Arturo Alcalde Justiniani | Periodico La Jornada - Opinión | Sábado 25 de Febrero 2012
Más allá de las declaraciones escuchadas todos los días, de los lugares comunes que se repiten con una propaganda que aturde y de la campaña orientada a tratar de convencernos de que necesitamos 18 años de gobierno del mismo partido, la realidad se impone con toda su dureza y con base en datos concretos nos acredita las deficiencias de la actual administración federal. No es motivo para alegrar a nadie, porque sus consecuencias afectan nuestra calidad de vida.
Poco a poco se ha integrado un mapa de resultados con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2010, efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que conforme al artículo 74 constitucional tiene por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. De cada 10 auditorías realizadas por este organismo, siete presentaron problemas en el manejo de los recursos o la aplicación de normas, una cuarta parte de los resultados son negativos. El denominador común es que la administración ha incurrido en deficiencias que deben aclararse. Las dependencias y entidades del Ejecutivo federal más problemáticas se ubican en las áreas de energía, hacienda, educación y comunicaciones y transportes. La ineficiencia, el despilfarro y la presunción de que en algunos reglones fundamentales existió deshonestidad se cierne como una sombra.
Uno de los resultados que mayor indignación ha provocado son los gastos de comunicación social del Ejecutivo, los cuales subieron más de 500 por ciento, generando una erogación –en cuatro años– de 7 mil 470 millones de pesos, de los que 574 millones corresponden a 2007, mil 769 a 2008, 2 mil 277 a 2009 y 2 mil 850 a 2010. Obviamente, esta gigantesca erogación da idea de las prioridades de gasto del gobierno y de la ausencia de criterios de racionalidad, economía y austeridad, que plantea la ley. La divulgación de supuestos logros y la creación de una imagen de gobierno eficaz y responsable son los principales contenidos de la propaganda gubernamental, que significa además importantes ingresos para las televisoras.
Se plantea la pregunta sobre el sentido que tiene que el Instituto Mexicano del Seguro Social, que la Comisión Federal de Electricidad o que Petróleos Mexicanos u otros organismos eroguen recursos para promover sus servicios, cuando resulta obvio que no están compitiendo con nadie. Quien va al IMSS es por necesidad, en otras palabras, porque no le queda de otra. Lo mismo sucede con las demás dependencias, que no tienen competencia; los usuarios de sus servicios no podemos optar entre dos empresas eléctricas o dos petroleras, por esta razón no se justifica el gasto de 3 mil millones de pesos anuales en publicidad; ya sólo falta que en su propaganda se nos pregunte: ¿quién lo recomendó con nosotros?, ¿volvería a utilizar nuestros servicios?
Como símbolo adicional de la irracionalidad del gasto durante este sexenio, habría que agregar los 3 mil 751 millones de pesos canalizados al fideicomiso creado para los actos del bicentenario y edificación de la Estela de Luz, esta última casi triplicó su costo inicial, ascendiendo a mil 100 millones de pesos. La ASF destaca que 276 millones son gastos duplicados; todas las instancias involucradas se deslindan de la aprobación del incremento en el costo de la columna, y la institución fiscalizadora recomienda al gobierno no liquidar el finiquito de la obra, dados los incumplimientos encontrados.
Uno de los resultados que mayor indignación ha provocado son los gastos de comunicación social del Ejecutivo, los cuales subieron más de 500 por ciento, generando una erogación –en cuatro años– de 7 mil 470 millones de pesos, de los que 574 millones corresponden a 2007, mil 769 a 2008, 2 mil 277 a 2009 y 2 mil 850 a 2010. Obviamente, esta gigantesca erogación da idea de las prioridades de gasto del gobierno y de la ausencia de criterios de racionalidad, economía y austeridad, que plantea la ley. La divulgación de supuestos logros y la creación de una imagen de gobierno eficaz y responsable son los principales contenidos de la propaganda gubernamental, que significa además importantes ingresos para las televisoras.
