Investigadores del principal centro de investigación y desarrollo tecnológico del agua en el país, a 32 días de estallar la huelga
Lo que entre otras causas desgració al régimen presidencial, deteriorado al menos desde el salinismo, es la impunidad que se brinda la elite económica (empresarios, banqueros, financieros, etcétera) y política del grupo de Atlacomulco. Es irreversible lo que viene, además de la devastadora crisis económica que ya toca a nuestras puertas; también para el grupo en el poder de un presidencialismo amamantado en las ubres de Santa Anna y Porfirio Díaz, la pareja que parió a quienes han sido “indignos de gobernar”, de Miguel Alemán a Enrique Peña. Y en el caso específico de Germán Larrea, además de impunidad, la protección del peñismo, como antes lo fue del calderonismo, del foxismo, del zedillismo y del salinismo. Ese saqueador del cobre y otros minerales, con su imperio de capitalismo salvaje y de barbarie, acaba de provocar un desastre en Sonora, donde, por falta de mantenimiento a su mina en Cananea, derramó veneno a las aguas de dos ríos, dañando tierras, ganadería y agricultura.
Una nueva conversación entre ejecutivos de la empresa española OHL –filtrada en el portal YouTube– destapó un caso de sobornos a magistrados mexiquenses que juzgaban una expropiación realizada durante el periodo de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México. Por un terreno que valía 50 millones de pesos, las autoridades pagaron… nada. El predio se usó para erigir el Circuito Exterior Mexiquense, y el dinero que no se dio a los propietarios se empleó, aseguran los afectados, para financiar la campaña presidencial del priista.
En vísperas de los comicios del 7 de junio, editorial Grijalbo pone en circulación el libro La caída del telepresidente. De la imposición de las reformas a la indignación social, con prólogo de Elena Poniatowska. En 280 páginas, el reportero de Proceso Jenaro Villamil documenta los yerros del mexiquense Enrique Peña Nieto, sus ambiciones, sus referentes históricos –el dictador Porfirio Díaz, por ejemplo– y sus desencuentros con el deformante espejo del poder mediático que durante años lo hizo sentirse famoso y querido. A tres años de que llegó al poder, su popularidad está por los suelos y la ciudadanía se muestra cada vez más indignada por los escándalos protagonizados por él y por sus colaboradores. Proceso adelanta dos fragmentos del libro.
Para conocer el costo del enorme edificio de cristal que el presidente Enrique Peña Nieto mandó construir en Los Pinos –hecho del que Proceso dio cuenta en su portada de la edición 1976– fue necesaria más de una batalla. Tras las negativas oficiales a informar al respecto, este semanario descubrió que la Presidencia puso el terreno, pero la Sedena pagó la construcción y luego la cedió a la primera; así se pretendía evitar la licitación de la obra y la obligación de rendir cuentas sobre los gastos.
Cierran las campañas
pero siguen abiertas las evidencias de irregularidades graves. El tufo
del fraude en curso es fuerte, pero aún así los partícipes en la obra de
teatro electoral prefieren cumplir con sus roles establecidos, entre
los cuales se incluye, desde luego, la oposición institucional en sus
distintos grados. Mítines, discursos, acarreos, promesas y advertencias,
en un carrusel de temporada a cuyo final los ganadores seguirán
montados en su caballería ventajosa previamente establecida, mientras
los adversarios insertos en el sistema se irán conformando con los
premios de consolación o las porciones convenidas o por convenir. El
juego democrático, le llaman.
Son del principal centro de investigación y desarrollo tecnológico del agua en el país.
La Secretaría de Desarrollo Social ha gastado al menos 485 millones de pesos en promocionar el programa estrella del gobierno federal –la Cruzada Nacional Contra el Hambre–. Así que, en vez de destinar esta fortuna para paliar la miseria que azota a más de la mitad de los habitantes del país, la dependencia dirigida por Rosario Robles la dedicó a spots, espectaculares, cápsulas radiofónicas y mítines. ¿Y cuál fue la empresa más beneficiada por esta erogación? Televisa, que en sólo año y medio se ha embolsado 155 millones 163 mil pesos por este concepto.
Después de casi dos meses de protestas contra el proyecto minero Tía María, filial del Grupo México, que dejó como saldo cuatro muertos y más de doscientos heridos, habitantes de más de siete regiones en Perú anunciaron una huelga de 48 horas en rechazo al proyecto, a raíz de esto el gobierno autorizó la intervención militar de sus fuerzas armadas en las regiones sureñas de Apurímac, Ayacucho, Cuzco, Moquegua, Puno y Tacna, y en la norteña Cajamarca.
Sin pruebas de laboratorio propias, la Cofepris ha avalado la “inocuidad” del maíz, jitomate, papa, algodón, soya, arroz, canola, remolacha azucarera y la alfalfa genéticamente modificados, propiedad de las trasnacionales Monsanto, Pioneer Hi-Bred, Syngenta, Bayer y Dow Agro-Sciences. La dependencia asegura que los transgénicos pueden ser consumidos por la población mexicana sin riesgos para la salud, pero su afirmación se basa en la revisión de los resultados proporcionados por las propias empresas promotoras de transgénicos, “en un claro conflicto de interés”, consideran organizaciones y especialistas.