El PRD interpone queja contra el presidente por usar fondos públicos para proselitismo
La secretaría ejecutiva del instituto descartó que encuesta esté anotada, dice el consejero BañosFabiola Martínez | Periódico La Jornada | Sábado 25 de febrero de 2012, p. 5
La encuesta que difundió el jueves el presidente Felipe Calderón ante consejeros de Banamex no está registrada ante el Instituto Federal Electoral (IFE), requisito que fija la ley respectiva para divulgar estudios de opinión.
El consejero electoral Marco Antonio Baños Martínez consultó el particular con el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo, y en ningún estudio de opinión se plantea un acercamiento de cuatro puntos en las preferencias del voto entre la virtual abanderada del PAN, Josefina Vázquez Mota, y el precandidato del PRI, Enrique Peña Nieto, como mencionó el Presidente, según comentarios de participantes en el encuentro.
El PRD presentó ayer ante el IFE una queja contra Calderón por violar la Constitución (artículo 134, párrafo séptimo) al utilizar recursos públicos para hacer proselitismo y por entrometerse de manera ilegal en el proceso electoral en favor del PAN y de su candidata a la Presidencia. La queja es apoyada por los demás partidos que integran la coalición Movimiento Progresista (Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano) y se sustenta en reportes de medios de información que reprodujeron las comentarios de consejeros bancarios.
No hay sanción
En el documento se expone que el mandatario se reunió con integrantes de Banamex en privado, pero en calidad de Presidente de la República. El PRD alega la difusión ilegal del supuesto estudio de preferencias electorales, pero el código no prevé sanción por ello, aunque sí formará parte del proceso especial sancionador que se ha iniciado contra el jefe del Ejecutivo.
El artículo 237 de dicho código estipula que quienes deseen llevar a cabo encuestas al inicio del proceso y hasta el final de éste tienen que entregar copia del estudio a la secretaría ejecutiva del IFE antes de que se difundan los resultados.
Al respecto, Baños indicó en entrevista: “Quiero decir con toda claridad que ya hice la consulta respectiva y ese documento no está registrado ante el instituto. No hay encuesta que contenga las proporciones de tendencias de votación que mencionó Calderón. No hay documento registrado así. Al menos esa fue la información que me dio la secretaría ejecutiva”.
–¿Está como encuesta del blanquiazul?
–No hay ningún documento registrado con esas tendencias, ni por el PAN ni por ninguna otra organización. No quiero entrar a una polémica en la que la autoridad esté metida, pero nosotros nos vamos a sujetar a lo que dice el código. Por supuesto, lo más relevante en ese diferendo es que no haya injerencia de autoridades y servidores públicos que pudieran generar tensiones innecesarias en el proceso electoral.
Explicó que la autoridad podría requerir, en el contexto de una investigación de oficio y en atención a una queja recibida, el video de dicha reunión.
En la queja interpuesta por el PRD se indica que la conducta denunciada es contraria a lo dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución, el cual estipula que los funcionarios, en todo momento, tienen la obligación de aplicar los recursos públicos con imparcialidad y que Calderón violó ese principio.
Jaime Cárdenas, diputado del PT, dijo que su partido estará muy pendiente de cada paso que dé Felipe Calderón, porque no desea que se repitan los acontecimientos de la elección de 2006, cuando el entonces presidente Vicente Fox intervino de manera ilegal en el proceso.
“La actitud de Calderón es irresponsable, porque está poniendo en riesgo la validez. Con esa intervención podría anularse el proceso”, subrayó.
Al preguntarle acerca de que el IFE no ha quitado registros por actos anticipados de campaña, salvo en el caso de una precandidata de Quintana Roo a una diputación federal, Cárdenas enfatizó que lo importante desde el punto de vista jurídico es dejar el antecedente, “por si al final del proceso es necesario impugnar toda la elección; que quede constancia de que hubo irregularidades durante el proceso y que los partidos de la coalición del Movimiento Progresista no aceptaron esas irregularidades”.
