Juristas estadunidenses que representan a las víctimas de la matanza de Acteal marchan con pasos firmes gracias a la resolución de un juzgado mexicano para demostrar la improcedencia de la inmunidad otorgada a Ernesto Zedillo por el gobierno de Barack Obama. Todo se decidirá en los tribunales de México, y a menos que Enrique Peña Nieto impugne la resolución que recomienda retirar la protección diplomática al expresidente, es probable que concluya la impunidad de la que ha gozado todos estos años.
La defensa legal del expresidente Ernesto Zedillo recibió un revés ante la demanda civil que enfrenta en Estados Unidos por la matanza de 45 tzotziles en Acteal el 22 de diciembre de 1997, luego de que un juzgado mexicano recomendó se le anule la inmunidad diplomática concedida por el gobierno de Barack Obama.
El miércoles 6 el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal concedió un amparo “para efectos” a los familiares de las víctimas de Acteal, quienes impugnaron las gestiones del gobierno de Felipe Calderón a fin de solicitarle al Departamento de Estado inmunidad para Zedillo.
La decisión del juez Ricardo Gallardo Vara de conceder el amparo se publicó al día siguiente en la lista de acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal. “Ampara para efectos”, dice la sentencia del caso que se sigue con el expediente número 1093/2012.
El recurso fue interpuesto en septiembre pasado, entre otros, por Mariano Luna Ruiz, una de las víctimas de la matanza de Acteal (Proceso 1886).
El amparo concedido en principio a los demandantes de Zedillo se sostiene sobre la base legal y jurídica de que “el respeto a los derechos humanos supera al interés de la autoridad responsable”, en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y por recomendar a una corte extranjera otorgar inmunidad a un expresidente, por encima de los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referentes a los motivos y procedimientos para someter a juicio al presidente de la República.
“Es una excelente noticia para los familiares de las víctimas”, declara a Proceso Roger S. Kobert, abogado quien junto con sus colegas Matthew D. Gordon y Marc Pugliese representan a los demandantes de Zedillo en el juicio civil interpuesto ante la Corte Federal de Distrito en el estado de Connecticut.
“Revisaremos el amparo y en el tiempo adecuado notificaremos a la Corte y al Departamento de Estado del procedimiento a seguir para con el juicio”, dice Kobert en entrevista telefónica.
El amparo establece que la SRE retire la nota diplomática que la embajada de México en Washington presentó durante el gobierno de Calderón ante el Departamento de Estado (Proceso 1885).
Amenazado él mismo con ser llevado a la Corte Penal Internacional (CPI) por la muerte de más de 70 mil personas y la desaparición de más de 20 mil durante su gobierno a consecuencia de su política violenta contra el narcotráfico, Calderón no escatimó esfuerzos en gestionar la inmunidad para Zedillo.
La demanda contra Calderón fue presentada en noviembre de 2011 en la sede de la CPI en La Haya, Holanda, y en ella se responsabiliza al Estado mexicano de delitos de lesa humanidad. El caso aún está en proceso de admisión.
Triquiñuelas
El 4 de noviembre de 2011 la embajada de México en Estados Unidos envió al Departamento de Estado la nota diplomática 07654, en la cual la SRE aboga por la inmunidad para Zedillo. Como consecuencia el Departamento de Justicia de Estados Unidos recomendó a la Corte de Connecticut otorgarle inmunidad al expresidente mexicano ante el juicio iniciado por los familiares de las víctimas de Acteal.
Ante la decisión del gobierno de Barack Obama a favor de Zedillo, el pasado 22 de octubre los familiares de los tzotziles asesinados en el municipio de Chenalhó, Chiapas, solicitaron un amparo ante el Juzgado Décimo Sexto argumentando que la recomendación de la SRE al gobierno de Obama era inconstitucional, y que el entonces embajador mexicano en Washington Arturo Sarukhán recurrió al engaño para manipular el buen juicio de las autoridades del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia.
Luna Ruiz, uno de quienes promovieron el amparo, sufrió la pérdida de su esposa Juana Pérez, de 33 años, y de su hijo Juan Carlos Luna Pérez, de sólo dos. El recurso también fue solicitado por Ernestina Pérez Luna, quien al momento de la matanza tenía 10 años. Ella perdió a su padre Miguel Pérez Jiménez, de 40 años; a su madre Marcela Luna Ruiz, de 35, y a sus hermanos Juana, Silvia y Alejandro, de 10, seis y 16 años, respectivamente. Además su hermana Zenaida, de cuatro años, quedó ciega por el ataque. Ernestina se hizo cargo de Zenaida y de Rosela, quien entonces tenía dos años.
En total fueron asesinadas 45 personas: 18 mujeres –cinco embarazadas–; siete hombres; 16 niñas de entre ocho meses y 17 años, y cuatro niños de entre dos y 15 años. Además 26 personas, en su mayoría menores de edad, fueron heridas; cuatro con daños permanentes.
