Rosalía Vergara
Proceso-Reportaje especial
Pese a la intervención del gobierno federal, en el conflicto de Mexicana de Aviación lo único que vuela es el tiempo sin que los sobrecargos, pilotos ni trabajadores de tierra vean recompensadas las concesiones que han hecho para salvar a la aerolínea. No obstante, en el contexto de una demanda penal contra el expropietario de Mexicana, Gastón Azcárraga, van aclarándose las maniobras desde la administración para abatir costos y llevarse de corbata a los sindicatos y a 30% de las lucrativas rutas a Estados Unidos...
MÉXICO, DF., 3 de mayo (Proceso).- El 9 de noviembre de 2010, la dirigente de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), Lizette Clavel Sánchez, interpuso una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR) contra el empresario Gastón Azcárraga Andrade, quien fuera dueño de Mexicana de Aviación, por causarle un perjuicio a los trabajadores de la aerolínea al transferir sus activos de la Compañía Mexicana de Aviación al Nuevo Grupo Aeronáutico.
Se trata de la única denuncia formal que se ha interpuesto hasta ahora contra Azcárraga Andrade y el exdirector de Mexicana, Manuel Borja Chico, quien durante su gestión firmaba documentos oficiales de las dos compañías mientras las estaban desmantelando.
La denuncia de Clavel (PGR/DDF/SPE-XXXI/4909/10-11, de la que Proceso tiene copia) señala que los directivos de la compañía aérea afectaron el contrato colectivo de trabajo de los sobrecargos con el argumento de que la empresa tenía una carga financiera imposible de aliviar si no cambiaban sus condiciones laborales.
Pero fue al contrario: sus acciones dejaron a los sobrecargos sin su fuente de trabajo “de manera intempestiva” porque no los liquidaron conforme a su contrato colectivo ni de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).
“No omitimos –dice el documento–que se tiene noticia de diversos actos que han cometido funcionarios de la persona moral denominada Compañía Mexicana de Aviación con el fin de evitar contar con activos para hacer frente a los compromisos laborales y crediticios, resaltando asimismo que se ha tenido conocimiento que la compañía ha utilizado estrategias fiscales para evadir el pago de impuestos.”
Además, sin mencionar nombres, señala que socios y funcionarios de la empresa se han beneficiado con prestaciones “supuestamente laborales”, perjudicando la solvencia de la empresa y sus acreedores, incluyendo al gobierno federal, que mediante Bancomext hizo un préstamo a Mexicana por 992 millones de pesos.
ASSA pide que se realicen las diligencias necesarias para esclarecer qué sucedió con Mexicana de Aviación desde 2005, cuando era administrada por Cintra, al igual que Aeroméxico, y se puso a la venta –según se dijo entonces– para evitar prácticas monopólicas.
Tres meses después de interponer la demanda, Clavel presentó un recurso de inconformidad porque la PGR decidió no ejercer acción penal contra Azcárraga Andrade ni Borja Chico, aunque ellos tienen a Mexicana de Aviación paralizada en un concurso mercantil, sin activos ni recursos, todo ello a costa de los pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra.
En entrevista con Proceso, Clavel dice que nunca pudo hablar con Azcárraga Andrade después de la asamblea en la que dio a conocer la pésima situación financiera de la aerolínea.
En esa ocasión, recuerda la dirigente de ASSA, el empresario les dijo que la empresa sólo estaba operando para pagarles a los trabajadores y que así no podía seguir funcionando, por lo que propuso venderles las acciones a un peso y prestarles la marca Mexicana de Aviación. En pocas palabras, dice Clavel, se quiso quedar con el nombre de la empresa pese a que para entonces ya no pertenecía a Mexicana de Aviación, sino al Nuevo Grupo Aeronáutico.
Después se desató la embestida mediática contra los trabajadores, a quienes se acusó de recibir salarios de hasta 300 mil pesos mensuales. No existe un solo trabajador que perciba esa cantidad, enfatiza la dirigente.