Se plantea la pregunta sobre el sentido que tiene que el Instituto Mexicano del Seguro Social, que la Comisión Federal de Electricidad o que Petróleos Mexicanos u otros organismos eroguen recursos para promover sus servicios, cuando resulta obvio que no están compitiendo con nadie. Quien va al IMSS es por necesidad, en otras palabras, porque no le queda de otra. Lo mismo sucede con las demás dependencias, que no tienen competencia; los usuarios de sus servicios no podemos optar entre dos empresas eléctricas o dos petroleras, por esta razón no se justifica el gasto de 3 mil millones de pesos anuales en publicidad; ya sólo falta que en su propaganda se nos pregunte: ¿quién lo recomendó con nosotros?, ¿volvería a utilizar nuestros servicios?
Como símbolo adicional de la irracionalidad del gasto durante este sexenio, habría que agregar los 3 mil 751 millones de pesos canalizados al fideicomiso creado para los actos del bicentenario y edificación de la Estela de Luz, esta última casi triplicó su costo inicial, ascendiendo a mil 100 millones de pesos. La ASF destaca que 276 millones son gastos duplicados; todas las instancias involucradas se deslindan de la aprobación del incremento en el costo de la columna, y la institución fiscalizadora recomienda al gobierno no liquidar el finiquito de la obra, dados los incumplimientos encontrados.
La lista de objeciones es inagotable; se puede voltear hacia cualquier extremo y aparecen las inconsistencias en el manejo de los recursos públicos. La CFE perdona 271 millones de pesos a la empresa suiza ABB, penalizada por retrasos en la entrega de equipos, y a la vez calcula el consumo de energía en el valle de México a 17 por ciento de usuarios sin revisar medidores, y aplica indebidamente ajustes a la alza a 47 por ciento de usuarios en esta región, contraviniendo el acuerdo 87 de la Junta de Gobierno de la CFE. Se destaca en el informe que sólo en 2010, esta dependencia pagó 74 mil millones de pesos a la iniciativa privada por generación de electricidad; ni más ni menos que 30 por ciento de su presupuesto total. A ella se le imputa la pérdida de 4 mil 548 millones de pesos, derivada de la concesión por 20 años de la fibra oscura a Televisa, acto que involucra a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por haber concesionado la red a pesar de conocer sus impedimentos. La ASF genera una conclusión que por sí sola hubiese provocado un escándalo; de haber mantenido esta red en propiedad de la paraestatal se habrían generado ingresos por 5 mil 431 millones de pesos. Se sugiere abiertamente la necesidad de fincar responsabilidades a los funcionarios involucrados. ¿Dónde quedará el final de esta historia? La otra interrogante es: ¿por qué debe mantenerse una concesión en términos tan dañinos para el país?
En relación con la política energética, que constituye un elemento clave en nuestra vida económica, el proyecto de Chicontepec descubre otra parte de este rostro: en él se concentra 40 por ciento de la reserva petrolera del país y debió presentar beneficios –según los cálculos planeados– de 85.5 centavos por peso invertido. Contrario a lo esperado, generó pérdidas por 30.4 centavos antes de impuestos. Leemos con indignación las crónicas al respecto. Las causas: incumplimiento de metas de producción de petróleo y gas, y la demora en la perforación de pozos. Para remate, sale a la luz pública una tesorería paralela fuera del país, manejada por las filiales de Pemex en el extranjero, que están fuera de fiscalización. Aparece la nota de que sólo en 2010 estas cuentas movían un excedente de efectivo por un total de mil 700 millones de dólares.
Las deficiencias no se limitan al Ejecutivo federal, también aparecen en los otros poderes. Habrá que esperar las conclusiones de los diputados sobre este informe. Más allá de las mismas, se hace evidente un clamor: no más impunidad en el manejo de los recursos públicos, que tanto necesitamos para atender las gigantescas carencias que padece la mayoría de la población.
