La inconformidad popular brasileña que se desató por el alza a la tarifa del transporte en Sao Paulo creció y creció hasta niveles que han metido en aprietos al gobierno de Dilma Rousseff. En el fondo de las protestas masivas hay problemas reales que afectan a los ciudadanos de a pie: se trata del uso de los recursos públicos para intereses privados y no para el bienestar general. La disyuntiva es: educación, salud y transporte de calidad para todos… o futbol.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El detonante de las protestas sociales que sacuden a Brasil fue el aumento en la tarifa del transporte colectivo de la ciudad de Sao Paulo. Y aun cuando el gobierno dio marcha atrás a esa alza, las manifestaciones siguen: los políticos, la política, la corrupción, los gastos excesivos para el Mundial de Futbol de 2014 y para los Juegos Olímpicos de 2016 son los principales blancos de la crítica popular; a ello se suman la insuficiencia y mala calidad de los servicios públicos, entre ellos los de transporte, salud y educación.
Las movilizaciones y protestas sociales surgen en un momento en el que Brasil mantiene el paso para consolidarse como pilar regional, cuando intenta volverse potencia global y se reconocen internacionalmente los avances sociales de los dos gobiernos de Lula: 250 por ciento de aumento al salario mínimo, reducción de la desigualdad a su nivel más bajo desde los sesenta, expansión de una nueva clase media baja (54 por ciento de su población), reducción significativa de la pobreza (35 millones de pobres menos) y combate a la discriminación, con acciones afirmativas para las poblaciones negra e indígena.
Los avances sociales son innegables, pero conviven con factores que motivan las movilizaciones: crisis de representación política, hartazgo por la corrupción, incremento en la inflación de intereses y de precios y particularmente una realidad urbana crítica que no satisface las necesidades de los ciudadanos y menoscaba sus niveles de bienestar. Temas como el encarecimiento de la vida, la mala calidad de los servicios públicos de salud, la falta de acceso a la educación para los jóvenes, transportes colectivos insuficientes, precarios y de los más caros del mundo son detonantes de la indignación.
Transporte colectivo
Las protestas originadas en Sao Paulo lograron que gobiernos de otras ciudades redujeran sus tarifas de transporte público y empezaran a hablar de cambios para mejorar su funcionamiento, su financiamiento (entre los sectores público y privado) y analizaran la propuesta del Movimiento Pase Libre, para considerarlo un derecho ciudadano que debe ser gratis.
Las críticas señalan los padecimientos cotidianos: desplazamiento de autobuses que apenas circulan a 13 kilómetros por hora en carriles exclusivos, unidades sobresaturadas y sin que se piense aumentar el parque vehicular, reajuste discrecional de las tarifas en periodos poselectorales y el intenso tránsito que trae la venta masiva de automóviles financiados por los bancos.
En Sao Paulo, una metrópolis de 11 millones 400 mil habitantes, la saturación de los vagones del metro hace que se amontonen hasta ocho pasajeros por metro cuadrado y su insuficiente red equivale a poco más de un tercio de la que existe en la Ciudad de México, una quinta parte de la de Nueva York o una sexta parte de la de Beijing.
Un estudio del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada sobre movilidad urbana en Brasil mostró en 2011 que 65 por ciento de la población de las capitales y 36 por ciento de ciudades no capitales usaban el transporte público, y 5 por ciento de los usuarios consideraba el servicio “malo” o “muy malo”.
La Asociación Nacional de Transportes Públicos reveló los altos costos que tiene este sistema para el gobierno y para los usuarios. El valor medio por pasajero que el gobierno transfirió a los concesionarios en Sao Paulo creció 15 por ciento sobre la inflación entre 2006 y 2013, ante el constante incremento de las tarifas que estipulan las empresas.
Con la intención de reducir 15 por ciento las tarifas de autobuses, metro y trenes urbanos, el Gobierno Federal y el Senado propusieron un sistema en el que los tres niveles de Gobierno no deberán cobrar impuestos a las empresas por la adquisición de insumos para el transporte (gasolina, diesel, energía eléctrica y bienes capitales). La propuesta sorprende frente a la gran movilización social y por las críticas que recibió el Gobierno por seguir privilegiando a la industria automotriz.
‘No nos lastime’
“Por favor no nos lastime, no tenemos hospitales”, rezaba una pancarta que –ante la brutalidad y violencia de la policía militar en los primeros días de las manifestaciones– satirizaba la insuficiente infraestructura pública para la atención de la salud.
En Brasil, el Sistema Único de Salud instituido en 1988 para garantizar universalmente este derecho cubre a 80 por ciento de la población en clínicas y hospitales públicos, y también por medio de los que contrata con hospitales privados, con y sin fines de lucro, modalidad predominante.
Pese a su amplia cobertura, el Índice de desempeño 2012 que elaboró el gobierno para medir el acceso de la población a todo tipo de servicio y la eficiencia del sector salud, mostró que el mayor problema es conseguir atención principalmente en los hospitales y para los procedimientos más complejos, seguido por las dificultades y tiempos de espera.
Estos problemas para obtener atención médica se corroboran con datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), que revelan que 58 por ciento de los establecimientos de salud pertenecen al sector público y 41 por ciento al privado; en cuanto a disponibilidad de camas, la participación del sector privado (66 por ciento) es mayor que la del público.
La necesidad de incrementar infraestructura y personal, y mejorar la atención son señalamientos constantes de especialistas y de investigaciones que enfatizan también los problemas que surgen cuando el gobierno terciariza los servicios y delega la atención de la salud al sector privado, reduciendo progresivamente la responsabilidad estatal a un papel regulador, financiador y comprador de servicios.
