Los conspiradores
Cuando empezó a hundirse el expediente fabricado en la PGR contra el general Tomás Ángeles Dauahare, los primeros en intentar salvarse del naufragio fueron el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y la procuradora general Marisela Morales: Citaron a la esposa del militar para negar su participación en la oscura maniobra. Pero los documentos del proceso judicial y diversos testimonios señalan hacia ambos exfuncionarios, además del entonces subsecretario Demetrio Gaytán y el teniente coronel Avigaí Vargas Tirado como responsables del complot. Todo ello con la participación del secretario de la Defensa Guillermo Galván y la anuencia del presidente Calderón.
En algún día de junio o julio de 2012 la señora Leticia Zepeda fue citada a las oficinas del secretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Semanas antes su esposo, el general de división Tomás Ángeles Dauahare, había sido detenido por la Policía Judicial Militar en la entrada de la unidad militar ISSSFAM en la delegación Tlalpan, donde tiene un departamento. El general Ángeles, quien fue subsecretario de la Defensa, era acusado de delincuencia organizada junto con otros cinco militares: Roberto Dawe, Ricardo Escorcia, Rubén Pérez, Silvio Isidro de Jesús Hernández e Iván Reyna. Supuestamente colaboraban con la organización de los Beltrán Leyva y con el Cártel de Sinaloa.
La reunión se llevó a cabo en las oficinas de García Luna, en la avenida Constituyentes. En la sala destacaba un enorme escritorio. De acuerdo con la información recabada y verificada por este semanario, en la reunión estuvieron presentes la señora Zepeda, su abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, el titular de la SSP y el abogado de éste, Alonso Aguilar Zinser.
García Luna, quien tiene fama de hablar poco y con dificultad, se extendió en sus explicaciones: “Yo no tuve nada que ver en la detención del general”, dijo sin que nadie le hubiera reprochado nada. En cambio el funcionario acusó de la maquinación directamente al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván; al subsecretario Demetrio Gaytán Ochoa –quien aspiraba a ser secretario este sexenio– y a la procuradora general de la República, Marisela Morales.
El funcionario añadió que a él le habían pedido realizar la investigación contra Ángeles Dauahare pero que no quiso hacerlo; por lo tanto, dijo, ni la SSP ni la Policía Federal (PF) colaboraron en la indagatoria. Así concluyó el encuentro.
Semanas después, cuando la defensa del general de división tuvo acceso a la acusación descubrió que la PF participó de manera crucial en la integración del expediente, basándose en una llamada anónima y declaraciones falsas de los testigos colaboradores conocidos como Jennifer y Mateo.
El próximo 15 de mayo se cumple un año de que Ángeles Dauahare fue detenido. Y aunque hace ya dos semanas que un juez decretó su inocencia y ordenó su liberación inmediata tras 11 meses en prisión, el complot para encarcelarlo apenas comienza a reventar. En él están implicados exfuncionarios calderonistas de alto nivel, algunos aún en puestos clave del gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con testimonios y documentos como las actuaciones de la SSP, la Procuraduría de Justicia Militar y de la SIEDO, que están en el expediente que la PGR fabricó para inculpar al general, así como un escrito que fue entregado por familiares de Ángeles Dauahare al nuevo procurador, Jesús Murillo Karam, al inicio de su gestión, los presuntos responsables de orquestar y ejecutar el plan para encarcelar injustamente al militar son: Guillermo Galván Galván; el exsubsecretario Demetrio Gaytán Ochoa, actual director de Banjército; la exprocuradora Marisela Morales y el propio Genaro García Luna, con la anuencia del entonces presidente Felipe Calderón.
Para orquestar el complot y fabricar los testimonios en su contra utilizaron a funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Algunos permanecen en sus puestos en la dependencia ahora llamada SEIDO y durante las últimas semanas de prisión de Ángeles Dauahare incluso intervinieron para retrasar su liberación.
En agosto de 2012, días antes de que el juez tercero de distrito en materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictara el auto de formal prisión contra Ángeles Dauahare y sus cinco coacusados, la entonces procuradora Marisela Morales también buscó una cita con Leticia Zepeda.
El encuentro fue en las oficinas de la PGR. Esa vez la señora acudió acompañada por su yerno y con su abogado, Sánchez Reyes Retana. Con Morales estaba Cuitláhuac Salinas, cabeza de la SIEDO, quien no se despegaba de su teléfono celular como si estuviera escribiendo mensajes.
Morales dijo que no tenía nada que ver con el caso y que estaba dispuesta a ayudar en todo lo posible al militar en desgracia. “¿Verdad que nosotros nos enteramos por los medios de comunicación de la detención del general?”, le preguntó Morales a Salinas, quien asintió con la cabeza y no pronunció palabra.
Días después el juez dictó el auto de formal prisión contra Ángeles Dauahare y coacusados por cargos de delincuencia organizada. En el documento del auto de término constitucional el juez dio por válidas las declaraciones de los testigos colaboradores Jennifer y Mateo al considerarlas de “relevancia probatoria”, igual que los 195 supuestos “elementos de prueba” aportados por las dependencias que participaron en la integración del expediente.