Clavel aclara que en aquel momento no tenía ningún contacto con Azcárraga Andrade porque desde 2008, cuando ASSA enfrentó un conflicto de naturaleza económica, se perdió el trato directo entre la empresa y el sindicato, que desde entonces se enlazaban sólo a través de comunicados.
En ese contexto, Azcárraga Andrade siguió exigiendo que los trabajadores de Mexicana cedieran sus prestaciones laborales para “salvar” a la empresa, a lo que accedieron la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA) y el SNTTTAS, integrado por los trabajadores de tierra.
El fólder arrojado
Debido a estos antecedentes y a que se trata de una concesión del Estado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la de Comunicaciones y Transportes (SCT) intervinieron a fin de evitar la desaparición de la aerolínea.
Para ello se realizaron diversas reuniones entre los titulares de ambas dependencias, Javier Lozano Alarcón y Juan Molinar Horcasitas, respectivamente con el entonces dueño Azcárraga Andrade. A decir de Clavel, el empresario les dijo a los funcionarios que la operación de Mexicana sólo alcanzaba para pagarles a sus trabajadores y que, para el caso, éstos “se pueden quedar con ella”.
Dice que Lozano Alarcón le reclamó al empresario su pretensión de dejarles a los trabajadores las deudas que su administración adquirió con Banorte y Bencomext, igual que con otros acreedores. Azcárraga Andrade siguió escudándose en la falta de recursos, aunque apenas en 2009, y no obstante el conflicto económico con ASSA, había adquirido la aerolínea de bajo costo Link.
De todas formas, dice Clavel, los funcionarios le pidieron cuentas claras a Azcárraga Andrade, quien pretendía recuperar la solvencia de sus líneas Click y Link deshaciéndose de Mexicana y de sus sindicatos, porque fuera de ASSA y ASPA el resto de la industria aeronáutica utiliza los contratos de protección que les facilitan sindicatos charros.
“Cuando nosotros analizamos su propuesta de modificar las condiciones laborales –continúa Clavel–, los sobrecargos nos damos cuenta de que íbamos a caer en una trampa: ¿de qué sirve cambiar el contrato colectivo cuando la marca y los activos de la empresa ya estaban en otra razón social?”
En una de las reuniones en la SCT, Azcárraga Andrade les recriminó a las autoridades que no lo hubieran ayudado a operar Mexicana pese a que él la compró en 2005 para hacerle un favor al gobierno federal. También les dijo que estaba cansado de perder dinero en una aerolínea que debía sanear el Estado.
Esa declaración molestó a Lozano Alarcón, quien le dijo que no podía dejar tirada una concesión de servicio público y que, si no obstante lo hacía, ya no le darían otras concesiones. En respuesta, Azcárraga Andrade se salió del negocio y les arrojó a los funcionarios un fólder con las acciones de la empresa.
“Esto nos deja a los trabajadores francamente lastimados, porque nosotros construimos Mexicana de Aviación desde hace 90 años y ya estábamos operando la aerolínea cuando llegó Azcárraga”, señala Clavel.
Lamentablemente, el empresario abandonó la nave cuando ya su mala gestión le había quitado competitividad al quitarle 30% del pasaje a Estados Unidos y ya no hay posibilidades de que otra aerolínea cubra esas rutas, así que ahora “es una tercera parte de la aviación mexicana la que no está funcionando con el conflicto”, lamenta.
Daño “intencional”
Otra denuncia fue interpuesta el pasado 12 de abril por “trabajadores de Compañía Mexicana de Aviación, Mexicana Inter y Aerocaribe” en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) contra representantes de la empresa PC Capital, Partners, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión.
A decir de los demandantes, los señalados engañaron a sobrecargos, pilotos y trabajadores de tierra, así como al administrador de Mexicana de Aviación, con un plan de reestructuración para echar a andar la aerolínea que después de cuatro meses abandonaron porque no tenían dinero para costearlo.
