9 marzo 2013 | Laura Itzel Castillo* | El Universal
El pasado 28 de febrero Enrique Peña Nieto presentó el proyecto de Estrategia Nacional de Energía (ENE) que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública, debe ratificarse por el Congreso de la Unión en un plazo de 30 días a partir de su entrega. Dicho documento, de acuerdo con la misma ley, debe regir al sector energético a mediano y largo plazo, en un horizonte de 15 años. Su importancia se traduce, por tanto, en las tarifas que deberemos pagar los consumidores.
A partir de la reforma energética de 2008 se incorporó en la ley la obligación del Ejecutivo federal de enviar al Poder Legislativo, en el mes de febrero de cada año, dicho proyecto para su ratificación. En la elaboración de la ENE participa el Consejo Nacional de Energía, integrado por las paraestatales, centros de investigación y académicos, entre otros.
A pesar de que el proyecto de estrategia resalta la importancia que tiene el sector energético para el crecimiento económico, la generación de empleos y el desarrollo nacional, ya que representa casi 8% del PIB; resulta contradictorio que el esfuerzo de convencimiento de sus autores se desvanezca al proponer desmantelar el sector y entregarlo al capital privado, tanto nacional como extranjero.
El artículo 4 bis de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo, reformado también durante 2008, marca específicamente las características que deberá contener la Estrategia Nacional de Energía, entre las cuales se encuentra de manera relevante la incorporación de valor agregado a sus productos. Esto es esencial para generar los empleos que se requieren en el país y desarrollar el potencial del crudo en la cadena productiva.
Por tanto, obedeciendo a ese criterio, una adecuada Estrategia Nacional de Energía, debería promover que se utilizara el petróleo para producir gasolina, diesel, fertilizantes y tantos productos petroquímicos que generan mayor retribución económica que la materia prima. Sin embargo, la estrategia propuesta hace unos días solamente habla de aumentar la producción de petróleo para exportar, para generar riqueza no en México, sino en otras latitudes, donde sí desarrollan las cadenas productivas e incorporan el valor agregado; es decir, la mano de obra fundamental para el sustento de cualquier país.
El que en estos momentos, las ganancias de Petróleos Mexicanos se encuentran en el área de exploración y producción de crudo, y las pérdidas se ubiquen en el área de refinación se debe, obviamente, al abandono deliberado de la infraestructura, como se muestra en el caso del proyecto de la Refinería del Bicentenario. Situación que ha dado como resultado la importación de 50% de la gasolina que consumimos los mexicanos y de los incontables gasolinazos.
Durante la presentación de la ENE se dijo que en este gobierno Pemex se convertirá en “una empresa de clase mundial”, casualmente esta frase es el lema que utiliza la Comisión Federal de Electricidad. Institución caracterizada por los cobros arbitrarios, sustentados en los conocidos y antipopulares “recibos locos”, que han generado tantas muestras de inconformidad en las ciudades y afectado de manera lacerante al campo mexicano.
Por ello preocupa que se haya dicho literalmente que será “inevitable que el costo final de la energía pueda incrementarse para el consumidor”. Y las ganancias, seguramente, seguirán siendo para las empresas privadas. Advertir, como se hizo, que el sistema tarifario se deberá ajustar, ya que puede representar pérdidas para las empresas, es una señal lamentable para los mexicanos. Pues injustamente el problema derivado de la privatización de un sector estratégico, es que en lugar de que las paraestatales funcionen bajo la lógica del servicio público, las empresas de clase mundial funcionan bajo la lógica mercantil, buscando obtener las mayores ganancias en el menor tiempo posible.
