18 octubre 2012 | La Redacción | Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de que una “mano interesada” eliminó de la propuesta de reforma laboral el párrafo que prohíbe la minería en los llamados “pocitos” de carbón, organizaciones civiles exigieron al Senado que restituya ese artículo para evitar que más mineros pierdan la vida en accidentes de trabajo.
“Llevamos casi 100 mineros fallecidos, posteriores a los 65 de Pasta de Conchos (Coahuila) en 2006. La mayoría se siniestraron en estos tiros verticales que no cumplen las condiciones de la norma oficial, ni respetan los derechos contenidos en la Ley Federal del Trabajo”, señalaron en un comunicado.
“Llevamos casi 100 mineros fallecidos, posteriores a los 65 de Pasta de Conchos (Coahuila) en 2006. La mayoría se siniestraron en estos tiros verticales que no cumplen las condiciones de la norma oficial, ni respetan los derechos contenidos en la Ley Federal del Trabajo”, señalaron en un comunicado.
De acuerdo con las organizaciones firmantes –Familia Pasta de Conchos, Equipo Nacional de Pastoral Laboral y Centro de Reflexión y Acción Laboral–, la omisión es “profundamente grave” y revela la falta de compromiso real de los diputados y senadores con los mineros del carbón y sus familias, con los miles de mineros que mueren obligados a trabajar en los pozos porque tienen nulas oportunidades laborales.
“Si una mano interesada eliminó el párrafo referido y fue incapaz de argumentarlo de manera pública, se exhibirá, sea como fuere. Exigimos a los senadores y senadoras de la República incluir la prohibición en los pozos en la explotación minera, ya que esta es una forma de esclavizar a los mineros del carbón.
“Es necesario y urgente que el 2° párrafo del artículo 343 ya sea restituido e incluido en la reforma de la Ley Federal del Trabajo en su totalidad”, puntualizaron.
Las organizaciones denunciaron que el segundo párrafo del artículo 343-A, que prohibía la minería en “pocitos”, desapareció de camino a la Cámara de Senadores, lo cual quedó asentado en una Fe de Erratas que el pasado 28 de septiembre se envió desde la oficina del diputado Carlos H. Aceves y del Olmo, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, al diputado Jesús Murillo Karam, presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro.
En su texto, las organizaciones detallaron que el 25 de julio de 2012 “fallecieron siete mineros en un pocito de la Minera El Progreso, ubicado en el mineral La Florida, municipio de Múzquiz, explotado por el exalcalde priísta del municipio de Progreso, Coahuila, Federico Quintanilla. Ninguno de los mineros fallecidos estaba registrado en el IMSS y había una orden de restricción de acceso de la autoridad laboral al tiro vertical, lo que quiere decir que el patrón desacató la orden y metió a los trabajadores de todos modos.
“Entre los fallecidos estaba José Fidencio Sánchez Arellano, hijo de la señora Oralia Arellano. Es el segundo hijo que pierde la señora Oralia en menos de dos años. Ramón, el mayor, falleció en el pocito El Boker, el 30 de julio de 2010, luego de inundarse el pozo”, indicaron.
Fuente: Proceso
