Pablo Gómez - Proceso
CIUDAD DE MEXICO (apro).- Tuvieron que morir por las balas de la
Policía Federal ocho personas en Nochixtlán, Oaxaca, para que el
gobierno abriera un diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) después de meses de solicitudes infructuosas de
los maestros y de francas negativas de parte de las autoridades. Dicho
esto de otro modo, la política gubernamental de condicionar todo diálogo
a la renuncia de las peticiones principales del movimiento arrojó un
saldo sangriento de muertos y heridos.
La responsabilidad de esa tragedia es sin duda del presidente Enrique
Peña Nieto como jefe del gobierno, pero el expositor sistemático de la
negativa política fue Aurelio Nuño, secretario de Educación y hombre de
mayor cercanía del titular del Ejecutivo federal.
En un esfuerzo por sabotear el diálogo ya iniciado en la Secretaría
de Gobernación (Segob), el mismo Nuño declaró que el tema educativo no
sería tocado en las conversaciones. En realidad la reforma no es a la
educación básica sino a la administración de la misma. Lo que tiene por
ahora que abordarse entre los representantes de la CNTE y el gobierno es
un tema de política de organización y administración de recursos
humanos de las escuelas primarias y secundarias públicas del país.
El sistema de evaluación jamás podrá ser la base del mejoramiento de
la enseñanza, mucho menos cuando tiene aspectos punitivos entre otras
contradicciones, pero lo verdaderamente grave es que el secretario del
ramo así lo considere y por ello defienda las reglas de la evaluación
como si fueran parte de una verdadera reforma educativa.
Para arrebatarle al SNTE el control del ingreso y la promoción en el
magisterio no se requería improvisar un sistema de evaluación súbita y
masiva, pero el gobierno lo adoptó por necedad y ha llevado al país a un
ya largo conflicto donde las autoridades fueron cerrándose cada día
más: fueron desde la amenaza y los procedimientos de separación de
quienes no se presentaban a las evaluaciones hasta los ceses de
faltistas y el encarcelamiento de dirigentes. Al final, hubo fuego de la
policía.
Osorio Chong, jefe superior de la Policía Federal que disparó contra
habitantes de Nochixtlán y quien, por tanto, alguna responsabilidad ha
de tener en los hechos de sangre, encabeza la delegación del gobierno en
las conversaciones del Palacio de Covián. En tal situación, ese
secretario es quien debe encontrar la manera de eludir la línea más
intransigente de Peña-Nuño que consiste en que para conversar se
requiere la sumisión del que critica, denuncia y protesta.
Mas para lograr la derrota de esa línea intransigente y represiva se
requiere que las fuerzas democráticas alcen su voz con la mayor fuerza.
No se trata sólo de echar abajo la punitividad del sistema de
evaluación, sino de derrotar ese alcance punitivo hacia todo conflicto
político. Hay que entonar muy alto para obligar a bajar el volumen del
griterío autoritario dentro y fuera de los medios de comunicación. Hay
que exigir, por tanto, que el diálogo tenga resultados, que predomine la
voluntad de llegar a acuerdos.
Es mentira que las leyes no se negocian en sedes gubernamentales, esa
afirmación es mendaz y forma parte de la línea de Nuño fraseada ahora
por Osorio, la cual sólo busca colocar a las negociaciones de Bucareli
sobre la cuerda floja. Tal tesis diazordacista, preámbulo de incontables
represiones, debe ser derrotada.
Las investigaciones en curso de la PGR sobre los muertos y heridos
por arma de fuego en Nochixtlán no son de fiar. La procuradora es parte
del gobierno, lo es en los hechos aunque no lo sea en la ley. Por su
lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es incapaz
jurídicamente de abrir procesos penales.
Así que, en este caso como en otros muchos, se requiere un fiscal
independiente. El gobierno no debe seguir investigando al gobierno como
hasta ahora ha ocurrido.
No fueron profesores de la CNTE las víctimas mortales del fuego
policiaco sino la gente que buscaba impedir la acción de los gendarmes
en Nochixtlán porque apoyaba a sus propios maestros. Esto nunca lo
reconocerá a las claras un gobierno engreído que quiere dar lecciones de
rigidez como instrumento de gobernabilidad.
Recordemos por otra parte que el gobierno no debe educar sino que
debe ser educado, conocimiento éste alcanzado desde el siglo XIX. Pues
sí, ya estamos en el XXI…, cronológicamente.
