El diputado Héctor Salazar Porcayo fija su postura sobre la reforma laboral que se discute en el Congreso de la Unión
En la iniciativa que con carácter de “preferente” envió el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, se inscriben condiciones muy agresivas contra la clase trabajadora. Tal reforma favorece al sistema neoliberal, a los grandes patrones, y consorcios tanto nacionales como extranjeros.
Por lo que expresamos nuestra preocupación por la posición que pudieran adoptar a favor de ella los distintos Grupos Parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, sin el tiempo necesario para analizar la propuesta y, por ende, legislarla solo en atención a lo que se les señale por los dogmas con que se manejen los intereses de sus respectivos Partidos.
Esta Iniciativa, copia fiel de la llamada “Iniciativa Lozano”, continúa con la serie de intentos que a través de los últimos años se han venido dando en la materia, todos ellos atentatorios a los derechos universales de los trabajadores, comenzando con la condición de eliminar al trabajo como un derecho humano, ya que pretende terminar con la estabilidad en el empleo y someter a los trabajadores a una servidumbre parecida a las épocas anteriores a la Constitución de 1917, en la que se inscribieron los derechos fundamentales de los trabajadores y que la Ley Federal de Trabajo regula, no sin limitaciones.
La dogmatización a doctrinas extranjeras o la conjunción de intereses ocultos que en muchos casos desnudan la corrupción, impiden a quienes administran el país o a quienes nos debieran representar, entender que no es de esa manera como se puede reconstruir el mercado laboral; al contrario, desde nuestra óptica, se deben buscar condiciones de estabilidad laboral y salarios remunerativos, estos bien señalados en nuestra Constitución, para lograr la reactivación económica que México necesita y, en consecuencia, generar condiciones que abatan la pobreza que agobia y lacera a muchos millones de mexicanos.
La pobreza es el caldo de cultivo de la violencia que vivimos en toda la república, por lo que de concretarse esta reforma con su consiguiente precarización del empleo, se abona para que la violencia crezca, y retarda la urgente reconstrucción del tejido social.
Entre otras cosas, la iniciativa de Calderón, que pretende reformar 419 artículos, intenta modificar la contratación individual y temporal con pago por horas laboradas, lo que conlleva la eliminación de la contratación colectiva y la desaparición de los sindicatos, al ser potestad del patrón contratar directamente con el trabajador, así como acabar con el salario mínimo, que aunque mínimo es un referente obligatorio para los patrones.
La imposibilidad de lograr contratos de planta y, con ello, la pérdida de esperanza de alcanzar una pensión jubilatoria, pues con esas condiciones habría que trabajar más de 50 años, siempre y cuando hubiera puestos de trabajo disponibles, que no los habría; la facilidad para que el patrón despida al trabajador cuando así le convenga y si aquel se fuera a juicio y lo ganase, no existiría obligación para el patrón de pagar salarios caídos que excedan un año; todo lo cual nos lleva a entender que con esa iniciativa se pretende favorecer los intereses del patrón ante los de los trabajadores.
Otorga mayores facultades a las autoridades laborales para decidir sobre el registro de sindicatos permitiendo el archivo de los expedientes; permite a la autoridad determinar si se estalla una huelga; permite a los patrones o terceros pedir el arbitraje obligatorio después de sesenta días de estallada la huelga, lo que en la práctica anula el espíritu de ella como la principal arma de los trabajadores en la búsqueda de mejorar sus condiciones salariales y laborales.
Evita a los trabajadores afiliarse a un sindicato cuando ingresan a laborar al desaparecer la cláusula de exclusión por ingreso y separación. Se blindan los “contratos colectivos de protección” para evitar la entrada de sindicatos independientes, permitiendo a las autoridades decidir si reconocen o no a los sindicatos mayoritarios al interior de los centros de trabajo y facultando a los patrones definir quién es el sindicato mayoritario, lo que estimula la creación de los sindicatos patronales, llamados también “sindicatos blancos”.
Con todo ello, además, se hace obligada la modificación a la Ley del Seguro Social y a la Ley del ISSSTE, con las consecuencias que eso conlleve para la población en general.
Esto es una pequeña y muy ligera muestra del golpe que se pretende asestar al pueblo de México; y entiéndase bien, decimos al pueblo de México porque no es solamente a la clase trabajadora, que somos –o pretendemos ser- todos, sino por las consecuencias que todo ello acarrearía en inestabilidad, social, política y económica y de lo cual, de aprobarse esta iniciativa, todos seremos víctimas y testigos de esta afrenta al pueblo, con la que Calderón quiere pagar compromisos a quienes lo impusieron en la presidencia para desgracia de México y de los mexicanos.
El “presidente del empleo” se ha significado por eso, por ser el del empleo; pero el del empleo de la fuerza pública para criminalizar las justas protestas de un alto número de mexicanos agrupados en diversas organizaciones sociales y laborales; del empleo de prácticas sucias que han hecho crecer exponencialmente la corrupción y la impunidad; del empleo de la mentira y el engaño para hacer creer que en su gobierno México es independiente y soberano; del empleo de la abyección para favorecer los intereses de gobiernos extranjeros.
Y, sobre todo, del empleo de las armas, las balas y las fuerzas federales y castrenses para llenar de sangre, luto, miedo y desesperación a las familias mexicanas con un saldo de más de cien mil muertos y desaparecidos.
Ese “presidente del empleo” fustiga hoy con una iniciativa que con la organización conciente y decidida de nuestro pueblo y de sus representantes ¡NO PASARÁ!.
Fuente: Interdiario de Cuautla
