3 febrero 2012 | Juan José Huerta | La Crónica
Es muy preocupante la embestida final de este gobierno contra la estabilidad de las instituciones, por un lado, por la antidemocrática obsesión de conservar el poder no ya para un partido, sino para una facción; por el otro, por la irracional fe en un modelo económico anacrónico que propugna a toda costa la anulación del Estado como ente corrector de las desigualdades económicas y sociales. Y un tercer elemento, tratar de imponer un esquema ideológico y de pensamiento que choca con la historia y los difíciles acuerdos políticos alcanzados en la sociedad mexicana.
Así se llevan a cabo grotescas operaciones políticas que enrarecen el clima electoral de este año, como la “filtración” del arraigo en el país de tres ex gobernadores de Tamaulipas, por una investigación de la Procuraduría General de la República por presuntos vínculos con el crimen organizado, basada en declaraciones de un “testigo protegido”, figura que ya vemos qué fiasco ha resultado, y sin respetar las normas aplicables a los derechos de las personas que no han sido declaradas culpables en debido proceso. Obviamente, en éste y otros anteriores intentos similares, el propósito ha sido perjudicar electoralmente al PRI, pero también se utilizan métodos parecidos en la lucha interna dentro del PAN, cuando se trata de imponer por todos los medios al alcance a un “delfín” como candidato de ese partido a la Presidencia de la República, sin respetar una competencia pareja para los diversos precandidatos.
Que existen grandes monopolios privados en la estructura productiva mexicana es un hecho evidente desde hace mucho, como lo es también el desinterés de sucesivos gobiernos para propiciar una mayor competencia entre proveedores de bienes o servicios; así, el más persistente e incisivo esfuerzo para romper un monopolio, sobre todo en la última década, ha sido dado contra… un monopolio público, Petróleos Mexicanos, en cuyas ganancias extraordinarias el gobierno tiene el control y, por lo tanto, debería poner la mayor atención para que estén siempre al servicio del interés general, lo que lamentablemente no ha sido el caso, pues se han dilapidado los cientos de miles de millones de pesos que aporta Pemex al erario (por cierto, seguimos sin saber cuánto cuestan realmente las coberturas contra la baja en el precio internacional del petróleo… contratadas cuando son fuertes las perspectivas de altos precios del mismo).
¡Ah!, pero eso sí, se toma partido a favor de los conglomerados privados más carentes de responsabilidad social, el duopolio televisivo Televisa-TV Azteca y, en el notable afán de descansar para cualquier proyecto gubernamental (hasta los fuegos de artificio) sobre todo en la sabiduría extranjera, pues no se confía en el talento nacional, el gobierno de México encarga el estudio de un tema tan vital como el de la regulación de las telecomunicaciones en México a un organismo internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que obviamente no tiene escrúpulo en sus recomendaciones de políticas que deben ser aplicadas en el sector. Sí, México es parte integrante de la OCDE, pero, con ese criterio, ¿aceptaría el gobierno de México que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU analizara su estrategia de seguridad y lucha contra el crimen y recomendara las políticas por aplicar? (No preguntemos qué campaña está haciendo el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, para regresar acomodado políticamente a nuestro país).
Y no sólo se descansa en el talento extranjero; se hace cada vez más dependiente al desarrollo económico del país del capital foráneo; así, como parte de las recomendaciones de la OCDE en materia de telecomunicaciones, el secretario del ramo, Dionisio Pérez Jácome, anunció que “se buscará hacer modificaciones al marco legal de telecomunicaciones para generar mejores condiciones de competencia, con la total apertura del sector a la inversión extranjera”. En esa línea, el presidente Felipe Calderón presumió, en el reciente Foro Económico Mundial en Davos, de que “en un entorno global de crisis, México ha recibido en los últimos cinco años más de 106 mil millones de dólares de inversión extranjera directa de diversas empresas”. Bueno, está claro que la economía de nuestro país interactúa en el mundo globalizado, pues esa es la realidad contemporánea, pero, ¿es recomendable al desarrollo nacional la estrategia de depender tanto del exterior? A ese paso, como ya se ve en el sector financiero y bancario, en los puertos, los ferrocarriles, las maquiladoras, etcétera, todo el sector productivo del país estará en manos extranjeras. Es como si el ranchero se enorgulleciera de que cada vez más parcelas de su rancho, los establos, las caballerizas, los frutales, los silos, le pertenezcan a otros.
La gestión de la política económica federal se basa igualmente, como afirma frecuentemente el secretario de Economía, Bruno Ferrari (“se ha priorizado la creación de un ambiente de negocios propicio para la competencia”), en abrir al máximo las fronteras para forzar la mayor competencia a los productores nacionales con los bienes manufacturados en el exterior, aunque éstos entren al mercado mexicano a precios sumamente castigados, incluso por las ínfimas condiciones laborales de los trabajadores que los producen en países extranjeros (véase, por ejemplo, “In China, Human Costs Are Built Into an iPad”, New York Times, 26en12), condiciones que así se quiere generalizar aquí. En cuanto a la dependencia tecnológica del exterior, hay que ver el documentado artículo de Javier Flores (La Jornada, 31en12).
Todas estas políticas se llevan a cabo con un autoritarismo incapaz de buscar consensos entre las diferentes fuerzas políticas y sociales; no lo hay con los trabajadores, respecto a la política laboral ni al cierre abusivo de grandes empresas como Mexicana o compañía de Luz y Fuerza; tampoco hay consenso con los industriales mexicanos sobre la falta de una política industrial; no lo hay con la sociedad en su conjunto con relación en la estrategia y operación de la lucha contra la delincuencia, pues sólo se deja prevalecer el enfoque que lleva a la militarización creciente del país, y no se propicia la discusión seria de opiniones, aun entre los diferentes sectores del mismo gobierno, que vayan más allá de la perspectiva militar o que cuestiones que la estrategia responda sobre todo a objetivos de otro país.
Sin consenso con los gobernados no hay liderazgo, lo que lleva a la ineficacia en la gestión de gobierno; las tan mentadas “reformas estructurales” no se aprueban precisamente por esa razón: no ha sido consensuadas. La falta de un verdadero empeño provoca grandes rezagos en aspectos muy importantes de la administración; así, la crítica situación del campo, agravada por la extrema sequía, era algo que se anunciaba desde hace bastante tiempo, pero no hubo en realidad una adecuada previsión de sus serios efectos en la gente y en sus tierras y animales; apenas en estos días se llevan a cabo algunas acciones de traslado de alimentos recolectados en centros de donación, pero no se ve un enfoque integral de atención a los damnificados.
La ineficacia se trata de borrar con una masiva propaganda oficial tendiente a cambiar las percepciones de la gente sobre la penosa realidad. Los trágicos resultados de la lucha contra la delincuencia y el lugar tan honroso que nuestro país ocupa en el mundo del lavado de dinero, quieren borrarse con machacones anuncios sobre los capos detenidos y los cárteles destruidos. Sí, por discursos no se para en esta administración.
