04 de agosto de 2011 | Alfonso Juárez, Abel Barajas y Antonio Baranda | ReformaCiudad de México.- A 300 días de haber sido asegurado, el yate Dream Seeker, relacionado con un presunto caso de corrupción contra el ex director de operaciones de la CFE Néstor Félix Moreno Díaz, continúa anclado en el olvido y custodiado por la Secretaría de Marina en Acapulco.
"No han solicitado nada ni cambio. Ningún papeleo se ha hecho hasta el momento", revelaron fuentes de Capitanía del puerto.
Y mientras el caso avanza lentamente en la PGR, en Estados Unidos, en mayo pasado una corte federal declaró a cuatro personas culpables de entregar sobornos a servidores mexicanos, uno de los cuales podría ser Moreno.
Y mientras el caso avanza lentamente en la PGR, en Estados Unidos, en mayo pasado una corte federal declaró a cuatro personas culpables de entregar sobornos a servidores mexicanos, uno de los cuales podría ser Moreno.
El ex funcionario mexicano es probable responsable de los delitos de fraude y cohecho en las indagatorias de la Procuraduría por presuntos sobornos de empresas trasnacionales, informaron fuentes allegadas al caso.
Bajo esa calidad jurídica compareció en marzo pasado en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra Servidores Públicos, la cual revivió una denuncia presentada en 2005 por presuntas mordidas exigidas a la empresa suiza ABB para otorgarle contratos.
Las fuentes indicaron que, en su averiguación previa, la PGR ha rastreado ya buena parte de la información de los bienes inmuebles de Moreno, así como los reportes de carácter financiero registrados a su nombre.
Precisaron que el expediente ministerial se basa en dos denuncias, una de ABB de hace seis años y otra de la Secretaría de la Función Pública y la CFE de 2010, derivada de los casos de corrupción que se procesan en EU.
La Secretaría de la Función Pública no puede sancionar al ex director de operaciones de la CFE hasta que la PGR no concluya el proceso.
La primera denuncia, explicaron las fuentes, es una denuncia que estaba en la reserva y que fue reactivada a raíz de que en 2010 se dieron a conocer públicamente las capturas en Estados Unidos de implicados en el pago de sobornos a funcionarios de la CFE.
En el caso de la querella del Gobierno, mencionaron que la información deriva de los procesos que se dirimen en las Cortes Federales de los Distritos Central de California, en Los Ángeles, y Sur de Texas, en Houston.
En el primer asunto, fueron acusados Enrique Faustino Aguilar Noriega y Ángela María Gómez Aguilar de ser intermediarios de la empresa Lindsey Manufacturing Company, para pagar sobornos de 5.9 millones de dólares a funcionarios de la CFE; entre ellos, presuntamente a Néstor Moreno.
En este expediente judicial es donde se señala que Moreno habría recibido un yate de 1.8 millones de dólares y un Ferrari de 297 mil dólares, más de 170 mil dólares a una tarjeta y otros pagos por 600 mil dólares, por otorgar contratos de arrendamiento de plantas de emergencia.
En el proceso de Houston, se indica que de 1997 a 2004 el empresario Fernando Maya Basurto, recientemente liberado bajo fianza, fue el intermediario de la empresa suiza ABB Network Management, para pagar 1.9 millones de dólares a cuatro mandos de la CFE, entre ellos Moreno.
Supuestamente los sobornos fueron saldados a cambio de los contratos de la instalación del sistema informático del despacho de electricidad del Centro Nacional de Control de Energía.
Pese a los montos mencionados, el cohecho y el fraude no son delitos graves a nivel federal y en el caso hipotético de que los funcionarios de la CFE sean consignados por alguno de esos ilícitos, tendrán el beneficio de la libertad provisional bajo caución.
Mantienen cuatro indagatorias
La Secretaría de la Función Pública mantiene abiertas cuatro investigaciones en donde está involucrado el ex director de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, tanto en el Órgano Interno de Control de la CFE, como en la misma dependencia federal.
De acuerdo con funcionarios de la dependencia, aunque ya se han detectado irregularidades que involucran a tres empresas, aún no pueden dar detalles del caso, debido a que éste no ha concluido y cualquier declaración pudiera entorpecer el curso de las investigaciones.
Destacaron que en cada investigación se revisan detalladamente cada uno de los contratos, pero también la actuación de diversos funcionarios involucrados en autorizaciones, adjudicaciones y firmas de contratos.
Sin embargo, la SFP explicó que sólo investiga la procedencia de lo que acumuló durante su gestión como funcionario, para poder aplicar las sanciones correspondientes y las denuncias en caso de que se compruebe enriquecimiento ilícito.
