16 noviembre 2011 | Sergio Ferrer | El Sur Acapulco
Ayer, tras la sesión de la Cámara de Diputados en San Lázaro, la lucha por la tarifa preferencial de energía eléctrica en regiones marginales de Guerrero, logró un presupuesto de 100 millones de pesos: 35 millones de pesos se destinaron por medio del Congreso, 15 mediante el gobierno estatal y otros 50 millones que serán utilizados para la condonación de la deuda de usuarios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De la lucha gestada en la Montaña por el Comité de Gestoría y Defensa Social de esa región, iniciada por Abel Bruno Arriaga y Daniel Castro Flores -este último asesinado sin que a la fecha se tenga indicios de los culpables-, se han derivado una serie de beneficios básicos en materia eléctrica para comunidades de La Montaña y la Costa Chica esencialmente.
Claudio Ortega Mendoza, del Comité de Gestoría, quien con el na savi, Bruno Plácido ingreso al Congreso, comunicó a El Sur de manera general que el presupuesto en materia energética, provino de la designación de recurso a través del Ramo 23 que atiende a entidades de menor índice de desarrollo social.
También informó que se habrán de destinar recursos económicos para el proyecto de alumbrado público a comunidades de más de 100 habitantes por medio de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi).
En cuanto a la generación de energías alternativas, el Congreso destinará una cantidad que se incluirá en el presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología.
La movilización, reconocida también por la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero (Upoeg) que engloba a luchadores sociales e indígenas de regiones de Guerrero que tienen comunidades marginadas, celebró como un logro importante para los pueblos originarios la tarde del martes, mientras los manifestantes guerrerenses recogían su plantón instalado desde hace 20 días, el cual bloqueaba una de las salidas del Palacio Legislativo.
Desde la mañana, comisarios, promotores comunitarios y mujeres de municipios de La Montaña y costa Chica, hablaron por una bocina del esfuerzo y la necesidad de luchar por una tarifa de energía eléctrica justa. Otras organizaciones protestaban en busca de presupuesto o atención a sus demandas.
Hilaria Liborio Rojas, una mujer de Ayutla de los libres, alegó en el micrófono que la lucha de los pueblos no era con armas o de sublevarse contra el Estado, "nuestro trabajo es con las manos, estamos en la lucha; yo tuve una deuda de 120 mil pesos, me la redujeron a 60 mil, pero aún así no podría pagar la deuda, hace un tiempo un funcionarios de la CFE, me amenazó con que iría a parar a la cárcel", gritó ante indígenas y trabajadores del INAH que se solidarizaron con la Upoeg.
Se supo que el diputado del PRD de Guerrero Filemón Navarro "peleo" para que se aprobara el presupuesto para la tarifa preferencial, no se conoció la postura del también diputado perredista Armando Ríos Piter; en cuanto a funcionarios del gobierno guerrerense, por la tarde, la coordinadora general de Fortalecimiento Municipal, Beatriz Mojíca visitó San Lázaro, así como el director de Cicaeg, Manuel Tínoco Reyna.
