14 mayo 2013 | Axel Didriksson | Proceso
Ni la SEP ni el SNTE han explicado por qué siguen divulgando la idea de que la reforma al artículo 3o constitucional constituye un cambio en lo educativo, cuando su orientación esencial es establecer nuevas reglas de operación laboral e imponer nuevos mecanismos de control sobre el magisterio.
En el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación” y en la “Ley General del Servicio Profesional Docente”, procedentes de la SEP, así como en las propuestas de enmienda a las “leyes reglamentarias en materia de educación” que ha presentado el SNTE –documentos que son discutidos en las comisiones legislativas–, se enfatiza el propósito de implantar nuevas reglas para el ingreso, la permanencia y la evaluación de los trabajadores de la educación... y punto. Nada que tenga que ver con los contenidos de enseñanza-aprendizaje, el currículum, los métodos, las técnicas o lenguajes de lo propiamente educativo.
Por ejemplo, para el SNTE de la encarcelada Elba Esther Gordillo, las reformas laborales que se pretenden no deben aplicarse al personal en servicio, pero en ningún lugar se define por qué incidirán en la educación, en su calidad o en la cobertura social del sistema escolar, pues tales aspectos no son abordados en ninguna recomendación o propuesta específica.
Uno supondría que se dejan como están los restantes artículos de la Ley General de Educación de 1993, que sí definen el ser y quehacer de la educación (con la carga de obsolescencia que ya demuestran), cuando lo que debiera estar a la orden del día es la conformación de un nuevo modelo educativo y una ley nacional que comprenda los avances alcanzados en los conocimientos y aprendizajes contemporáneos, y que, por encima de todo, conceptualice la estrategia, las políticas y programas a través de los cuales podrán superarse la actual crisis educativa, la terrible desigualdad e inequidad y la injusticia plena que se reproducen en las escuelas a las que asisten las grandes mayorías de niños y jóvenes del país.
Según el gobierno federal y el SNTE –éste que ahora carga con el peso humillante de ser uno de los sindicatos que se ha beneficiado de la más grande corrupción permitida durante los anteriores gobiernos del PRI y del PAN y que sigue vigente en el actual–, la calidad de la educación mejorará de forma sustancial con la aplicación de exámenes estándares a los maestros en ejercicio y a los que están por incorporarse como tales. Sin embargo, la primera declaración de la nueva y flamante presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), la doctora Sylvia Schmelkes, fue en el sentido de que este tipo de pruebas sería una verdadera equivocación, dada la diversidad y las desigualdades que existen a lo largo y ancho del sistema escolar, y en virtud de que se propiciaría la profundización de las actuales condiciones de injusticia e inequidad educativas. Esto debe haber caído como un baldazo de agua helada en las cabezas de funcionarios de alto rango de la SEP y del SNTE.
En controversia, los maestros en resistencia sostienen que la puesta en marcha de una reforma educativa no tiene sentido si no se atacan de manera frontal las causas de la inequidad y de la pobreza en las aulas y en las escuelas. Esto lo dicen precisamente los maestros que están al frente de las escuelas ubicadas en los estados de mayor pobreza y rezago, como Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, o en las zonas marginales de la Ciudad de México, en el documento denominado “Hacia la educación que necesitamos los mexicanos”. Su postura ante las perspectivas de la mencionada reforma la expresan desde esos lugares en donde se ha hecho evidente “la incapacidad del Estado para ofrecer una educación digna a los niños y jóvenes”, porque por años han sido ignorados y olvidados. Por eso reclaman una manera “distinta de ver la educación”.
En dicho documento, tales maestros, que han realizado las mayores movilizaciones sociales del primer año de este gobierno del PRI, se pronuncian en contra de una reforma meramente laboral que no incida en la educación como un derecho humano, como un bien público, y están a favor de una que procure el beneficio de “las personas, de sus comunidades y regiones”. Se manifiestan en contra de una evaluación estándar, y también de una reforma que sólo busque el control laboral; pero, igualmente, se declaran a favor de una evaluación que transforme y de una educación de corte humanista, de valores ciudadanos, que propicie una verdadera transformación social. Es por ello que proponen abrogar la actual reforma a los artículos 3o y 73o constitucionales, y dar paso a un gran debate nacional y popular respecto del modelo de educación que se requiere para una sociedad con justicia y dignidad.
La propuesta del PRI y del SNTE está, entonces, cada vez más fuera de lugar. De ninguna manera podrán sostenerla en el tiempo, si no llegan a incorporar, y a comunicar con claridad, las definiciones de sustancia del modelo pedagógico, didáctico y docente que implica todo cambio programático sustantivo.
Ya es evidente pues que, de lo que se trata, es de golpear al magisterio independiente, cuando lo que hace falta es discutir una política alternativa para impulsar y construir una nueva ciudadanía con una educación y una cultura con identidad y valores de ciudadanía con responsabilidad; una política que procure no reproducir esa ignorancia supina de la que tanto se ufanan los personajes que se privilegian de ella, como las Gordillo, el líder petrolero y su vástago, el presidente de la República, algunos gobernadores, la secretaria de Desarrollo Social y la hija predilecta del titular de Profeco... entre otros.
