22 julio 2012 | Rosalía Vergara | Proceso
La combinación de política y dinero fue el arma privilegiada del PRI para arrasar en las elecciones desde que tenía la Presidencia. Dos sexenios sin ella obligaron al expartido de Estado a encontrar otras formas de financiamiento para saturar al país de propaganda y comprar votos. Con la elección del gobernador mexiquense Eruviel Ávila como ensayo general, la generación de Enrique Peña Nieto armó un entramado financiero digno de aquella a la que pertenecieron Pedro Joaquín Coldwell y Jesús Murillo Karam.Hasta ahora los testimonios, los documentos y las denuncias del PAN y la izquierda sobre el rebase de topes de campaña, el financiamiento ilegal y hasta los indicios de lavado de dinero no han derribado las barreras del calendario electoral, la carencia de facultades legales del IFE y el TEPJF o las omisiones de las autoridades judiciales, tras las cuales se atrinchera el priismo. Pero más datos y pruebas siguen apareciendo…
La complicada ruta de la triangulación de casi 400 millones de pesos que según el Movimiento Progresista se usaron para comprar 5 millones de votos a favor de Enrique Peña Nieto, involucra a priistas vinculados con el Grupo Atlacomulco, así conocido por el municipio natal del candidato en el Estado de México.
Pasados 20 días de la elección la izquierda ha ido armando el rompecabezas del financiamiento de la campaña del PRI. Hasta ahora al menos lo obligó a reconocer lo que negaba tajantemente: que sí firmó contratos, respaldados con fondos de origen hasta hoy desconocido, los cuales destinó a adquirir tarjetas de prepago, telefónicas y de “recompensas”.
En la demanda que la izquierda presentó el jueves 19, Jaime Cárdenas, asesor jurídico de López Obrador, incluyó varios elementos para tratar de demostrar que Peña Nieto utilizó recursos de procedencia ilícita en su campaña, por lo que demandó declarar la invalidez de la elección presidencial.
Los nombres que por ahora se han asociado con la triangulación son de priistas vinculados con el Grupo de Abogacía Profesional (GAP), de la familia Fraga, y la empresa Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de C.V., cliente número 10240970 del Grupo Financiero Monex y que facturó más de 70 millones de pesos para comprar 750 tarjetas y hacer cargos de “saldo prepago”.
El lazo entre priistas mexiquenses y el GAP tiene nombre y apellido: Rodrigo Fernández Noriega, un abogado que el 20 de abril le depositó 3 millones 485 mil 797 pesos a Monex.
Es la única persona física mencionada en la denuncia presentada el jueves 19 por el representante del Movimiento Progresista, Camerino Márquez, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra Peña Nieto “por haberse beneficiado en su campaña política con recursos de procedencia ilícita”, delito tipificado en el Código Penal Federal como “lavado de dinero”.
Fernández Noriega “nació el 22 de julio de 1973, con domicilio en calle Blas Pascal No. 129, interior 301, colonia Polanco, delegación Miguel Hidalgo, C. P. 11560”, se especifica en la denuncia. Esta dirección es la misma del GAP, propiedad de la familia Fraga desde 1992, de acuerdo con el folio 9265089 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.
El documento del Movimiento Progresista abunda: “Su RFC es FENR730722592. Tiene como actividad preponderante calzado, zapaterías, incluye compra de calzado usado. Con fecha de inicio de operaciones el 15 de abril de 2003, su domicilio fiscal se encuentra en la calle Blas Pascal No. 129, interior 301, colonia Chapultepec Morales, delegación Miguel Hidalgo, C. P 11560”.
Una búsqueda en el directorio telefónico arrojó que Fernández Noriega registró la dirección de ambas formas y con distintos números telefónicos. En el teléfono correspondiente a “Polanco”, el miércoles por la tarde una voz de mujer le dijo a esta reportera que el abogado no asistiría al despacho hasta el lunes 23. En el otro número, correspondiente a “Chapultepec Morales”, nadie contestó.
El “Monexgate”
Por la negativa del Instituto Federal Electoral (IFE) a investigar la compra del voto porque no está tipificado como delito electoral y el surgimiento de nuevos datos sobre movimientos financieros sospechosos, la coalición que postuló a López Obrador modificó su estrategia para impugnar la elección presidencial.