Después del 30 de noviembre, cuando Marisela Morales ya había salido de la PGR, buscó insistentemente a la señora Zepeda para pedirle otra reunión, pero ésta no se realizó. Fuentes consultadas por este semanario señalan que Morales se quejaba de que ella iba a terminar pagando “los platos rotos” y que por eso le había puesto un ultimátum a Cuitláhuac Salinas, que según ella la había “metido en el problema”.
El pasado 30 de abril, en entrevistas con Televisa y MVS Noticias, Salinas señaló que con la anuencia de Morales, un grupo de mandos militares usó a la PGR para fabricar el expediente contra Ángeles y coacusados. Afirmó que a él lo marginaron de todas las investigaciones pese a que su área y el personal bajo sus órdenes se encargaron de la averiguación previa.
De hecho, dijo, él renunció a la Subprocuraduría antes de terminar el sexenio de Calderón porque detectó un plan para incriminarlo también a él, además de que fue amenazado por investigar a funcionarios implicados con el narcotráfico, entre ellos algunos de la SSP.
Al comenzar el gobierno de Enrique Peña Nieto, familiares de Ángeles Dauahare hicieron llegar al procurador Murillo Karam una carta donde señalan a Gaytán Ochoa y a García Luna como presuntos responsables de la fabricación del expediente contra el general. Ambos funcionarios, se dice en el documento, persuadieron a Galván Galván y a Felipe Calderón de aprobar esa maniobra.
Fuentes que operaron en el gobierno de Calderón aseguran que García Luna estaba convencido de que Ángeles Dauahare había filtrado información sensible que lo implicaban a él y a su equipo en actos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada, por lo que se sumó a la conspiración.
En el documento entregado a Murillo Karam se afirma que Gaytán Ochoa temía que Ángeles se convirtiera en un obstáculo para su ambición de llegar a la titularidad de la Sedena, pues en mayo de 2012 mostró cercanía pública con el equipo del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto.
Se especifica en el documento que uno de los operadores más activos en este complot fue el coronel de infantería Avigaí Vargas Tirado, jefe del Estado Mayor de la 13 Zona Militar con sede en Tepic, bajo las órdenes de Gaytán Ochoa.
De acuerdo con la declaración patrimonial que presentó al concluir su encargo, el 30 de noviembre de 2012, Vargas estaba adscrito a la Dirección General de Apoyo Ministerial de la SIEDO pero nunca dejó de formar parte del Estado Mayor de la Sedena como analista de información. Cuando Ángeles Dauahare fue detenido, el titular del Estado Mayor de la Sedena era el general Luis Arturo Oliver Cen, aliado de Gaytán Ochoa en su búsqueda del máximo cargo en la Sedena.
En la declaración ministerial del abogado Gerardo Ortega Maya –quien fuera asesor del exsecretario de Marina Francisco Saynez Mendoza y amigo del militar inculpado– él dice que fue detenido y torturado el 3 de mayo de 2012 para obligarlo a declarar falsedades contra Ángeles Dauahare. En ese documento Ortega Maya también acusó a Vargas de ser autor intelectual de su tortura.
De acuerdo con la documentación reunida, la SSP y la Sedena colaboraron con la PGR desde 2011 para armar el expediente contra Ángeles Dauahare y coacusados.
El 18 de febrero de 2012, tres meses antes de la detención de Ángeles Dauahare, la PF entregó a la PGR un reporte sobre él y los cinco coacusados donde se incluyen fotografías de ellos y sus domicilios, lo que indica que los siguieron y espiaron.
En reportes como el mencionado se intentó dar credibilidad a las declaraciones de Jennifer, señalando que sí existen los lugares públicos donde el testigo colaborador dijo haber entregado sobornos a los militares y donde según él se llevaron a cabo reuniones y acciones de protección.
Sería el caso de un Sanborns en Periférico Norte, en los límites del Distrito Federal con el Estado de México, el centro comercial La Cúspide y el aeropuerto de Toluca, como si la existencia de los lugares comprobara la solidez de las versiones del testigo.
En su informe de febrero de 2012 la PF aporta datos personales de Ángeles Dauahare y especula que dejó el cargo de subsecretario a principios de 2008 porque o bien “filtró un comentario perverso en contra del secretario de la Defensa Nacional”, cumplió la edad límite de servicio o como declaró Jennifer: “Probablemente lo sorprendieron” con una conversación telefónica que habría tenido con “La Barbie días antes de que se retirara”.
Pese al intento de García Luna por deslindarse de la detención de Ángeles ante la señora Zepeda, de los 195 “elementos de prueba” que se le dieron al juez tercero de distrito en materia penal del Estado de México para dictar auto de formal prisión contra el militar, 20 fueron oficios, declaraciones y partes informativos de la PF.
También se incluyeron oficios de la Procuraduría de Justicia Militar y las declaraciones ministeriales de los testigos colaboradores Jennifer, Mateo y Denis recabados por la PGR, así como supuestos dictámenes de criminalística realizados por esta institución.
Pese a la absolución de Ángeles Dauahare, personas cercanas a él manifiestan su preocupación por la seguridad del general, pues temen que los orquestadores de su encarcelamiento atenten contra él para cumplir su propósito original: silenciarlo.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
