23 diciembre 2011 | Jenaro Villamil
A 15 meses de que Mexicana de Aviación suspendiera sus vuelos el 28 de agosto de 2010, convirtiéndose en la quinta empresa aeronáutica que dejó de operar en este sexenio, tras el desfile de 29 posibles compradores y el intento frustrado de 3 grupos (PC Capital, Med Atlántica e Iván Barona) por adquirir la principal compañía nacional en este ramo, los grandes beneficiarios de esta crisis son los inversionistas extranjeros que están detrás de Aeroméxico, Volaris e Interjet, y pretenden quedarse con el 30 por ciento del mercado que tenía la empresa que el grupo de Gastón Azcárraga dejó en la insolvencia.
En contraste, los más afectados por la prolongada ausencia de Mexicana en el mercado son los propios consumidores que se han enfrentado a un incremento real del 40 por ciento de los precios del boletaje, de acuerdo a un estudio del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y los trabajadores de los tres sindicatos que han buscado salvar sus fuentes de empleo, así como su participación accionaria del 5 por ciento en la compañía, ante el riesgo reiterado de que el 10 de febrero de 2012, la empresa se declare en quiebra y no pueda volver a volar.
Informes de la propia compañía revelan que Mexicana de Aviación está lista para volar desde noviembre de este año, ya que en este proceso de concurso mercantil y saneamiento ha disminuido de 17 mil millones a 4 mil millones de pesos sus pasivos: con sus acreedores ha renegociado deudas de 10 mil a 700 millones de pesos, el pasivo laboral ha bajado a 971 millones de pesos, con el gobierno federal ha disminuido a 1,200 millones de pesos y sus gastos operativos están en 829 millones de pesos.
“La empresa está lista para volar. Mexicana tiene mucho más valor ahora que antes. Hemos llegado a un acuerdo laboral con ASPA (el sindicato de pilotos) para disminuir en 65 por ciento el costo laboral, somos la tercera marca mexicana más conocida en el mundo, pero las autoridades han ido retrasando el proceso”, sintetiza Adolfo Crespo, director de Comunicación Corporativa de Mexicana.
Por su parte, el juez Felipe Consuelo Soto, responsable del juicio por concurso mercantil, ha insistido públicamente en la falta de voluntad política por parte del gobierno de Felipe Calderón para evitar que la línea se declare en quiebra y deje de operar definitivamente.
“Al tratarse de una empresa bandera de la aviación, con su importancia y todo lo que tiene para iniciar el arranque, el gobierno podría dar otras facilidades a los inversionistas y a los propios trabajadores, esquemas de inversión que después de reactivada la empresa pueda ir recuperando”, declaró el magistrado, juez décimo primero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, a la agencia CNN-Expansión.
“En estos 15 meses, de todo lo que generaba Mexicana, como impulso a la economía y divisas, se ha perdido mucho”, reiteró Consuelo Soto, quien tuvo serias diferencias con las autoridades de la SCT y de la Secretaría del Trabajo ante el episodio reciente del intento de compra de Iván Barona, empresario minero, que fue el último interesado públicamente en adquirir la empresa, apoyado por Med Atlántica, del empresario español Christian Cadenas.
Finalmente, Barona desistió en la última semana de noviembre, luego del mandato del juez Consuelo Soto de que se investigara la validez de los documentos que había presentado para reestructurar Mexicana.
Actualmente, existen 3 grupos interesados en la adquisición de la aerolínea, pero sus nombres se mantienen en estricta confidencialidad ante las dificultades que se han presentado e, incluso, las amenazas y advertencias que otros empresarios recibieron para que no invirtieran en la compañía.
El ahora ex secretario de Trabajo, Javier Lozano, mantuvo una posición a favor de la quiebra de Mexicana. Apenas el 17 de noviembre, Lozano les sugirió a los trabajadores que valoraran la pertinencia de ser liquidados antes de que los activos de la aerolínea se sigan depreciando.
Lozano llamó a los trabajadores de los tres sindicatos involucrados con Mexicana a que analicen la situación porque “la peor de las sorpresas que se pueden llevar es que se generen expectativas de que lleguen los recursos, pero, como ha sucedido con anteriores inversionistas, el capital no se presente”.
“Aunque no le guste al juez Felipe Consuelo, eventualmente tendría que declarar una quiebra de Mexicana”, afirmó Lozano, de acuerdo con el despacho informativo de la agencia Notimex.
El subsecretario de Transporte de la SCT, Felipe Duarte Olvera, señalado por trabajadores e inversionistas como otro de los obstáculos para que Mexicana vuelva a volar afirmó el 10 de noviembre que “el ritmo de capitalización de la empresa es responsabilidad del inversionista interesado y los acuerdos a los que se llegue con los acreedores en el concurso”.
Duarte Olvera reiteró en el más reciente posicionamiento de la SCT sobre el caso Mexicana que los interesados en adquirir a la compañía deben acreditar “capacidad técnica, financiera, jurídica y administrativa”. “Esto en beneficio de los consumidores y de que las actividades de la industria se lleven a cabo en condiciones de seguridad operativa”, agregó.