"Lo que intentamos decirle a la Corte con esta información es que a diferencia de lo que dice el Gobierno, no son accidentes los abusos cometidos por el Ejército; son operaciones planeadas, operaciones ordenadas por altos mandos para desaparecer, torturar o matar personas".
20 de marzo de 2012 | Inder Bugarin | Reforma
La Haya, Holanda.- El colectivo de más de 23 mil personas que acudió a La Haya para pedir un juicio formal en contra del Presidente Felipe Calderón por los presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por las fuerzas armadas durante su sexenio, presentó nuevas evidencias para reforzar su comunicación ante la Corte Penal Internacional (CPI).
"Lo que intentamos decirle a la Corte con esta información es que a diferencia de lo que dice el Gobierno, no son accidentes los abusos cometidos por el Ejército; son operaciones planeadas, operaciones ordenadas por altos mandos para desaparecer, torturar o matar personas", declaró a REFORMA el abogado Netzaí Sandoval, quien lleva el caso ante la Corte.
El 25 de noviembre, el comité entregó al despacho del fiscal, Luis Moreno Ocampo, una comunicación para atraer la atención de la CPI, sobre las violaciones sistemáticas cometidas por las Fuerzas Armadas con la intención de que se convierta en una causa formal para juzgar el papel y la responsabilidad de Calderón por esos abusos.
La Corte no desechó la comunicación por notoriamente improcedente como pronosticó la Presidencia de la República y ha informado a este medio que ya analiza la información en el fondo.
"La Oficina del Fiscal ha recibido la comunicación con respecto a México y la Oficina analizará la información como lo hacemos con todas las comunicaciones recibidas de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma, y se tomará una decisión en su debido momento", informó Florence Olara.
"Hemos pasado el primer filtro y contrariamente a lo que muchos decían, la Corte no desechó la solicitud por notoriamente improcedente, la información se está analizando", explicó Sandoval.
Entre la nueva documentación entregada a la Corte, destacan documentos relacionados al caso del General Manuel de Jesús Moreno Aviña, quien es juzgado por el Fuero Militar por dedicarse a torturar y desaparecer civiles y sospechosos de narcotráfico.
La información recoge testimonios de elementos del Ejército que se encontraban bajo el mando del General en Ojinaga, Chihuahua, y quejas en contra de Moreno Aviña presentadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por presuntas violaciones a los derechos humanos, como detención arbitraria, cateos ilegales, uso excesivo de la fuerza, tratos crueles, tortura y reventa de drogas confiscadas por las autoridades.
Otro documento presentado es la encuesta elaborada por la firma Parametría en la que se indica que la guerra contra el narco ha dejado 120 mil desplazados.
También se entregó el informe del Comité de Desapariciones Forzada de la ONU en el que se pide tipificar este delito y retirar al Ejército de las calles al ser partícipe de estos crímenes.
"Naciones Unidas le está diciendo a Calderón que la decisión que él tomó de sacar al Ejército a las calles está provocando desapariciones forzadas. Si una vez que ya informado decide que los soldados sigan en las calles, es él quien quiere que sigan cometiéndose estos delitos", agregó Sandoval.
"Aquí hay una responsabilidad de mando a la que debe responder Calderón ante la justicia internacional porque no está tomando las medidas necesarias para que se detengan".
En cuanto a la advertencia de Presidencia de la República de que procedería legalmente contra los integrantes del grupo que acudió a La Haya, el abogado dijo que ya se han solicitado medidas cautelares ante la Corte Internacional de Derechos Humanos.
"Pero lo más lastimoso, es que la actitud del Gobierno de descalificarnos y señalarnos como enemigos públicos ha generado un ambiente de linchamiento y amenazas de muerte contra mí y mi familia", afirmó Netzaí.
Fuente: Terra Noticias
Fuente: Terra Noticias