En su demanda de amparo, ampliada en noviembre pasado, las víctimas de Acteal impugnaron la “falta de argumento legal y motivo” del gobierno calderonista para pedir la inmunidad para Zedillo. También se quejaron del “memorando de puntos” presentado por Sarukhán al Departamento de Estado.
Argumentaron que Calderón, la entonces titular de la SRE, Patricia Espinosa y Sarukhán violaron las garantías previstas en la Constitución y transgredieron el derecho de acceso pleno a la justicia.
Le dijeron al juez que al ordenar la protección para Zedillo, Calderón quiso “utilizar un mecanismo de carácter político y diplomático para violentar nuestros derechos fundamentales de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva”.
Incluso alegaron discriminación “en nuestra condición de integrantes de un pueblo indígena con derecho legítimo al reconocimiento por los daños y perjuicios generados por la actuación de servidores públicos del Estado mexicano”.
Aseguraron que Zedillo “no debe ni puede” gozar de ningún tipo de inmunidad y menos de la diplomática. También criticaron el argumento de soberanía que Sarukhán esgrimió ante el Departamento de Estado.
Además le hicieron saber al juez que ante la falta de justicia en México algunos de ellos recurrieron a instancias internacionales para interponer demandas penales contra los responsables del crimen.
Revocación
Respaldados en esa demanda de amparo presentada en la Ciudad de México, el pasado 7 de diciembre Kobert, Gordon y Pugliese pidieron a la Corte Federal de Connecticut que deseche el pedido de inmunidad para Zedillo con el argumento de que Sarukhán omitió intencionalmente la inconstitucionalidad de la solicitud, con lo cual logró engañar al gobierno de Obama.
En un documento de 10 páginas los abogados estadunidenses explican a la Corte de Connecticut que la Constitución mexicana establece en sus artículos 108 y 111 que el presidente goza de inmunidad durante su mandato salvo que sea acusado de traición a la patria y de delitos graves del orden común, como en el caso de una matanza.
Esta determinación constitucional, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, es la base del argumento legal con el que Kobert, Pugliese y Gordon sustentan ante la Corte de Connecticut que “la Constitución mexicana guarda un perfecto silencio sobre el derecho de inmunidad para un presidente al concluir su mandato; bajo la interpretación jurídica expresio unius est exclusio alterius (expresar o incluir un cosa implica la exclusión de la alternativa)”.
En el juicio civil contra Zedillo en Estados Unidos, las víctimas de Acteal y sus familiares incluyeron al procurador General de la República durante su gobierno, Jorge Madrazo Cuéllar. A ambos los acusan de conspirar para encubrir la supuesta responsabilidad gubernamental antes, durante y después de la matanza.
Las víctimas buscan la reparación del daño moral y pretenden que la Corte de Connecticut se limite a decidir si procede o no el pago de una indemnización que cifran en 50 millones de dólares. Zedillo rechaza la acusación y asegura que se trata de “un caso calumnioso”. En sus alegatos ante la Corte estadunidense recurrió a defender su inmunidad tomando como ejemplo el caso del exdictador de Filipinas Ferdinand Marcos, a quien Estados Unidos le concedió la inmunidad diplomática para no ser enjuiciado en su país, acusado de corrupción y represión.
La Corte de Connecticut determinó que se procedería con el caso de la demanda contra Zedillo una vez que se emita un fallo final en los tribunales mexicanos, respecto a la inmunidad recomendada para el expresidente y ahora académico en la Universidad de Yale.
De acuerdo con las consultas judiciales realizadas por los reporteros en Estados Unidos y en México, ante la emisión del amparo contra los intereses de Zedillo el gobierno de México –si así lo determina ahora la Presidencia de Enrique Peña Nieto– impugnaría el fallo del juez décimo sexto. La petición de reconsiderar el amparo se sustentaría en el tono vinculante relativo a la recomendación de inmunidad, que en este caso compete al presidente de Estados Unidos frente a la Corte Federal de Connecticut.
El argumento a favor de la inmunidad diplomática para Zedillo contra la demanda se concentraría en demostrar que la acusación se deriva de actos consumados.
La defensa de los familiares de las víctimas de Acteal está consciente de que el gobierno mexicano –con el fin de evitar que se sienten precedentes legales que posteriormente se usen contra otros exfuncionarios por demandas similares–, hará todo lo que esté a su alcance para anular cualquier posibilidad de retiro de la moción con la que Departamento de Justicia de Estados Unidos favoreció a Zedillo.
En defensa de la inmunidad al expresidente participaría la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para exigir y obtener a través de la PGR la revisión del amparo ante el Poder Judicial de la Federación.
Mientras tanto la Corte Federal de Distrito en Connecticut se mantiene al margen del proceso judicial en México, aunque está a la espera de que los abogados Pugliese, Gordon y Kobert presenten otras mociones solicitando la realización de audiencias para exponer oralmente los argumentos de la inconstitucionalidad de la inmunidad concedida a Zedillo por el gobierno de Obama.
Fuente: Proceso
