20 Julio, 2011 | Alberto Aguirre M. | El Economista
A la crisis burocrática que provocan -en el corto plazo- las casi 70,000 quejas interpuestas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la Procuraduría Federal del Consumidor para reclamar cobros excesivos e injustificados debe sumarse la amenaza que representa para la gobernabilidad democrática el surgimiento de decenas de agrupaciones ciudadanas que, además de una huelga de pagos, amagan con impedir el acceso de las brigadas de trabajadores que incursionan casi clandestinamente a desbaratar medidores y cortar el servicio.
Lo que hace unos años iniciaron ONGs como el Frente Cívico Mexicalense en el extremo noroeste del país, ahora se extiende a toda la República Mexicana. A las denuncias de Al Consumidor ha trascendido la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, instalada en el radicalismo, que reclama una respuesta urgente por parte del gobierno federal.
Los reclamos por los recibos locos serán un tema que rebrote en las campañas del 2012, aunque ya es bandera de perredistas y priístas por mero asunto de definición de política económica. En el mismo sentido, importantes voces en el sector privado han buscado llamar la atención del régimen calderonista sobre esta bomba de tiempo.
Y es que, por una parte, las tarifas domésticas de mayor uso -las 1, 1B y 1C que se aplican a 83% de la población- se incrementaron 7.2% durante los primeros seis meses de este 2011 (el doble de la inflación) y la Doméstica de Alto Consumo (DAC), tarifa de aplicación automática cuando se rebasa el consumo de 250 Kilowatts/hora, se ha incrementado 11% en el mismo lapso de tiempo.
A los usuarios residentes en zonas de escasos recursos -tanto urbanas como rurales- les llegan cobros estratosféricos de un bimestre al siguiente. En algunos casos, familias que pagaban hasta 200 pesos han sido emplazados a cubrir adeudos que van desde 2,000 pesos hasta 10,000 pesos, sin posibilidad de que haya una revisión o proceda una reclamación.
La incidencia de los recibos locos, explicaron inicialmente en la CFE, obedecía a la eliminación de los subsidios para los usuarios con tarifas DAC.
Por lo que respecta a las tarifas industriales y de servicios, éstas registraban 26% de incremento en los primeros seis meses de este 2011.
El sector privado manifiesta que ya inciden en la productividad y competitividad de las empresas. Se quejan de los mecanismos de cálculo utilizados, pues a su juicio sólo responden a criterios recaudatorios y derivan en tarifas irracionales. La CFE, en respuesta, solo atina a indicar que las tarifas cambian cada mes, con base en un esquema que toma como referencia una canasta de combustibles que son utilizados como materia prima para la generación eléctrica, entre ellos el combustóleo, el gas natural y el carbón importado. En tanto, la Secretaría de Hacienda indica que las tarifas eléctricas se subsidian en 65% de su costo de generación y que el origen de esta problemática se debe a los altos consumos de energía eléctrica en los hogares.
Este régimen tarifario, de acuerdo con el diputado federal Guillermo Ruiz de Teresa, es “inoperante, confuso, inequitativo y oscuro para todos”. No debería aplicarse porque el gobierno federal carece de la autorización del Congreso de la Unión para aplicarlo y los mentados subsidios no aparecen en la miscelánea fiscal ni se ven reflejados en las partidas que reciben entidades federativas u organismos públicos. En todo caso, podría asumirse que están desconcentrados o aplicados en los estados financieros de la CFE por la Secretaría de Hacienda.
“Debemos replantear que el sector energético deje de ser una caja recaudatoria”, insistió el legislador priísta, “no es posible que la CFE y Pemex se hayan convertido en eso, cuando deberían ser fuentes de desarrollo para todos los sectores. Con tarifas altas, la iniciativa privada simplemente pierde competitividad”. El problema radica en que, según consta en la Ley de Ingresos para la Federación del 2010, después de Pemex, la CFE es la segunda entidad que más recursos aporta al erario, con 237,831 millones de pesos. Un recorte en sus ingresos -derivado de una disminución de las tarifas- podría tener consecuencias catastróficas.
De sobra es conocido que los cobros por el servicio eléctrico -de acuerdo con la fracción cuarta del Artículo 31 constitucional- son contribuciones y, por ende, deberían cumplir con las características de equidad y proporcionalidad. Actualmente, sin embargo, están clasificados como aprovechamientos.
Es por eso que un conjunto de legislaturas locales, donde el PRI tiene mayorías parlamentarias, promueve una reforma a la Ley de Derechos para sustraer la facultad del Ejecutivo federal de imponer las tarifas, como ocurre actualmente, gracias a la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico.
Y no sólo eso. Esta iniciativa busca reformar la ley que rige el funcionamiento de la Comisión Reguladora de Energía para que sus actuales integrantes sean sustituidos por miembros del Sistema Nacional de Investigadores que nombre la Cámara de Diputados. Lorena Beauregard, diputada al Congreso de Tabasco -donde ya se dictaminó una iniciativa para proponer estas reformas al marco legal- sostiene que las representaciones soberanas de Oaxaca, Puebla, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo ya suscribieron su propuesta.
