Organización Editorial Mexicana
26 de enero de 2011
Carlos Acosta
Acapulco, Gro. (OEM-Informex).- La fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados definió su agenda para el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de febrero, en la que incluyeron modificaciones a diversas leyes para obligar al Ejecutivo a comparecer en el Congreso y una estrategia integral en materia de seguridad en la que se pretende regular la intervención del Ejército, así como fortalecer los servicios de inteligencia para la seguridad nacional.
Luego de dos días de trabajos, definieron también impulsar una reforma integral hacendaria que permita atender de mejor manera las necesidades sociales, buscar la estabilización de los precios de la gasolina y eliminar esquemas discrecionales en la Comisión Federal de Electricidad, para evitar el cobro abusivo de consumos no realizados.
Otro de los temas prioritarios será la reforma a ley laboral, debidamente consensuada con los factores de la producción, sin prejuicios, sin anatemas.
Como parte de la estrategia integral en materia de seguridad pública, contemplarán medidas de carácter social como la atención a grupos vulnerables, el seguro de desempleo, programas de empleo temporal, estímulos a empresarios que creen fuentes de trabajo permanentes, y el rescate de espacios públicos.
Como medidas inmediatas, la propuesta de estrategia alterna incluye, entre otros, otorgar autonomía constitucional al Ministerio Público; transformar la Procuraduría General en dos fiscalías generales: una especializada en la atención al narcotráfico y la otra, para atender los demás delitos federales.
Promoverán acciones educativas que fomenten los valores de la vida en sociedad, la cultura de la legalidad y el rechazo a toda forma de corrupción y violencia, así como el establecimiento de escuelas de tiempo completo, la detección de niños y jóvenes con problemas de violencia familiar y desnutrición, entre otras materias.
En materia de transparencia, dictaminarán la Cuenta Pública de 2008 y las atrasadas, del 2003 en adelante, así como analizar las reformas necesarias para que la Auditoría Superior de la Federación pueda ser más eficaz y oportuna, y que sus resultados permitan a la Cámara exigir el cumplimiento cabal de las obligaciones a las que debe estar sujeto el Poder Ejecutivo.
Luego de dos días de trabajos, definieron también impulsar una reforma integral hacendaria que permita atender de mejor manera las necesidades sociales, buscar la estabilización de los precios de la gasolina y eliminar esquemas discrecionales en la Comisión Federal de Electricidad, para evitar el cobro abusivo de consumos no realizados.
Otro de los temas prioritarios será la reforma a ley laboral, debidamente consensuada con los factores de la producción, sin prejuicios, sin anatemas.
Como parte de la estrategia integral en materia de seguridad pública, contemplarán medidas de carácter social como la atención a grupos vulnerables, el seguro de desempleo, programas de empleo temporal, estímulos a empresarios que creen fuentes de trabajo permanentes, y el rescate de espacios públicos.
Como medidas inmediatas, la propuesta de estrategia alterna incluye, entre otros, otorgar autonomía constitucional al Ministerio Público; transformar la Procuraduría General en dos fiscalías generales: una especializada en la atención al narcotráfico y la otra, para atender los demás delitos federales.
Promoverán acciones educativas que fomenten los valores de la vida en sociedad, la cultura de la legalidad y el rechazo a toda forma de corrupción y violencia, así como el establecimiento de escuelas de tiempo completo, la detección de niños y jóvenes con problemas de violencia familiar y desnutrición, entre otras materias.
En materia de transparencia, dictaminarán la Cuenta Pública de 2008 y las atrasadas, del 2003 en adelante, así como analizar las reformas necesarias para que la Auditoría Superior de la Federación pueda ser más eficaz y oportuna, y que sus resultados permitan a la Cámara exigir el cumplimiento cabal de las obligaciones a las que debe estar sujeto el Poder Ejecutivo.
