El efecto incendiario de los rumores que se difundieron entre el 4 y el 6 de septiembre en el oriente del Estado de México y en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal paralizó la economía y causó pérdidas financieras. Dos líderes perredistas de Nezahualcóyotl afirman que la situación tiene también componentes políticos y que, con el auge del crimen organizado en la zona y la profunda desconfianza en las autoridades, el pánico se convirtió en un arma tan efectiva como las de fuego.
Una semana después de la psicosis generada por rumores de que se había desatado la violencia en el oriente del Estado de México, la tranquilidad no ha vuelto del todo.
Los habitantes de municipios de Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Valle de Chalco, Chalco, Chimalhuacán, Los Reyes e Ixtapaluca reforzaron sus precauciones: procuran no llegar tarde a sus hogares ni circular después de las nueve de la noche, y varios negocios que antes de la zozobra de los días 4, 5 y 6 de septiembre se mantenían abiertos después de las 10 de la noche, optaron por cerrar una o dos horas antes.
Entrevistados por separado, el senador por esta entidad, Luis Sánchez Jiménez, y el alcalde electo de Nezahualcóyotl, Juan Zepeda Hernández, coinciden en que desde hace tres años la violencia del crimen organizado, el descontrol de la seguridad pública y la corrupción de las corporaciones policiacas mantienen en permanente incertidumbre a los mexiquenses. Lo dos perredistas le atribuyen esa herencia al ex gobernador Enrique Peña Nieto, quien recientemente fue declarado presidente electo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Zepeda Hernández sostiene que durante los tres últimos años han sido ejecutadas 200 personas en Nezahualcóyotl, 18 de ellas en agosto pasado. "Una cifra que no da el gobierno es que 40 policías municipales fueron asesinados por el crimen organizado", enfatiza.
El presidente municipal electo, que tomará posesión en enero próximo, explica que en 2009, "cuando el PRI arrasó en los municipios del ‘corredor amarrillo’ y el ‘corredor azul’, el gobernador Enrique Peña Nieto les condicionó a los presidentes municipales electos el área de seguridad pública: él hace los nombramientos de los directores municipales desde Toluca. A partir de entonces vemos una descomposición en todo el Estado de México. La delincuencia, la inseguridad y La Familia Michoacana sientan sus reales; esta política de seguridad no varió con Eruviel Ávila".
—¿Hubo complicidad de Peña Nieto y la hay con Eruviel Ávila?
—Todo se ha generado a partir de la omisión. No sé si por complicidad; no tengo los elementos para hablar de ello, pero a veces se es cómplice por acción y otras por omisión.
Luis Sánchez Jiménez, alcalde de Nezahualcóyotl de 2003 a 2006, apunta que en el oriente del estado la Familia Michoacana suele cobrar derecho de piso a giros negros, y el paso a "bares, cantinas y discotecas, pero también a las estéticas, escuelas privadas, locatarios de mercados, tianguistas y hasta a los que venden tacos en la banqueta. Han asesinado a gente que se negó a darles dinero".
El 3 de agosto pasado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) presentó al presunto operador de La Familia Michoacana Juan Carlos Muñoz, "El Pariente", quien habría declarado que esa organización se asentó en el oriente de la entidad en 2009 y obtenía más de 4 millones de pesos mensuales por la venta de drogas, así como 150 mil por extorsiones. El detenido aceptó su responsabilidad en 23 ejecuciones cometidas en Netzahualcóyotl.
Sin embargo, la invasión del grupo michoacano a territorio mexiquense fue detectada en 2008. En una averiguación previa de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), de la Procuraduría General de la República (PGR), se establece que testigos protegidos aseguraron que "son los altos mandos de policías de distintos niveles los que se encargan de cuidar que los rivales de La Familia Michoacana no invadan el territorio. Cuando eso ocurre, los agentes secuestran o eliminan a los competidores; y cuando algún funcionario ordena cerrar alguna narcotiendita, ellos mismos se encargan de reabrir el negocio en otro sitio".
Componente político
El martes 4, tras un enfrentamiento entre mototaxistas de San Vicente Chicoloapan y militantes de Antorcha Popular (la organización priísta antes llamada Antorcha Campesina) que ocasionó dos muertes, grupos de personas comenzaron a difundir por altavoces y personalmente que se preparaban ataques contra la población y los comercios. Primero se dijo que la agresión provenía de Antorcha Popular, pero después se habló de acciones armadas de La Familia Michoacana.
Vecinos de las delegaciones capitalinas Iztapalapa, Tláhuac e Iztacalco, limítrofes con la zona oriental mexiquense, también fueron víctimas de esos actos de amedrentamiento.
El miedo paralizó la región. De acuerdo con diversos medios de comunicación, por esos días de sicosis la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) reportó pérdidas de 25 millones de pesos en establecimientos de Iztapalapa y de 90 millones en Nezahualcóyotl, municipio donde cerraron nueve de cada 10 negocios. La Coordinación de Organizaciones para el Mejoramiento del Transporte en el Estado de México informó que entre 15 mil y 23 mil trasportistas no dieron servicio en Chicolpapan, Los Reyes, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, lo que representó una merma de 15 a 20 millones de pesos en sus ingresos.
Hasta ahora la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) es la única dependencia que abrió una investigación previa, por ataques a la paz pública, contra José Luis Peña Navarro, Juan Ramón Sánchez Torrijos, David Guerrero Padilla y Eugenia Mayné Osorio López.
Estas cuatro personas fueron sorprendidas la noche del jueves 6 cuando, desde un automóvil y con altavoces, sembraban la alarma sobre los supuestos ataques armados de antorchistas y de la delincuencia organizada en la colonia Agrícola Oriental. Los detenidos declararon que personas no identificadas les pagaron 400 pesos por difundir esos mensajes.
Hasta el sábado 8, el gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas señaló que estos acontecimientos "nos deben obligar a reflexionar" en el uso de las redes sociales. Añadió que el Estado de México está "en paz y en calma".
Fuente: Proceso
