Con una diferencia de 24 horas, dos líderes comunitarios, uno en el norte y otra en el sur del país, eran detenidos por elementos de la policía ministerial de la Procuraduría General de la República (PGR) en cumplimiento de sendas órdenes de aprehensión derivadas de denuncias penales interpuestas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
24 febrero 2012 | Boletín de prensa Red vs Altas Tarifas / AMAP
- La defensora de derechos humanos Lucila Bettina Cruz, alcanzó su libertad bajo fianza y salió del penal de Tehuantepec tras una acusación infundada de la Procuraduría General de la República.
- Mientras ella lograba su libertad, en Chihuahua era presentado ante el Juzgado Segundo de Distrito el compañero Francisco Hernández Ochoa detenido por los mismos delitos también por acusación de la CFE.
La Red Nacional de Resistencia contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica anuncia su movilización nacional el 29 de marzo como acción de protesta frente a la actuación de la CFE y la PGR.
Con una diferencia de 24 horas, dos líderes comunitarios, uno en el norte y otra en el sur del país, eran detenidos por elementos de la policía ministerial de la Procuraduría General de la República (PGR) en cumplimiento de sendas órdenes de aprehensión derivadas de denuncias penales interpuestas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Estas detenciones demuestras no sólo un patrón en la actuación de criminalización que viene desarrollando la Comisión Federal de Electricidad en contra de los activistas y los defensores de los derechos humanos que han decidido enfrentar a la paraestatal sobre los altos cobros de la energía eléctrica, sino que demuestra que utilizando los mismos delitos, en complicidad con la Procuraduría General de la República han decidido detener y encarcelar a los representantes de la Red Nacional de Resistencia Contra las Altas Tarifas de la energía eléctrica selectivamente.
Tanto en el norte como en el sur, Bettina y Pancho, enfrentan los mismos delitos catalogados en el titulo de Delitos Contra el consumo y las riquezas nacionales del Código Penal Federal, que en su artículo 253 fracción i) señala:
“Artículo 253.- Son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y se sancionarán con prisión de tres a diez años y con doscientos a mil días multa, los siguientes:
i).- Impedir o tratar de impedir la generación, conducción, transformación, distribución o venta de energía eléctrica de servicio público.”
A ambos se les imputa este delito, por organizar y participar activamente en los movimientos de resistencia contra las altas tarifas, movimientos que exigen solamente la fijación de una tarifa justa y social, apegada a los estándares de accesibilidad, proporcionalidad y equidad que garantice que la energía eléctrica sea considerada como un derecho humano y no como una mercancía.
Además a la compañera Bettina, se le imputa el delito de Privación Ilegal de la Libertad, contenido en el artículo 364 del Código Penal Federal, por haber realizado una manifestación de protesta en oficinas de la CFE del Istmo de Tehuantepec y haber “privado de la libertad” a los funcionarios de la paraestatal, mientras se realizaba el mitin de protesta.
Esta figura de privación ilegal de la libertad pero en su modalidad agravada, fue utilizada por la CFE y la PGR en el año 2009, en contra de otros 3 representantes de la Red Nacional de Resistencia, en el estado de Campeche, en ese momento nuestros compañeros Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas fueron declarados como presos de conciencia por Amnistía Internacional, al acreditar que dichas acusaciones eran infundadas, ellos estuvieron presos 11 meses injustamente.
El uso de las acusaciones penales por parte de la CFE y la sorprendente diligencia con que actúa la PGR en estos casos, se ha convertido en una práctica común que no sólo criminaliza la protesta social, sino que criminaliza la pobreza, pues si no tienes dinero para pagar y te declaras en resistencia te pueden acusar de robo a la riqueza nacional y si decides reclamar una tarifa justa en las oficinas de la paraestatal te pueden acusar de privación ilegal de la libertad.
La energía eléctrica no es un producto de lujo, es una necesidad y es un derecho humano, el acceso a la energía eléctrica no sólo es un indicador de desarrollo, debe de ser también un indicador de justicia social y de progresividad en la garantía de los derechos Económicos, Sociales y Culturales, los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales obligan a los Estados a garantizar el derecho a una vivienda adecuada y al más alto nivel de salud, derechos que serán difíciles de lograr sin los servicios de energía eléctrica.
En ese sentido, la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer”, instituye el derecho a la electricidad como un derecho humano, al establecer que los Estados Partes adoptarán las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer y le asegurarán el derecho a “gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones”, según se lee en el artículo 14 de dicha Convención.
Ante estas acciones del gobierno federal en contra de nuestra Red Nacional, hemos decidido:
• Convocar a la gran movilización nacional el día 29 de marzo en todas las oficinas regionales y estatales de la CFE, con tomas simbólicas de esas dependencias.
• Presentar 1,000 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la Secretaría de Hacienda por la fijación de las tarifas arbitrarias inequitativas desproporcionales a los sectores más pobres de la población.
• Iniciar una campaña nacional para que el Congreso de la Unión instale una mesa que atienda esta problemática y reconozca la energía eléctrica como un derecho constitucional y que fije criterios sociales para el cobro de la misma.
• Ampliar la resistencia civil contra las altas tarifas a todos los estados del país, resguardando la integridad y libertad personal de todos nuestros compañeros y compañeras empleando medidas de resistencia civil que no pongan en riesgo a nuestros integrantes.
México D.F., 24 de febrero de 2012
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