Editorial-La Jornada
Un día después del anuncio, por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de suspender de forma indefinida la evaluación docente en los términos planteados por la reforma educativa de 2013, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) emitió un comunicado en el que critica dicha medida como “una invasión a la competencia del INEE” y una vulneración “a su autonomía constitucional” y afirma que es contraria al interés superior de la niñez mexicana, pues no garantiza “el derecho a una educación de calidad”. A renglón seguido, el INEE exhorta al gobierno federal a dejar sin efectos la suspensión indefinida anunciada.
Debe señalarse, en primer lugar, que el desajuste normativo y administrativo que acusa el INEE en su comunicado no es culpa de las presiones ni de la oposición del magisterio disidente, articulado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sino consecuencia de la forma poco transparente y autoritaria en que fue procesada la reforma constitucional en materia de enseñanza. Si desde un principio los promotores de la reforma hubiesen escuchado las posturas de los docentes y los hubiesen incorporado en las discusiones correspondientes –en el entendido de que el magisterio es actor clave en el funcionamiento del sistema educativo–, habrían conjurado el descontento que hoy se expresa en varios estados y que se ha manifestado en una inoperancia total de la reforma mencionada.
Por otra parte, el magisterio disidente ha dejado en claro, en múltiples ocasiones, que su postura no es contraria a la evaluación docente en sí misma, sino al uso de ésta como una forma de control político y de afectación a los derechos laborales de los maestros, así como a la pretensión del gobierno federal de convertir a los profesores en chivos expiatorios de los rezagos que enfrenta la educación del país. Por no ir más lejos, ayer mismo la CNTE recordó que la suspensión de la evaluación docente “no era el objetivo central (de su movilización) sino abrogar una reforma laboral, y no educativa, para sentarnos a construir un verdadero proyecto educativo para el país”, al tiempo que manifestó que “queremos un diálogo abierto con el Estado”.
Es significativo, por lo demás, que la postura de la coordinadora sea respaldada, como desde hace más de dos años, por el diagnóstico de diversos especialistas en materia educativa a raíz del anuncio de la suspensión indefinida, la cual constituye un “golpe a la credibilidad” de la reforma en su conjunto.
Particularmente relevante es el pronunciamiento de Ángel Díaz Barriga, de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien afirmó ayer que el Congreso de la Unión “debería tener la humildad de reconocer que se equivocó, que no sabe de educación y que requiere de la asesoría de expertos”, y que “esta legislación debe quedar suspendida hasta en tanto sea revisada por especialistas que hagan un verdadero proyecto que responda a los intereses educativos del país, y no a los de un grupo político”. Por su parte, Lucía Rivera, profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, reiteró que la calidad de la educación nunca ha sido el objetivo de la reforma mencionada: “Es una reforma laboral de corte neoliberal acorde a las perspectivas educativas (del grupo en el poder), y con esa tendencia seguirá”.
En suma, si el gobierno federal ha venido conduciéndose en forma sorda e indolente ante los señalamientos críticos de docentes e investigadores, es pertinente y necesario que revise y corrija esa postura. A fin de cuentas, hasta ahora se han cumplido las advertencias de los actores políticos y de la academia en el sentido de que cualquier normativa en materia de enseñanza que no incorpore el punto de vista de los docentes está destinada al fracaso y a convertirse en un factor de conflicto político y social.
Fuente: La Jornada
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