El oro y la plata significan riqueza… pero sólo para unos cuantos empresarios mineros, no para México ni mucho menos para las comunidades de indios y campesinos a quienes se despoja impunemente. Desde 1993 la ley lo permite. Pero esta ley privilegia la extracción de minerales al costo de envenenar la tierra que podría haber servido para la agricultura y la ganadería. La voracidad de las compañías dedicadas a la minería –que no pagan regalías y apenas unas migajas de impuestos– pone en riesgo la autosuficiencia alimentaria y lleva la tensión social al límite.
MÉXICO, DF (Apro).- La política minera asumida desde hace dos décadas por el Estado mexicano amenaza con provocar una confrontación social, un grave problema alimentario y, por sus proporciones, volverse un asunto de seguridad nacional.
Para dar continuidad a esa política, los cambios hechos a la Ley Minera en la Cámara de Diputados el pasado 25 de abril –aunque el tema no estaba en agenda, la bancada del PRI lo metió de última hora– y que aún deben pasar por el Senado, no tomaron en cuenta a los pueblos indígenas ni al sector agrario, son inconstitucionales en tanto violan tratados internacionales, contravienen el Pacto por México y desdeñan una iniciativa que se estaba integrando en su Consejo Rector.
Esas son las conclusiones del titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, quien en los últimos meses ha podido constatar los estragos de las operaciones mineras en todo el país: despojo y desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas, empobrecimiento de las poblaciones donde la producción mineral es boyante y destrucción, en muchos casos irremediable, del ambiente.
Todo ello, agrega, ha sido facilitado por leyes laxas, actores políticos con intereses en el sector y un saqueo indiscriminado de recursos minerales por parte de empresas que pagan muy pocos impuestos y no dejan regalías.
Según el funcionario, el riesgo de confrontación social es grave y en diferentes zonas del país ya se observan los reclamos de indígenas y campesinos afectados, mientras los consorcios mineros aumentan sus ganancias sin dar nada a cambio.
De acuerdo con el informe de 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, las multinacionales mineras tuvieron ingresos por 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron 6 mil 500 millones de pesos en impuestos; esto es, poco más de 1% de sus ganancias.
Según cifras de Martínez Veloz, durante todo el periodo colonial se extrajeron en la Nueva España 190 toneladas de oro y 150 de plata; de 2000 a 2010 en México se extrajeron 420 toneladas de oro y 35 mil de plata.
El funcionario sostiene que México es el único país donde las mineras no pagan regalías y, en el caso de las extranjeras –que han proliferado en la última década–, ni siquiera pagan IVA porque facturan en sus países de origen.
"La cuestión es que si la minería produce empleos, propicia el desarrollo y tiene altos ingresos, ¿por qué las comunidades indígenas de las zonas mineras son las más pobres? El ejemplo es la Sierra Tarahumara", plantea.
MUCHA PRISA
Señala que con la reforma, que impone 5% de pago por uso de suelo, se aprobó una ley que reduce un fenómeno complejo, con numerosas variables ambientales, sociales, políticas y jurídicas, a un asunto de un monto muy reducido de impuestos.
"Creo que hay muchos elementos para que pueda ser cuestionada en la Corte –opina Martínez Veloz–. Pero aquí la cuestión es: ¿Cuál es la prisa de aprobar una iniciativa a espaldas de los pueblos indígenas de México en un asunto tan delicado que puede generar confrontaciones de carácter social en diferentes partes del país?"
Desde la reforma a la Ley Minera de 1993, la entrega de la riqueza del subsuelo a las empresas deja números alarmantes: De los aproximadamente 200 millones de hectáreas del país, casi la mitad (unos 98 millones de hectáreas) se concesionaron a compañías mineras.
De acuerdo con los datos oficiales ofrecidos por el comisionado y que están en la página electrónica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en 2011 México tuvo una superficie sembrada de 22 millones de hectáreas. Ese es el último año reportado y también el de mayor siembra desde 1981.
Los mismos datos, actualizados a junio de 2012, establecen que la superficie agrícola y ganadera en México es de aproximadamente 106 millones de hectáreas.
En opinión de Martínez Veloz, si se considera que el resto del territorio nacional es no productivo, el contraste de la superficie agrícola con la minera es de alarmar: quedan 7 millones de hectáreas para la producción alimentaria. De ahí que el comisionado prefiera dimensionar el problema en los siguientes términos: "No se ha concesionado la mitad del país sino casi la totalidad de la superficie productiva de México".
A partir de 1993, cuando la minería se convirtió en actividad primaria, los números reflejaron un incremento gradual del territorio concesionado.
De 1993 a 2000 la superficie concesionada sumó más de 38 millones de hectáreas. Durante los 12 años de gobiernos panistas se concesionó una superficie superior a 56 millones de hectáreas, de las cuales más de 30 millones fueron repartidas durante el sexenio de Felipe Calderón.
"Los señores Zedillo, Fox y especialmente Calderón tendrían que dar una explicación sobre la forma en que condujeron el sector y el grave daño que hicieron al país", dice Martínez Veloz.
SIGILOSO REPARTO TERRITORIAL
En Proceso 1673 se informó acerca de las acciones del Servicio Geológico Mexicano (SGM) realizadas en agosto de 2007, consistentes en integrar cuatro grandes asignaciones mineras –que abarcaban tres cuartas partes del territorio nacional– a fin de cuantificar los recursos minerales del país.