‘No más estadios’
“Más escuelas, más lugares, no más estadios” es una de las consignas coreadas en las manifestaciones.
Pese a que en la última década Brasil tuvo un proceso de expansión educativa, sigue marcado por sesgos clasistas y racistas y por muy bajas coberturas de acceso en los niveles más altos.
Datos de 2011 del IBGE muestran que 91 por ciento de niños y jóvenes de entre seis y 14 años cursaba la educación básica; 51 por ciento de entre 15 y 17 años, nivel medio, y sólo 14 por ciento de entre 18 y 24 años, la educación superior.
El problema más grave en la educación lo viven los jóvenes a partir de los 15 años. Hay un acceso muy restringido para los niveles más avanzados, dificultad que aumenta al cruzarla con desigualdades previas: ingreso familiar, raza, color con el que se autodeclaren y región del país en la que residan. Datos a considerar cuando 51 por ciento de la población brasileña es negra y las mayores necesidades socioeconómicas se ubican en el norte y noreste del país.
En 2011, de 51 por ciento de jóvenes entre 15 y 17 años que cursaba el nivel medio, 36% por ciento pertenecía al primer quintil (el más pobre) y 74 por ciento al quinto (el más rico); 60 por ciento de esta población era blanca y poco más de 40 por ciento, negra o parda. Igualmente 21 por ciento de jóvenes blancos entre 18 y 24 años cursaba educación superior, en contraste con 9 por ciento de la población parda o negra de esa edad. Estas tendencias se repiten en las oportunidades de conclusión educativa, el promedio de años estudiados, las escuelas públicas o privadas en las que estudien y las oportunidades de tener mejor empleo y mayor salario.
Frente a 14 por ciento de jóvenes que acceden a la educación universitaria, la presidenta Dilma Roussef planteó una meta, que suena mínima: incorporar a 33 por ciento.
En los gobiernos de Lula este problema tampoco se atendió prioritariamente ni a fin de expandir este derecho, pues no se crearon universidades públicas ni se ampliaron significativamente las coberturas de las existentes. Por el contrario, se priorizó el financiamiento al sector privado reforzando el sesgo clasista en la educación con programas como Universidad para Todos, que desde 2004 ofrece en instituciones privadas becas de 100 por ciento o de 50 por ciento (según la renta familiar) y en caso de no poder pagar el porcentaje restante la beca se convierte en un crédito para el que debe contratarse un financiamiento bancario.
La exclusión escolar que viven grandes porcentajes de jóvenes –posiblemente muchos que se están inaugurando en las protestas sociales– genera impactos graves para su desarrollo y bienestar. Los bajos niveles educativos tienen relación con el mayor porcentaje de trabajos precarios y salarios inferiores. Para 21 por ciento de jóvenes entre 16 y 24 años que no trabaja ni está en el sistema educativo, se incrementan las posibilidades de migrar y los riesgos para ser cooptados o involucrarse en actividades delictivas, las cuales guardan mayor relación con bajos niveles de renta familiar, baja escolaridad y disponibilidad con la que cuenten los jóvenes.
El involucramiento con drogas (como comerciantes o usuarios) es la actividad delictiva en la que más se involucran. Si entran al narcotráfico aumentan significativamente las posibilidades de una muerte temprana. En Río de Janeiro un levantamiento del programa Soldado Nunca Más mostró que 80 por ciento de los menores de 18 años implicados en el narcotráfico mueren antes de llegar a los 21 años.
El mapa de la violencia durante 2011 de Brasil reveló que 39 por ciento de jóvenes que mueren entre 15 y 24 años es por homicidio; es la principal causa de muerte en esa edad. Ésta es la media nacional; la situación se agrava en algunos estados donde más de la mitad de las muertes de jóvenes fueron provocadas por homicidio, como Alagoas (60 por ciento), Espíritu Santo (56 por ciento) y Pernambuco (57 por ciento). A escala internacional Brasil ocupa el cuarto lugar en tasas de homicidio de adolescentes de 10 a 14 años y de jóvenes de 15 a 19.
‘Brasil invierte en el pueblo, no en el Mundial’
Para miles de personas que se manifiestan en las calles, las grandes inversiones para el Mundial de 2014 son uno de los principales motivos de indignación.
El presupuesto de los 12 estadios para esa competencia, según la prensa local, es de 7 mil 200 millones de reales (3 mil 400 millones de dólares). Lo que el gobierno reconoce que ha gastado hasta ahora son cerca de 15 mil millones de reales (casi 7 mil millones de dólares) y lo que tiene previsto gastar aumentó hasta 28 mil millones de reales (14 mil millones de dólares), casi tres veces el costo del Campeonato Mundial de Alemania en 2006.
Algunas de estas obras que ahora se construyen serán posteriormente elefantes blancos, como los estadios Arena de Amazonia para 44 mil espectadores, el de Manaus (costó 274 millones de dólares) y el Mané Garrincha para 71 mil asistentes, en el Distrito Federal (477 millones de dólares), que se encuentran en ciudades que no tienen equipos locales de primera división.
En las construcciones y remodelaciones la relación público-privado está al invertir recursos públicos y delegar su construcción a empresas particulares, al concesionarles la administración, gestión y ganancias, como en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, que durante los siguientes 35 años será administrado por un consorcio integrado por la constructora multinacional brasileña Odebrecht (90 por ciento), la empresa IMX (5 por ciento) y la estadunidense AEG (5 por ciento).
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
