facilidad compraron a los ministros de la Corte”.
Y consideraron que la tarea para el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, es establecer una política clara de desarrollo y crecimiento para las micro, pequeñas y medianas empresas, dando la vuelta a la página al revés jurídico dado por la Suprema Corte de Justicia.
“La Asamblea Legislativa debe tomar los trabajos para la conformación de una ley de fomento de la empresa vulnerable, la cual debería ser detonador del fortalecimiento y crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa”.
Sin embargo, tampoco los diputados locales se han pronunciado al respecto.
El olvido
Para este año, las delegaciones han hecho una inversión mínima a las mejoras de los mercados públicos, incluso hay casos donde solo se ha destinado un millón de pesos para este rubro.
Tal es el caso de la delegación Tlalpan, que, de acuerdo con el diputado local del PAN, Andrés Sánchez Miranda, resulta insuficiente para apoyar a los centros de abasto.
Dentro del análisis que ha realizado a los centros de abasto popular detectó que tampoco la Secretaría de Desarrollo Económico ha mostrado apoyo a este sector, por lo cual consideró indispensable poner en marcha un programa integral donde participen todos los entes de gobierno.
“También tenemos claro que la luz de los mercados no se paga, tan solo en Tlalpan se adeudan 57 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad. Este es un síntoma del desdén de las autoridades; si no hacemos algo ya, pronto dejarán de existir”.