Entre los socios de PC Capital denunciados figuran Pablo Coballasi Durand, Pablo José Cervantes Belausteguigoitia, Arturo Barahona Oyervides y Bernardo Castillo; no así el exdueño de Mexicana de Aviación, el empresario Gastón Azcárraga Andrade, quien planeó llevarla a la quiebra a costa de sobrecargos, pilotos y trabajadores de tierra (Proceso 1762).
Aunque no lo acusan directamente, los denunciantes infieren que detrás de la operación engañosa para rescatar a la aerolínea está el propio Azcárraga Andrade, presidente del Grupo Posadas.
Constituido el 18 de abril de 1967, este corporativo comenzó su crecimiento empresarial dos años después, cuando formó una alianza con Americana Hotels a fin de operar el Hotel Presidente y el Hotel Condesa del Mar en Acapulco. Luego, en 1970, Americana Hotels abrió el Hotel Fiesta Palace (actualmente Fiesta Americana Reforma) y en 1981 cambió su nombre a Hoteles Fiesta Americana.
En 1982, Hoteles Fiesta Americana se fusionaron con Posadas de México para crear el Grupo Posadas, con 12 hoteles en operación. En 1992, Grupo Posadas fue listado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y un año después lanzó la marca Fiesta Inn para viajeros de negocios.
En 1998, comenzó su expansión a Sudamérica mediante la adquisición de la cadena Caesar Park y en 1998 abrió su primer hotel Caesar Business. Al año siguiente incursionó en el “turismo de aventura y club vacacional” con las marcas The Explorean y Fiesta Americana Vacation Club. En 2005 lanzó la marca One Hotels, primera cadena de categoría “economy class” en México. De acuerdo con información de la BMV, actualmente el Grupo Posadas es la cadena más grande del país, con 104 hoteles. Azcárraga Andrade es el accionista mayoritario.
De acuerdo con la denuncia de trabajadores de Mexicana, Link y Click agrupados en la Coalición de Trabajadores de Mexicana de Aviación –cuya copia tiene Proceso– PC Capital retrasó intencionalmente el rescate de la aerolínea, pues ninguno de los inversionistas denunciados entregó el dinero para echarla a volar y en cuatro meses cancelaron siete veces el reinicio de sus operaciones.
En el punto 13 de la exposición de motivos, señalan que el accionista “B” de PC Capital, Pablo José Cervantes Belausteguigoitia, “es miembro del consejo de administración del Grupo Posadas, encabezado por el exdueño de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga Andrade, quien traspasó sus activos de NGA en un intento de quebrar a la empresa.
“Cervantes Belausteguigoitia fue director de Grupo Kuo, dirigido por Juan Marcos Gutiérrez Wanless desde 2007, y cuyo presidente del consejo de administración es Fernando Senderos Mestre, mientras que Alberto Bailleres González es el presidente ejecutivo. Bailleres y Azcárraga fueron consejeros independientes del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria” (BBVA), en cuyo consejo de administración, por cierto, figura también Azcárraga Andrade.
En documentos presentados ante el juez de Distrito en Materia Civil en turno en la Ciudad de México como parte del concurso mercantil de la aerolínea en agosto de 2010, tanto en México como en Estados Unidos, el apoderado legal y secretario del consejo de administración de Mexicana de Aviación, Francisco Javier Christlieb Morales, menciona las deudas adquiridas por la aerolínea que no han sido saneadas:
La salida de Mexicana provocó a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) la pérdida de 5 mil millones de pesos; los trabajadores de la aerolínea dejaron de percibir 49 millones 687 mil 28 pesos por la suspensión de labores.
Además, la demanda de la coalición sindical indica que Mexicana recibía ingresos por ventas de mil 800 millones de pesos mensuales, “por lo que durante el tiempo en el cual PC Capital mantuvo el engaño de aportar el capital necesario para el relanzamiento de la empresa, Mexicana, reducida al nivel que proponía el plan de negocios (32% de su operación original) dejó de percibir mil 728 millones de pesos”.