Su primera queja ante el TEPJF después de los comicios fue por el presunto rebase, por parte del PRI, del tope de gastos de campaña (328 millones 608 mil 267 pesos). Pero en pocos días el equipo jurídico de la izquierda fue recabando indicios de que la triangulación de recursos entraba en la descripción del lavado de dinero de procedencia ilícita, o bien de origen lícito pero que se habría utilizado para fondear ilegalmente la campaña de Peña Nieto al permitirle disponer de una estructura no reportada de financiamiento y rebasar el tope de gastos de campaña.
“Son recursos que podrían provenir del peculado –de la desviación de los recursos públicos estatales para fines electorales que están prohibidos por la ley– o del crimen organizado”, dice la denuncia al respecto.
La coalición afirmó que su equipo de investigadores detectó tres empresas que participaron en la triangulación de fondos para favorecer a Peña Nieto: Comercializadora Atama, Grupo Koleos y Grupo Empresarial Tiguan, así como el particular Rodrigo Fernández Noriega, que en total depositaron 29 millones 971 mil 864.93 pesos en la cuenta de Monex.
Esta operación no sería sospechosa si no fuera porque Atama y Grupo Comercial Inizzio –otra de las empresas implicadas– están integradas por los mismos accionistas y apoderados legales; lo mismo ocurre con Koleos y Tiguan.
Atama e Inizzio se constituyeron el 27 de octubre de 2006 ante el notario público 165 del Distrito Federal, Carlos Alberto Sotelo Regil. Los accionistas son Ramón Paz Morales y Juan O. Fragoso Oscoy Paz, quienes se presentan como obrero y empleado, respectivamente. Sin embargo, de 2007 a 2010 reportaron ganancias por más de mil millones de pesos. Su apoderado legal es Alejandro Pérez Lizárraga.
Koleos y Tiguan fueron formalizadas el 11 de septiembre de 2008 ante el notario 44 del Distrito Federal, Carlos Hermosillo Pérez, por los accionistas Juan A. Hodrogo Guerra y Luis Vivero Valero. Como apoderado legal aparece Demetrio Jordem Sabat.
Monex facturó, de manera paralela, 108 millones 200 mil 764.29 pesos a Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V. y a Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de C.V. De ese monto, 140 mil 173 pesos fueron usados para comprar 10 mil 674 tarjetas y 106 millones 744 mil 33.80 pesos para la carga de “saldos de prepago” de las mismas. Monex recibió una comisión de 1 millón 89 mil 853.28 pesos más IVA por la transacción.
El 26 de junio el PAN pidió a la comisión de quejas y denuncias del IFE medidas cautelares para suspender las cuentas de Monex, ante la sospecha de que el PRI estuviera financiando su campaña a través de esa empresa.
Al día siguiente, en un comunicado, el PRI rechazó las acusaciones: “Los dichos de Roberto Gil –el coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota, que hizo el anuncio en un debate radiofónico con sus pares del PRI y del Movimiento Progresista– son falsos, absurdos y temerarios. Ni el CEN del PRI ni la coordinación de la campaña presidencial manejan recursos a través del Grupo Financiero Monex…”.
El instituto desechó la solicitud como improcedente, según se consigna en el expediente SCG/QPAN/CG/132/PEF/156/2012.
Operación tarjetazo
El miércoles 18, en conferencia de prensa, López Obrador exhibió ante los medios la tarjeta de prepago Lealtad de Monex que el PRI entregó a los tabasqueños durante el proceso electoral.
Esas tarjetas, clasificadas como “monederos electrónicos de recompensa”, fueron expedidas por la empresa Sí Vale, propiedad de Monex desde 2008.
El jueves 19 Jesús Murillo Karam, responsable jurídico del PRI, admitió lo que su partido había rechazado por “falso, absurdo y temerario” el 27 de junio: que sí repartió 7 mil 851 tarjetas de prepago, las cuales le costaron 66 millones 326 mil 300 pesos. Según él, mediante un contrato con la empresa Alkino Servicios y Calidad, S.A. de C.V., esos plásticos se le entregaron a personal que realizó trabajos partidistas ajenos a las campañas federales y locales.
Según el folio 393396 del Registro Público de la Propiedad, Alkino se constituyó en 2009 con un capital inicial de 50 mil pesos. Su objeto social es “la comercialización, producción, fabricación, importación y exportación de toda clase de productos de intervención del área de la mercadotecnia, con la promoción y publicidad”. Nada que ver con tarjetas de prepago.
Sus accionistas, nombrados el 17 de diciembre de 2010, son Diana Beatriz Gil Rodríguez, como administradora única, y Mónica Manrique Martínez, como comisario.
