Pablo Gómez - Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la entrevista concedida por Enrique Peña
Nieto a Rosa Elvira Vargas del diario La Jornada (23.05.16) se plantea
una duda de imposible comprensión.
Dice el presidente: “No he logrado entender cuándo pasó el gobierno a
ser culpable” por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal y,
habría que agregar, por el homicidio de seis personas aquella trágica
noche en Iguala.
Lo que no se puede entender es la duda, sencillamente porque no tendría que existir, carece de motivo. El gobierno federal es autoridad en todo el país, es deber suyo dar garantías a las personas para que éstas ejerzan sus derechos y, por tanto, evitar que otras autoridades o individuos las lesionen o les impidan algo en forma indebida.
En Iguala existe una estación de la Policía Federal y todo un
batallón del Ejército Mexicano. ¿Qué más fuerza se necesitaría para
evitar un tiroteo de más de una hora y un levantón de las dimensiones de
las de Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2015?
Nadie ha dicho que el gobierno federal es el único responsable.
También lo fueron los gobiernos de Guerrero, de Iguala y de Cocula, por
lo menos. Pero esos tres han encarado de alguna manera su
responsabilidad.
El gobernador renunció a su cargo por presión política. Los
presidentes municipales de Iguala (PRD) y de Cocula (PRI) –éste último
cuando ya había terminado su gestión– fueron acusados de varios delitos y
encarcelados.
Un debate se produjo dentro del PRD y no sólo en los medios de
comunicación cuando se señaló que Ángel Aguirre tenía responsabilidad
política en la tragedia por el sólo hecho de que ésta no había sido un
acontecimiento precisamente espontáneo sino que se inició con la salida
de los estudiantes de Tixtla, su llegada a Iguala y el intento de
abandono de esa ciudad, todo lo cual fue monitoreado por la autoridad de
Guerrero o, si no lo fue, es peor, debió haberlo sido. No hay duda
respecto de que Aguirre merece ser sometido a juicio político en su
Estado.
Fuerzas federales monitorearon el viaje de los normalistas y estaban
al tanto de lo que ocurría. Cuando empezaron los disparos por parte de
la policía municipal contra los estudiantes de Ayotzinapa y se inició la
hasta ahora inexplicada persecución de los autobuses en los que
viajaban, las autoridades federales, tanto como las estatales y
municipales, se encontraban al corriente de lo que estaba sucediendo.
Hay una zona gris justamente en aquellos momentos en que unos
estudiantes fueron aprehendidos mientras otros lograron escapar. Sobre
esto nada se nos dice en forma precisa ni en la verdad histórica ni en
la verdad declarada. La primera es la de Murillo Káram como procurador,
la segunda es la creada con los testimonios de los policías de Iguala.
Existe la increíble versión, implícita por lo demás, de que el
omnipresente poder federal no asomaba en ese momento por ninguna parte.
Si los estudiantes que pudieron escapar de la cacería de la policía
municipal fueron localizados por efectivos del Ejército antes de la
medianoche –“¿ustedes son ayotzinapos?” les inquirieron los soldados–,
¿cómo es posible que éstos no supieran nada sobre el paradero de los
estudiantes detenidos por la policía municipal?
Los jóvenes que se dieron a la fuga han declarado que los militares
recibieron reporte radial de un incidente en la carretera: era la
agresión contra el equipo de futbol de los Avispones de Chilpancingo. Lo
que se puede ver es que a los militares se les transmitía por radio lo
que estaba ocurriendo en Iguala aquella noche. Pero, ¿dónde estaban en
ese momento los estudiantes de Ayotzinapa detenidos? Al parecer
desaparecieron de las comunicaciones policiales y del Ejército.
Pero hay algo más. Una parte de los presuntos victimarios son también
presuntos delincuentes organizados, es decir, “perseguidos” por las
autoridades federales desde tiempo atrás. Si la policía municipal estaba
bajo el control de los narcos como todo indica, en Iguala existe un
fuerte destacamento militar que, por lo visto, nunca ha intentado poner
orden.
Esto tiene que ser explicado, como también la ocultada resolución de
la PGR de fecha 31 de diciembre de 2010 de no ejercicio de la acción
penal en favor de José Luis Abarca luego de una averiguación por
denuncia anónima que duró seis meses.
La búsqueda de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa quedó a
cargo de las autoridades federales luego de que la PGR atrajo a
regañadientes el caso Iguala. Habría que recordar que el jefe de la
seguridad pública federal, Osorio Chong, secretario de Gobernación,
declaró que era en Guerrero donde debía arreglarse todo ese lío.
Pues bien, las cosas resultaron tan duras y afrentosas que Peña Nieto
tuvo que aceptar lo que era lógico, legal y necesario: hacerse cargo de
la búsqueda de los estudiantes a quienes oficialmente había dejado de
vigilar durante la noche del 26 de septiembre a pesar de que transitaban
por carreteras federales.
Así, el gobierno de Peña es, ha sido y seguirá siendo, mientras no se
aclare todo, el responsable de decirnos qué ocurrió exactamente y por
qué. Pero entonces nos tendrá que aclarar también su propio grado de
responsabilidad en la tragedia de Iguala. Eso es lo que se busca eludir
por supremos motivos políticos y acaso de defensa personal.
Nota: está disponible el Informe sobre Iguala en www.pablogomez.org.
