Jenaro Villamil - Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fatídico “viernes negro” del 11 de mayo de
2012, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ya había
terminado el evento sobre “Buen gobierno” con el entonces candidato
priista a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. Un joven
pidió la palabra y le preguntó si no tenía problemas de conciencia por
el operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, en el
Estado de México.
En ese operativo de más de 10 horas, 3 mil elementos policiacos federales, estatales y municipales usaron y abusaron de la fuerza para “restablecer el orden” en Atenco. Catearon 20 casas, detuvieron a más de 100 pobladores, mataron a dos personas –entre ellas al joven Alexis Benhumea, estudiante de danza en la Ibero–, hirieron a 50 pobladores, ocho de ellos de gravedad, abusaron sexualmente de 23 mujeres, persiguieron y “cazaron” a Ignacio del Valle, líder del Frente Unido por la Defensa de la Tierra, y a sus familiares.
Peña Nieto no quiso quedarse callado seis años después. “Voy a
responder a este cuestionamiento sobre Atenco”, afirmó de pie,
acompañado de un nervioso Luis Videgaray, entonces coordinador general
de su campaña, al finalizar su anticlimática presentación en la
Iberoamericana.
“Tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza para restablecer el orden y la paz y que en el tema (sic)
hubo lamentablemente incidentes que fueron debidamente sancionados y
que los responsables de los hechos fueron consignados ante el Poder
Judicial. Pero, reitero, reitero, fue una acción determinada
personalmente y que asumo personalmente, para restablecer el orden y la
paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de
la fuerza pública, como además, fue validado por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación”.
Sus palabras incendiaron la pradera. Los gritos de “¡Fuera, fuera!”
se escucharon en el auditorio. “Atenco no se olvida, Atenco no se
olvida”, le increparon por los pasillos y las escaleras decenas
estudiantes en aquella tremenda huida de Peña Nieto y su equipo de las
instalaciones de la Ibero de Santa Fe, donde había estudiado su joven
promesa, Aurelio Nuño.
El resto de la historia es conocido. El intento de apagar, desviar y
tergiversar lo ocurrido el viernes 11 de mayo de 2012 en la Ibero a
través de los medios de comunicación plegados al peñismo dio origen a la
protesta #YoSoy131 y al surgimiento del movimiento #YoSoy132, en plena
campaña presidencial.
Oaxaca, cuatro años después
Cuatro años después, la mañana del domingo 19 de junio, Día del
Padre, se transformó en una pesadilla para los habitantes de la
comunidad de San Asunción, Nochixtlán, Oaxaca.
Fuerzas federales de la PF, de la Gendarmería y de la policía estatal
de Oaxaca se enfrentaron durante más de 15 horas con pobladores con el
objetivo de desbloquear la autopista Oaxaca-México, uno de los varios
bloqueos que protagonizan los maestros de la sección 22 de la CNTE para
protestar por la detención de sus líderes y la posición intransigente
del titular de la SEP, Aurelio Nuño, de no negociar la evaluación
magisterial y el despido de miles de profesores.
La instantaneidad y simultaneidad de las redes sociales se vivió a lo
largo de toda la tarde y noche de aquel domingo. Agencias
internacionales de noticias como AP, Xinhua, la BBC y RT (nada menos que
las agencias informativas oficiales de Estados Unidos, China, Gran
Bretaña y Rusia) acreditaron con imágenes algo contundente: elementos de
la PF y la Gendarmería abriendo fuego con armas de alto poder contra
los civiles desarmados.
Cientos de cuentas en Twitter, Facebook, Periscope e Instagram
documentaron con fotos, audios y videos lo que estaba ocurriendo. Sitios
informativos online nacionales y extranjeros no tenían duda: hubo un “baño de sangre” en Oaxaca.
El primer “control de daños” de las autoridades fue pésimo. Primero,
silenciaron en medios electrónicos nacionales lo que estaba sucediendo.
Luego el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) y la Policía Federal
afirmaron que eran “falsas” las fotos donde se observaba a elementos
disparando contra la población.
Cuando ya no podían revertir el escándalo internacional ni sostener
la mentira de los “agentes desarmados”, la Secretaría de Gobernación y
el gobierno de Oaxaca admitieron que hubo seis civiles muertos, más de
90 heridos –41 policías y 53 ciudadanos– y varios desaparecidos, pero
“ninguno era maestro” de la CNTE, como si los masacrados no fueran
personas, ciudadanos, víctimas de una represión desmesurada.
El comisionado de la PF, Enrique Galindo, afirmó que tuvieron que
disparar “al final” de los enfrentamientos porque recibieron impactos de
bala de la población.
El lunes 20 la CNTE reviró a la verdad a medias oficial: son ocho
muertos y dos de ellos integrantes de la Coordinadora, hay 22
desaparecidos y las balas provinieron de las fuerzas federales. “Si el
gobierno piensa que con balas y toletes nos va a espantar, se equivoca”,
sentenció Eligio Hernández, vocero de la sección 22.
El triste y deshonroso papel de justificar la represión le tocó a
Gabino Cué, el político que llegó a gobernador de Oaxaca precisamente
con la promesa de no volver a disparar contra la población civil, como
lo hizo su antecesor el priista Ulises Ruiz, en 2006, el mismo año de la
represión en Atenco. Ese hecho provocó el surgimiento de la APPO.
Como si fuera una copia calca, Gabino Cué repitió las mismas palabras
que usó Peña Nieto para justificar aquella represión en Atenco: “Fue
para restablecer el orden, la gobernabilidad y el estado de derecho”.
Acusó a “grupos infiltrados” de poseer armas y de atacar a la Policía
Federal, sin tener una sola prueba, imagen o testimonio de este nuevo
giro de los hechos.
Aurelio Nuño, el soberbio titular de la SEP, no dijo nada durante más
de 30 horas. El titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
calificó de “situación grave y extraordinaria” lo ocurrido en
Nochixtlán, expresó su “apoyo y respaldo” a los familiares de las
personas que fallecieron y reiteró que en la Segob “siempre hemos estado
dispuestos a dialogar con la CNTE”. La mano dura que se esconde en
promesas de negociación.
Peña Nieto “giró instrucciones” a través de su cuenta de Twitter para
que la PGR investigue a la Policía Federal y apoye a la Fiscalía
General de Oaxaca.
“Lamento la pérdida de vidas humanas. Mi solidaridad con sus
familiares, así como con las personas que fueron heridas”, afirmó Peña
Nieto. Lamenta, no condena. Expresa su “solidaridad”, pero no se
compromete a resarcir el daño, atender a los heridos, restablecer el
orden alterado por la represión.
Mucho menos hubo compromiso claro de Peña Nieto de establecer una mesa de negociación. Todo es posible, menos ceder.
En Los Pinos manejan la crisis de Oaxaca como si se tratara de una
mala tarde en la que perdió la selección mexicana de futbol y no la
demostración más fehaciente del error criminal de aplicar la mano dura
en un conflicto social, magisterial, que no se resolverá a golpe de
periodicazos, amenazas y sentencias autoritarias.
Peña Nieto está en medio de otra tormenta perfecta y su forma de comunicar es todo menos empática o autocrítica.
Sin embargo, Oaxaca no es Atenco. Y el conflicto magisterial ya se
convirtió en un problema nacional e internacional que coloca a Peña
Nieto en el peor momento de su sexenio.
