Editorial-La Jornada
El anuncio emitido ayer sobre el rescate de Mexicana de Aviación por parte del grupo Med Atlántica –a más de 17 meses del cese de operaciones de la aerolínea y luego de que el juez del concurso mercantil, Felipe Consuelo Soto, acreditó la existencia y licitud de 300 millones de dólares destinados a capitalizarla–, es en principio una buena noticia para los trabajadores de la compañía –la mayoría de los cuales lleva 18 meses sin ingresos fijos–, para los usuarios de servicios aeronáuticos –que han debido enfrentar un incremento de 40 por ciento en los costos de los boletos de avión durante todo este tiempo– y para las propias autoridades federales del ramo, cuya credibilidad depende, en buena medida, de que logre concretarse el reinicio de operaciones de la aerolínea más antigua del país.
Ayer, al participar en el anuncio referido, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, señaló que la fecha para el reinicio de operaciones de la empresa aérea
Ayer, al participar en el anuncio referido, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, señaló que la fecha para el reinicio de operaciones de la empresa aérea
está en función de los plazos que marca la ley de concursos mercantilesy que la dependencia a su cargo tendrá que
certificar las capacidades técnicas, jurídicas, administrativas y financierasde la compañía.
A reserva de esperar a que se concreten dichos plazos, el anuncio de ayer obliga a recordar que el principal obstáculo hasta ahora para que Mexicana retome el vuelo no ha sido la falta de inversionistas interesados, sino el desaseo y la confusión que ha imperado durante el largo proceso de concurso mercantil, las presumibles presiones de actores económicos interesados en impedir que Mexicana vuelva al espacio aéreo y el desempeño errático y poco transparente de la autoridad federal.
En efecto, y a contrapelo del interés, manifestado por las autoridades calderonistas hace más de un año, en que la empresa aeronáutica
vuelva a volar cuanto antes, los trabajadores de la compañía han venido denunciando en estos meses diversas acciones del gobierno federal que parecieran orientadas a evitar el salvamento de la empresa, como la introducción de requisitos adicionales y discrecionales a los potenciales inversionistas, las presiones al Poder Judicial para remover al juez encargado de ese proceso jurídico-administrativo –según denunció en su momento el sindicato de trabajadores en tierra de Mexicana–, y, recientemente, la ambigüedad oficial ante la solicitud de devolución de las rutas y los slots –horarios de despegue y aterrizaje– de la aerolínea.
Con tales prácticas, las autoridades sembraron en la opinión pública la impresión de que la quiebra de la línea aérea no era necesariamente un escenario indeseable para ellas, y de que buscaban, con su comportamiento, disuadir a los grupos de inversionistas que manifestaron su interés en rescatarla y beneficiar y fortalecer a sus competidoras nacionales y a consorcios aéreos foráneos. Para restañar ese deterioro en la imagen y la credibilidad de las autoridades del ramo, lo procedente es que el gobierno, ante la perspectiva del rescate de Mexicana por parte de Med Atlántica, brinde todas las facilidades para que ese proceso se concrete y la aerolínea vuelva a operar cuanto antes.
En contraste con el cuestionable desempeño de las autoridades federales en el caso, es inevitable destacar la actuación del juez encargado del concurso mercantil, Felipe Consuelo, quien durante todo este tiempo dio muestras de su disposición de emplear los recursos legales a su alcance para conseguir el reinicio de operaciones de Mexicana y exhibió, con ello, voluntad para anteponer el bien común por sobre las presiones y los intereses particulares, elementos que no suelen verse muy seguido en el ámbito de la justicia nacional.
Ciertamente, el plan de operaciones esbozado por el grupo empresarial que se dispone a capitalizar a la aerolínea hace suponer que el retorno de ésta al espacio aéreo se daría en condiciones adversas: a la desventaja que supone haber permanecido año y medio en inactividad, ha de añadirse la reducción en su plantilla de trabajadores, de 8 mil 500 a 2 mil 600; en su flotilla de aeronaves, de 112 a siete, y en el número de rutas cubiertas. Cabe esperar que Mexicana logre sobreponerse a esas adversidades, por el bien de sus trabajadores, de los usuarios y del país
