Ciro Pérez Silva | Periódico La Jornada | Lunes 25 de febrero de 2013, p. 19
La falta de transparencia en el proceso de reclutamiento de mexicanos para laborar temporalmente en Estados Unidos “oculta la explotación de los trabajadores y protege a los responsables de las violaciones a la ley”, advierten estudios del Centro de los Derechos del Migrante y del Proyecto Jornaleros Safe, que documentaron, en una serie de encuestas levantadas en 135 municipios del país, que 95 por ciento de los migrantes entrevistados sufrieron alguna violación a su derechos.
Explica que el programa de visas H-2 de Estados Unidos, en la que se inscriben los trabajadores agrícolas temporales, está controlado por las empresas agrarias estadunidenses y los “enganchadores”, con escasa o nula intervención del gobierno de aquel país, de ahí que el 53 por ciento de los encuestados reporta que nadie les informó sobre sus derechos como trabajadores con visa H-2, que sólo 31 por ciento recibió dicha información por parte del gobierno estadunidense y apenas 1 por ciento dijo haberla recibido del gobierno de México.
“Este es un llamado de atención para las autoridades mexicanas, ante la posibilidad de que la reforma migratoria enfatice la contratación de trabajadores mexicanos, quienes carecen de la mínima asesoría y enfrentan en su propio país un trato humillante por parte de las autoridades que deberían apoyarlos”, subrayó Marco Antonio Castillo, de la Asociación Popular de Familias Migrantes (Apofam).
Uno de los estudios revela que en el otoño de 2010 Gerardo, que vive en una pequeña comunidad del centro de México, y siete amigos aceptaron una oferta para trabajar en una compañía de forestación en Oklahoma con una visa H-2B. Para asegurar el trabajo tuvieron que pagar mil 500 dólares a los reclutadores contratados por la compañía, que les prometieron 6 meses de trabajo con un salario de 10.6 dólares la hora, y el costo del transporte hasta Oklahoma.
Sin embargo, cuando llegaron a Estados Unidos para comenzar a trabajar, a finales de diciembre, descubrieron que en lugar del pago por hora les iban a pagar por pieza. En los 6 meses de trabajo recibieron sólo dos pagos, 220 dólares a principios de enero y 237.16 dólares en la segunda quincena del mismo mes. Les habían descontado ya 65 dólares por concepto de herramientas de trabajo.
Gerardo y sus compañeros recibieron un total de 392.26 dólares por 121 horas de trabajo, es decir, apenas 3.30 dólares por hora, es decir, les hubiera tomado dos meses de trabajo, sin gastar un centavo en ese tiempo, sólo para cubrir los costos de viaje, hospedaje y reclutamiento iniciales.
Situaciones como esta, refiere Jessica Stender del Centro de los Derechos del Migrante, son la constante en el universo de empleados agrícolas que ante la falta de oportunidades de empleo en México, buscan una mejor suerte en Estados Unidos, orillándolos a endeudarse con la esperanza de poder cubrir esa deuda con el salario devengado en el país del norte, lo que las más de las veces no es posible.
El estudio revela que 47 por ciento de los trabajadores encuestados pidieron préstamos para cubrir los gastos preempleo a tasas que van desde 5 por ciento hasta 79 por ciento anual a bancos o prestamistas locales, quienes les obligan además a dejar en garantía alguna propiedad.
“Este tipo de prácticas predatorias colocan al trabajador en una situación de vulnerabilidad extrema, ya que los obliga a aceptar cualquier abuso en Estados Unidos para estar en condiciones de pagar la deuda que adquirieron antes de salir de México, ya que si debido a los abusos que sufren en sus centros de trabajo decidieran renunciar y volver a su país, enfrentarían a su llegada la presión de la deuda, es decir, regresarían a su país con menos dinero del que se fueron”, destaca Stender.
Fuente: La Jornada
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