25 enero 2012 | Guadalupe Cruz Jaimes | Oaxaca Ya
México, DF, 24 ene 12 (CIMAC).- La Oficina Nacional Administrativa de Canadá y la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales de Estados Unidos admitieron la queja del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por las “graves” violaciones a los derechos laborales de 44 mil trabajadoras y trabajadores “despedidos injustificadamente” tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en 2009.
En conferencia de prensa, Humberto Montes de Oca, vocero del SME, señaló que la queja, presentada en noviembre pasado, acusa a Felipe Calderón de transgredir convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y acuerdos de colaboración laboral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La admisión de la queja, que será resuelta en 120 días por la oficina de Canadá y a más tardar en 180 días por la oficina estadounidense, representa un “triunfo” para el SME, pero también una forma de presionar al gobierno federal para que devuelva el empleo a las y los 16 mil 599 electricistas no liquidados, y la libertad a los 12 “presos políticos”, subrayó el sindicalista.
Al respecto, Martín Esparza, secretario general del SME, informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) ya tiene las propuestas de solución al conflicto, las cuales serán discutidas con las autoridades hoy a las 8 de la noche en el Palacio de Covián.
El gremio electricista entregó dos iniciativas; la primera consiste en la contratación directa de las más de 16 mil trabajadoras y trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo costo sería de 2.5 millones de pesos, monto que la empresa puede pagar, ya que con la infraestructura que pertenecía a LyFC factura cada año 56 millones de pesos.
Además de la viabilidad económica, la legislación laboral permite a las empresas operar con dos sindicatos y el SME tiene un acuerdo con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana que define las zonas y materia de trabajo que corresponden a cada gremio.
NUEVA EMPRESA
La segunda propuesta del sindicato es crear una empresa paraestatal que suministre el servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal, mediante la transferencia de activos de la Federación al gobierno local y funcionaría como una empresa subsidiaria o descentralizada de la CFE.
Con base en un marco jurídico, “tenemos la definición de funciones, los centros de trabajo y cómo se incorporaría el personal”. De este modo, además de la ocupación del gremio “se resuelve el problema de energía eléctrica en el primer cuadro de la Ciudad de México y de las delegaciones, donde (la CFE) ha arruinando la red de mediana y baja tensión”, y ha elevado las tarifas del servicio.
Según información del SME, de los 6.5 millones de personas usuarias, 3.5 millones han dejado de pagar el servicio debido a que con el suministro de energía de CFE el costo kilowatt-hora aumentó de 2.70 a 3.70 pesos.
El líder del SME dijo que además de la búsqueda de una “solución política” al conflicto y la movilización social, el gremio continuará con el proceso legal mediante el cual demandan su reinstalación laboral, así como el seguimiento a la iniciativa que presentaron en el Congreso de la Unión para crear una empresa pública.
Así, adelantó Esparza, el próximo jueves se manifestarán frente a la embajada de Grecia en apoyo a los trabajadores electricistas de ese país que fueron despedidos por no cortar el suministro de energía a personas que no podían pagarlo. El viernes el SME marchará del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino a las 4 de la tarde.
De igual modo seguirán con los mítines en la zona centro del país para informar a las y los usuarios de energía eléctrica acerca del conflicto laboral, pero también acusarán al candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, de “enemigo de los trabajadores”, por avalar el decreto de extinción de LyFC y la privatización del sector eléctrico en el país, afirmó.
En ese sentido también denunciarán en las delegaciones capitalinas que Beatriz Paredes “es una simuladora”, ya que en 2009, cuando estuvo al frente del PRI, acordó “golpear al SME” y “dio línea” para que su partido no firmara la controversia constitucional en la Cámara de Diputados, para echar atrás el decreto emitido por Calderón.