Dicha operación la encabezó Rafael Alexandri Rionda, quien en los meses previos a su designación como titular del SGM estuvo a cargo de la cuantificación de recursos petroleros; de ésta salió el argumento del "tesoro" que existía en aguas profundas, enarbolado por Calderón para promover la reforma petrolera.
Las asignaciones mineras son similares a las concesiones, pero sólo podía adquirirlas el SGM para su exploración y, posteriormente, decretar la libertad de terreno o licitarlas.
Con los datos de la Semarnat se puede apreciar que fue en 2007 cuando más concesiones mineras se otorgaron a particulares. Sólo ese año se concesionaron 8 mil 377 hectáreas, uno de los registros históricos más altos, sólo superado por las 9 mil 525 hectáreas concesionadas en 1997.
Y 2007 fue también el año en el que, como continuidad de los conflictos obrero-patronales y las pesquisas judiciales contra Napoleón Gómez Urrutia, el sindicato minero sufrió escisiones, enfrentamientos, paros y huelgas en diferentes zonas del país, la mayoría avaladas por el gobierno y celebradas por los empresarios, y a partir de las cuales proliferaron las subcontrataciones y el empleo temporal en las minas.
La destrucción del ambiente en la renovada fiebre del oro es brutal. Con estructuras mineras conocidas como tajos a cielo abierto, las compañías utilizan el método de lixiviación, prohibido en Estados Unidos, Canadá y Europa por los daños ambientales que causa.
PERJUICIOS INCALCULABLES
Los cálculos de Martínez Veloz indican que más allá de la superficie concesionada, la imposibilidad de aprovechar las tierras donde se instalan las mineras es inevitable, y los perjuicios, incalculables.
De acuerdo con el comisionado, un metro cúbico de oro pesa 1.9 toneladas. Para obtenerlo deben removerse cantidades enormes de tierra, pues se estima que cada tonelada de tierra con potencial aurífero tiene apenas .6% del metal.
Para obtener 1.9 toneladas de oro se deben destruir 400 hectáreas y se deben remover 119 millones de toneladas de tierra, de las cuales sólo 36 millones tienen interés minero; los restantes 83 millones de toneladas se apilan en los llamados jales, donde producen ácidos que van al subsuelo.
Se estima que 36 millones de hectáreas están concesionadas para la extracción de oro con el procedimiento de lixiviación, en el cual se utilizan cientos de toneladas de cianuro y ácido clorhídrico, además de cientos de toneladas de dinamita.
Al concluir el proceso extractivo, dice Martínez Veloz, la tierra es inservible, el territorio inhabitable y los mantos freáticos quedan contaminados, por lo que "el deterioro medioambiental para obtener un metro cúbico de oro es incalculable".
Los daños de la minería a cielo abierto no se limitan al oro y la plata. La activista Cristina Auerbach, integrante de la organización Familia de Pasta de Conchos, asentada en la región carbonífera de Coahuila, advierte en entrevista con Proceso que la ausencia de programas de manejo y remediación ambiental ha convertido esa zona en la más contaminada del país por suspensión de partículas.
Frente a las millonarias ganancias y con tierras accidentadas por boquetes con varios kilómetros de diámetro, los campesinos de la zona se entregan a la improductividad, luego de cobrar apenas 300 pesos mensuales por rentar sus tierras ricas en mineral a los empresarios del carbón.
GAMBUSINOS DE LA POLÍTICA
Martínez Veloz fue integrante de la Comisión para la Concordia y la Pacificación (Cocopa), creada en 1995 para coadyuvar en el diálogo para la paz luego del alzamiento zapatista de 1994. Como tal participó en la redacción de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Fue quien denunció que esos acuerdos acabaron siendo traicionados por el entonces secretario de Gobernación (actual titular de la Secretaría de Educación Pública), Emilio Chuayffet, en el gobierno de Ernesto Zedillo.
Comisionado ahora para establecer el diálogo con los pueblos indígenas, ante la dimensión del problema minero y tras la aprobación de la Ley Minera, afirma: "Quienes estuvieron en contra de los Acuerdos de San Andrés representaban los mismos intereses nucleados a los megaproyectos mineros. Cuando se presentó la iniciativa de Ley Cocopa acusaron a los integrantes de la comisión de querer fragmentar al país, de balcanizarlo. Se dijo que a la iniciativa le faltaba técnica jurídica.
"A ellos se les debe preguntar hoy: ¿Cuál fue la técnica jurídica que utilizaron para entregar la mitad del país a las mineras nacionales y extranjeras que lo han puesto al borde de la confrontación social?"
De acuerdo con el comisionado, el reparto minero explica en buena medida el déficit alimentario, que tiende a agravarse.
Considera necesario que se establezcan reglas claras, respeto al derecho de los pueblos indígenas y comunidades ejidales, así como bases de negociación públicas y transparentes, pues a los indígenas y campesinos no se les explican los daños que causará la actividad extractiva cuando las mineras llegan a arrendar sus tierras.
A partir de esa información, dice, la aprobación de proyectos debe supeditarse a la de los propios pueblos, para que –a partir de la reforma de 2011 que dio rango constitucional a los tratados internacionales– puedan garantizar los instrumentos técnicos a fin de evitar la imposición de proyectos y el respeto de los derechos colectivos.
Entre estos últimos destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que, considerado en el proyecto de reforma que integra el Pacto por México, fue omitido en la reforma del 25 de abril.
Martínez Veloz explica que la reforma a la Ley Minera aprobada en la Cámara de Diputados considera 5% de sus ganancias por derecho de aprovechamiento de uso de suelo a repartir en 70% en estados y municipios y 30% a la Federación.