Los dirigentes del PRI no contaban con que después de la elección presidencial muchos priistas, simpatizantes y trabajadores de la campaña de Peña Nieto denunciaron que las tarjetas que les entregaron no contenían el pago acordado por su labor en la campaña o por su voto. Los montos oscilaron entre 100 y 2 mil 500 pesos.
Un treintañero que pidió el anonimato narró a Proceso cómo fue la operación en el Distrito Federal, donde se creó una estructura paralela al comité capitalino con operadores de Peña Nieto, a quienes les dieron tarjetas Monex para pagarles 2 mil 500 pesos a cada uno, pero sólo recibieron mil 230 pesos.
El testigo contó que en abril pasado priistas mexiquenses llegaron al Distrito Federal para operar a favor del PRI en las elecciones a jefe de gobierno, jefes delegacionales, diputados federales, asambleístas y presidente de la República, pero se percataron que el PRI capitalino no entregaba las tarjetas a sus operadores.
El malestar de los operadores que no recibieron el pago acordado se manifestó después de que el panista Gil Zuarth denunció las tarjetas Monex azules, de modo que los mandos del PRI prometieron cambiarlas. Aún sin paga, el entrevistado y sus compañeros siguieron “juntando gente” para el PRI.
Comenta que sólo a los priistas capitalinos les repartieron celulares Alcatel GSM contratados con Unefon antes y después de la elección. Algunos operadores a quienes no les pagaron se quedaron con las actas del día de la elección. Eso sucedió, dice, en las delegaciones Iztapalapa y Benito Juárez.
El exoperador muestra a la reportera una tarjeta Lealtad Monex con logotipos de Sí Vale, Master Card –dirigida por Antonio Junco Goicoechea, exdirector de la División de Banca Ixe– y Broxel, una operadora de servicios financieros para empleados de gobierno y del sector privado, cuya página en internet ahora está desactivada.
En diciembre de 2011 Master Card, Sí Vale y Monex lanzaron al mercado 1 millón de tarjetas de regalo Gift Card Monex Sí Vale con tres montos preestablecidos: 250, 500 y mil pesos; se compraban en los establecimientos Blockbuster.
El testimonio del exoperador de la campaña priista coincide con la aclaración de Eduardo Uribe Aguilar, representante general de Peña Nieto en Guanajuato, citado también en la denuncia por lavado de dinero. Él detalló que a nivel nacional el partido entregó 17 mil 500 pesos en tres pagos parciales, además de una compensación de 2 mil 500 pesos. El dinero sí fue repartido, pero a mucha gente no le pagaron todo lo acordado.
De acuerdo con el coordinador de campaña de López Obrador, Ricardo Monreal, las 4 millones de tarjetas Soriana prepagadas costaron 250 millones de pesos. Sumándole el monto de las facturas de Inizzio y Efra, la cifra se eleva a 358 millones 200 mil 764 pesos.
Desde 2009 Monex es investigada por autoridades mexicanas y estadunidenses por sus presuntos vínculos en operaciones de procedencia ilícita. A decir de Monreal, la PGR tiene registradas cuatro averiguaciones previas sobre la empresa por el uso directo o indirecto para mover capitales de dudosa procedencia.
“Entre esas averiguaciones se encuentran los casos de lavado de dinero de los exgobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, en las que se detectaron por lo menos 18 operaciones bajo sospecha, además de la reciente acusación de compra de votos a favor de Peña Nieto con recursos ‘paralelos’ a la campaña electoral.”
Eruviel y los “efectivos”
En 2011 ganó las elecciones del Estado de México el priista Eruviel Ávila Villegas, pese a que se le comprobó el rebase de topes de campaña, en un esquema similar al realizado este año por los priistas alrededor de Peña Nieto.
También se usaron tarjetas como La Efectiva y se triangularon recursos. Los beneficiados podían comprar productos en Soriana, tienda departamental que entre agosto de 2009 y enero de 2011 obtuvo seis contratos con la administración de Peña Nieto para proveerla de despensas, paquetes nutricionales y desayunos escolares por 2 mil 966 millones de pesos, sin IVA.
En la denuncia del Movimiento Progresista por presunto lavado de dinero sobresale también Tiguan, una sociedad mercantil que depositó a Monex 9 millones 228 mil pesos de procedencia desconocida.
