La Redacción - Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Pese a que México tiene el
sistema más robusto de instituciones públicas en materia de garantías
individuales del continente, 32 organismos públicos y una institución
nacional, es el país más denunciado ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), afirmó Emilio Álvarez Icaza, secretario
ejecutivo de dicho organismo.
Al impartir en la UNAM la conferencia magistral “La situación de los derechos humanos y la respuesta de la sociedad organizada en México” mencionó que la gente no acude a estas instancias (a las que se destina un presupuesto anual de 200 millones de dólares), y prefiere resolver estos asuntos en el ámbito exterior.
Señaló que en los últimos 15 años, el país ha estado expuesto a un
escrutinio internacional, por lo que es preciso cumplir las
recomendaciones, pues de no hacerlo el escenario se agravará.
Uno de los desafíos es instrumentar una política pública relativa a niveles federal, estatal y municipal, advirtió.
Sobre las imputaciones formuladas a la CIDH, dijo que tienen tres
procedencias: la sociedad civil, abogados litigantes y personas en lo
individual. En 2015 se presentaron mil 164 peticiones de los 35 Estados
miembro, y de éstas, 849 fueron de México, lo que puede interpretarse de
dos maneras: que los distintos actores tienen condición para ejercer
sus derechos, los conocen, denuncian las violaciones y encuentran en la
entidad referida una instancia para resolverlos; o que esta cifra es el
reflejo de una crisis en ascenso, es decir, que a falta de respuestas a
nivel interno se acude a ámbitos externos.
Y describió a las medidas cautelares emitidas por la CIDH como un
sistema de emergencia de protección inmediata donde no se juzga, sino
que se le dice a la autoridad qué hacer para evitar vejaciones mayores.
“Aquí hay principios disparadores de participación pública, pues parte
importante de las solicitudes provienen de actores civiles interesados
en defender los derechos humanos”, señaló.
Hoy la sociedad encara la exigencia de presentar pruebas de todo lo
aseverado; ya no basta confinar el hecho, ahora estos indicios deben
remplazar el discurso, lo que demuestra la importancia de la evidencia
científica como sustento de la investigación de la justicia, concluyó.
