lunes, 7 de mayo de 2012

El Tribunal Internacional de Libertad Sindical condenó al Gobierno de Calderón

La represión contra sindicalistas se recrudece
Las transnacionales cometen abuso laboral en México con la complicidad de las autoridades
El Día del Trabajo Electricistas, Telefonistas, Mineros, Maestros exigieron respecto a sus Contratos Colectivos
Por María de Lourdes Martínez González | Periodista de Frecuencia Laboral 
El Tribunal Internacional de Libertad Sindical sesionó en México por tercer año consecutivo y dio a conocer sus resolutivos al terminar el desfile del primero de mayo del 2012, “día del Trabajo”, entre los que acusó al gobierno de Felipe Calderón, de hacer víctimas del desempleo a millones de trabajadores -principalmente a los jóvenes- de eliminar los derechos laborales conquistados en los últimos cien años y de recrudecer la represión contra los trabajadores que defienden su fuente de empleo y sus garantías constitucionales.
Laura Mora de España representante del Tribunal Internacional de Libertad Sindical tuvieron a su cargo la declaración del primero de mayo, en el que señaló que en todo el mundo los trabajadores y trabajadores salieron a marchar, para expresar su desacuerdo con los costos económicos y sociales que no provocaron.

Hugo Barreto de Uruguay de Uruguay, destacó que este tribunal confirmó "un incremento agudo de la violación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de México, así como la criminalización de la protesta social, en medio de una alarmante militarización del país y de una violencia que ha provocado ya 60 mil vidas".

Dijo que el exilio de Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Minero, así como los 12 presos políticos del Sindicato Mexicano de Electricistas, confirman esa violencia laboral. Por lo cual el Tribunal Internacional de Libertad Sindical exigió el respeto a los derechos internacionales a la libre asociación. 

"Encontramos que al final de sexenio del gobierno de Felipe Calderón, que termina este año, el balance para quienes viven de su trabajo es absolutamente negativo, incluyendo la disminución de libertades y derechos. Y en particular, saldo escandaloso de ataques a las libertades de asociación en beneficio de poderos intereses económicos nacionales y extranjeros". 

Dijo que hay una larga cadena de obstáculos que se sigue interponiendo al libre ejecicio de la libertad sindical, como la toma de nota y el registro sindical, aplicados arbitrariamente por las autoridades laborales.

"Increíblemente nos hemos encontrado con que el gobierno del Distrito Federal, en teoría democrático, la junta laboral, ha emitido un decreto que añade ilegalmente más de 300 criterios para otorgar la toma de nota".

Mencionó el caso de los abusos laborales de las transnacionales hacia los trabajadores de Honda, de Atento Telefónica Española y el Caso de Walmart, que en complicidad con las autoridades mexicanas violan los derechos humanos laborales de los trabajadores mexicanos, entre los que se incluye la obstaculización de la organización sindical de los asalariados.

"Llamamos a las diversas instancias internacionales y de derechos humanos y laborales a actuar de inmediato para reclamar al gobierno mexicano congruencia con los tratados internacionales en la materia...ya demostramos en otros países del sur de América Latina que con la organización y la lucha decidida de los pueblos se pueden encontrar otros caminos distintos al neoliberalismo, con más democracia, con más libertad y más autonomía...se puede rescatar la libertad sindical y con ello mejorar sus condiciones de vida".

Por su parte Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, dijo que está en manos de los propios trabajadores evitar que continúe el deterioro de sus condiciones laborales, razonando su voto en las próximas elecciones.

Señaló que además de exigir salario, mejores prestaciones y sus derechos laborales, es importante que los sindicatos democráticos creen una nueva central sindical para defender sus contratos colectivos de trabajo, en el que se contienen los derechos humanos laborales conquistados y que actualmente las autoridades mexicanas e internacionales pretenden desaparecer pretextando una crisis mundial que crearon los grandes capitalistas especulativos, pero quieren hacer pagar a los asalariados. 

El primero de mayo del 2012 en México hubo cuatro marchas distintas, la de los sindicatos integrados al Partido Revolucionarios Institucional, aglutinados en el Congreso del Trabajo. 

La más grande de los sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores y el Frente Sindical Mexicano, en donde se sumaron los electricistas, telefonistas, mineros, maestros de las secciones democráticas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, integrantes del sindicato de la UNAM. Y también hubo participantes nuevos, como el la sección sindical del Sindicato del Estado de México en Chimalhuacán. 

Otras dos marchas pequeñas llegaron al zócalo de la ciudad de México, una encabezada por el Movimiento Proletario Independiente y, una más, por AMOS, cuyos integrantes se declararon contrarios a participar en los procesos electorales, pues advirtieron que los gobernantes de todos los partidos políticos se han corrompido y han canalizado su violencia hacia los trabajadores, con despidos masivos, despojo de los derechos conquistados y agresiones físicas.