Cuando Ávila Villegas estaba en campaña, Tiguan le suministró pulseras, relojes y cubetas, entre otros enseres, por 2.5 millones de pesos, pero –de acuerdo con documentos presentados públicamente por Monreal– facturó sólo 72 mil pesos.
Esa empresa se constituyó el 11 de septiembre de 2008 (folio 389, 454) para distribuir, consignar, editar, traducir, compilar, publicar, imprimir, promocionar y vender toda clase de material. Los accionistas son Juan Antonio Hodrogo Guerra y Luis Viveros Valero, de quienes sólo se consigna su domicilio fiscal en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
De acuerdo con decenas de órdenes de captura correspondientes a gastos de la campaña de Ávila Villegas, entre mayo y junio del año pasado –cuando Peña Nieto aún era gobernador– el PRI mexiquense compró, entre otros objetos promocionales, 1.5 millones de pesos en “pricilindros” e hizo dos erogaciones por “cubetas lecheras”, una de 943 mil 197 pesos y la otra de 1 millón.
Las órdenes fueron firmadas por el director de recursos materiales del PRI, José Pascual Juárez del Reyo. En ese entonces se presentó como titular de la empresa a Mauricio Sánchez, quien no figura en los datos encontrados en el Registro Público de la Propiedad.
Pese a que se exhibieron los documentos mencionados, el PRI negó ante el IFE las acusaciones del equipo de López Obrador.
De igual forma, el jueves 19 aseguró que el partido “de ninguna manera recibió dinero o aportaciones de personas morales, como lo argumenta lo recurrente, ni tiene relación contractual alguna con las empresas que se refieren en el recurso interpuesto, misma que denomina como Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., y Comercializadora Efra”.
De la documentación presentada por el Movimiento Progresista se desprende que el esquema de financiamiento de campaña de Ávila Villegas en el Estado de México y el de Peña Nieto para la Presidencia son idénticos y los operaron las mismas personas.
Luis Videgaray Caso, quien coordinó ambas campañas, mantiene una estrecha relación con la familia Fraga porque su padre, Luis Videgaray Alzaga, fundó en 1957 el Instituto Nacional de Valuación junto con Antonio Fraga Magaña. Formaron parte del grupo de abogados que en los cuarenta tomó el control de la administración pública desde el PRI.
El nieto de Fraga Magaña y miembro de GAP, Gabino Fraga Peña, fue coordinador regional de campaña de Peña Nieto en Tlaxcala, la tierra de la exdirigente nacional priista Beatriz Paredes Rangel. Y cuando ella dirigió la Fundación Colosio, Fraga Peña trabajó ahí.
El padre de Fraga Peña, Gabino Fraga Mouret, fue presidente de la Comisión Nacional Bancaria, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y subsecretario de Relaciones Exteriores en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Asimismo fue secretario de Estado durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado.
Otros priistas mexiquenses que intervinieron en las operaciones financieras de la campaña son Luis Vega Aguilar, secretario de administración del Comité Directivo Estatal (CDE) y actualmente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN); y Benjamín Macedo Pérez, tesorero del PRI del Estado de México, así como de las campañas federales y locales en la entidad.
También participaron Ernesto Aguilar Zúñiga, cajero del CDE y actual auxiliar en la secretaría de administración del CEN; Higinio Martínez, coordinador de fiscalización del PRI mexiquense y hoy en el mismo cargo para las elecciones locales y federales en el estado; y Felipe Aguilar Hernández, secretario particular de Luis Vega desde hace 12 años.
Para la izquierda mexiquense, en 2011 el PRI llevó una doble contabilidad: la de los gastos, los reportados al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), y los “paralelos”. Además de violar la Ley Electoral, esta argucia presuntamente le permitió al partido evadir al fisco. Los denunciantes estimaron que el PRI gastó en la campaña de Eruviel Ávila 85 millones 621 mil 161 pesos.
De acuerdo con el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, las denuncias sobre el presunto rebase de topes de campaña y triangulación de recursos que presentaron el PRI, el PAN y el Movimiento Progresista no se resolverán hasta 2013.
Mientras tanto, López Obrador anunció que el próximo viernes 27 arranca su Plan para la Defensa de la Democracia y la Dignidad en México con el lema “la Presidencia no se compra” y, por su lado, el movimiento #YoSoy132 prepara manifestaciones y no descarta “un estallido social” si las autoridades imponen a Peña Nieto como presidente sin limpiar la elección.
Fuente: Proceso
