Lilia Arellano - Opinión EMET | Jueves 16 de Febrero 2012La cuenta regresiva para Felipe Calderón y todos los integrantes de su administración ya inició y no tendrán que esperarse hasta la tarde o noche del próximo 1 de julio para saber con certeza quienes los habrán de relevar al frente del gobierno federal mexicano. El hecho que los tiene apanicados es que habrán de entregarle la Presidencia de la República al abanderado de un partido que no será Acción Nacional.
A menos que suceda una verdadera tragedia nacional o un megafraude electoral, toda vez que el recuento de daños es alto y muy abultado e implica responsabilidades de carácter tanto administrativo como legal por las que habrán de responder no sólo ante la opinión pública sino ante los tribunales.
A menos que suceda una verdadera tragedia nacional o un megafraude electoral, toda vez que el recuento de daños es alto y muy abultado e implica responsabilidades de carácter tanto administrativo como legal por las que habrán de responder no sólo ante la opinión pública sino ante los tribunales.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) ya dio cuenta de la profunda corrupción que imperó e impera en esta gestión, el criminal despilfarro de los recursos de los contribuyentes, el desastre económico, político y social del panismo y la extrema derecha, que lo único que ha dejado al país es pobreza, desolación, muerte y enriquecimiento de unos cuantos potentados; mientras que el “Foro Internacional Drogas: un balance a un siglo de su prohibición” exhibió el fracaso en la “guerra” contra el crimen organizado, los errores cometidos, los excesos, la violación de la legislación vigente, el atropello a los derechos humanos, la falsedad de la premisa oficial de “erradicar” el mercado de las drogas, entre otros, y aglutinó a prestigiadas voces nacionales e internacionales en torno a la demanda generalizada de cambiar la estrategia y el modelo que se ha aplicado a lo largo de más de cinco años y que ha dejado más de 60 mil muertos.
Juan Manuel Portal, titular de la ASF, entregó a la Cámara de Diputados las mil 31 auditorias que se realizaron a diversos entes públicos en donde se constataron hechos vergonzosos de corrupción institucional en la revisión de la Cuenta Pública 2010, que generó 98 denuncias penales por irregularidades en el gasto público, es decir, un aumento de casi tres veces respecto a lo registrado en la revisión de la Cuenta Pública de 2009 que fueron 34. De las auditorías practicadas, 626 fueron de enfoque financiero y de cumplimiento normativo, 205 de desempeño, 143 de inversiones físicas, 44 especiales, 11 forenses y dos de situación excepcional. Se incluyen 558 auditorías a estados y municipios. Como consecuencia de la fiscalización efectuada, se determinaron 9 mil 39 observaciones que generaron la promoción de 10 mil 778 acciones, de las cuales 6 mil 925 fueron de tipo preventivo y 3 mil 843 de carácter correctivo.
Fuente: EMET
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