Rosalía Vergara - Proceso Desde hace décadas, sindicatos independientes, activistas y abogados exigían atemperar el sindicalismo charro que caracteriza al PRI. El gobierno nunca los oyó… hasta que Estados Unidos y Canadá presionaron en el mismo sentido para que México pudiera integrarse al Acuerdo Transpacífico. La administración peñanietista presentó dos iniciativas para mejorar la justicia laboral y la vida democrática en los gremios. Sólo falta que se aprueben.
En febrero, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) llevó
a cabo diversos foros sobre justicia laboral, preparando el terreno
para que el 28 de abril el presidente, Enrique Peña Nieto, enviara al
Senado dos iniciativas para reformar y adicionar algunos artículos de la
LFT y la Constitución. Las propuestas serán aprobadas por los
legisladores en el próximo periodo de sesiones.
De manera sigilosa, el gobierno había preparado las minutas desde el
año pasado debido a presiones desde Washington, que necesita que México
se ajuste a los criterios en materia laboral para que pueda integrarse
al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP,
firmado el 4 de febrero en Nueva Zelanda) y así conformar la zona de
libre comercio más amplia del mundo, con otras 11 naciones (Proceso
2050).
La presión de Washington y el apoyo de los sindicatos estadunidenses y
canadienses lograron así que el gobierno cumpliera demandas históricas
de los sindicatos democráticos, abogados de lo laboral y legisladores de
izquierda, con el fin de acabar con dos grandes injusticias hacia la
clase trabajadora: la parcialidad de las Juntas de Conciliación y
Arbitraje y los contratos de protección patronal.
Entrevistados por separado, el litigante Arturo Alcalde y el director
de Asuntos Internacionales de United Steelworkers, Ben Davis, dieron un
voto de confianza a las iniciativas de reforma, aunque se dijeron
preocupados porque las propuestas se queden en el papel o las minutas
nunca se discutan en el Legislativo.
En la exposición de motivos de estas propuestas, la Presidencia
reconoce que la reforma laboral de 2012 dejó temas pendientes, como las
reglas para los contratos colectivos de trabajo, el emplazamiento a
huelga y el recuento de los trabajadores para dirimir demandas
laborales, las cuales fueron propuestas hace cuatro años por la senadora
del PRD Alejandra Barrales.
La reforma de ese entonces había sido consensuada entre el gobierno
federal, las cúpulas empresariales, el PRI y el PAN para beneficiar a
los empresarios. En una oscura negociación entre diputados priistas y
panistas, se eliminaron las modificaciones a los artículos 388 bis y 390
de la LFT sobre la democratización y la transparencia de los
sindicatos, y no se discutió la precarización y el abaratamiento del
empleo (Proceso 1881).
En una audiencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del
Senado, que se realizó el 11 de octubre de 2012, el dirigente colegiado
de la UNT y líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez,
aseveró que la reforma fue consultada con los empresarios, no con los
sindicatos.
El exdiputado perredista advirtió que México se convertiría en un
país de salarios más bajos y se abriría la puerta al sindicalismo de
protección que existe desde los años veinte, pero era ilegal antes de
consumarse esta reforma.
El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, confirmó lo
anterior en la Sexta Conferencia Anual de Competitividad y Regulación,
realizada el 13 de septiembre de 2012, al declarar que en México “se
necesita la flexibilización de la contratación, pero también la
flexibilización para despedir a los trabajadores sin que sea tan costoso
para las empresas”.
En 2010 el entonces titular de la STPS, el actual senador panista
Javier Lozano, presentó una iniciativa elaborada por la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que es la misma que
impulsó en 2005, desde la misma dependencia, Carlos Abascal. Entonces la
rechazaron los 72 diputados obreros del PRI, entre ellos el líder de la
CROC, exdiputado y ahora senador Isaías González Cuevas (Proceso 1744).
Las minutas
Las iniciativas de reformas con proyecto de decreto enviadas por Peña
Nieto al Senado un día antes de que terminara el periodo ordinario de
sesiones plantean crear una instancia autónoma del Poder Ejecutivo que
registre contratos y sindicatos y garantice la autenticidad y publicidad
de los mismos.
“Debemos modernizar la justicia laboral. El pasado 28 de abril envié
al Congreso un paquete de iniciativas de reformas en materia de justicia
cotidiana, incluyendo una propuesta para transformar de fondo la
justicia laboral en nuestro país”, dijo el lunes 2.
La primera minuta propone modificar los artículos 390, 895 fracciones
III y IV y 931 y adicionar los artículos 390 bis, 390 ter, 931 bis y
931 ter.
“Se estima pertinente replantear el esquema que regula el depósito y
registro de los contratos colectivos de trabajo (CCT), a efecto de
erradicar cualquier práctica irregular o contraria al legítimo interés
de los trabajadores, sindicatos y patrones para establecer las
condiciones laborales que habrán de regir en el centro de trabajo”,
indica la minuta que reforma la LFT.
Los sindicatos no podrán emplazar a huelga al patrón por la firma del
CCT durante el periodo en que soliciten a la STPS la titularidad del
CCT.
Los sindicatos estarán obligados a entregar a sus agremiados una
copia de los estatutos, del registro sindical y de la directiva
sindical, además del CCT, mediante tarjetas electrónicas, para evitar la
práctica común en México –y escandalosa a nivel mundial– de que existan
“sindicatos de protección”, es decir, aquellos que tienen un registro,
firman un CCT con los patrones y negocian ínfimas condiciones laborales
para los trabajadores… que no pueden conocer los términos de su
contratación.
La propuesta pide actualizar las reglas para que los trabajadores
puedan elegir con qué sindicato pretenden solicitar la titularidad y
administración del CCT, protegiendo la confidencialidad, autenticidad y
voluntad de los agremiados, pues en la actualidad estas decisiones se
realizan, en la mayoría de los casos, a mano alzada, lo que coarta la
libertad.
El sindicato deberá garantizar, por ley, un padrón de empleados
actualizado, la seguridad del lugar donde se realicen las votaciones y
los recuentos, que la votación se realice de forma libre y secreta, la
transparencia del conteo de votos –que debe ser público– y el derecho de
audiencia.
La segunda iniciativa busca reformar los párrafos I, III y IV de la
fracción III y el inciso d) de la fracción V del artículo 107 de la
Constitución; así como las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y el inciso b)
de la fracción XXVII, y adiciona la fracción XXII bis y el inciso c) de
la fracción XXXI del Apartado A del segundo párrafo y suprime el
segundo párrafo de la fracción XXXI del Apartado A del segundo párrafo
del artículo 123 de la Constitución, relacionados con los juicios
laborales.
Esta transformación del sistema de justicia laboral, señala la
minuta, incluye a las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los ámbitos
federal y estatal.
“La iniciativa está dirigida a acabar con todo espacio susceptible de
prohijar inercias, vicios y prácticas que durante el desarrollo de un
conflicto laboral dan lugar a la incertidumbre jurídica. Se debe
eliminar todo elemento que convierta a la justicia laboral en lenta,
costosa, de difícil acceso y cuestionable, así como combatir la
parcialidad, simulación, discrecionalidad y opacidad”, señala la minuta.
Se indica también la necesidad de “actualizar nuestras leyes y
hacerlas acordes con la realidad laboral nacional e internacional, así
como transformar instituciones y construir nuevas políticas públicas”.
Cita que en la consulta elaborada por el Centro de Investigación y
Docencia Económica (CIDE) en el marco de los Diálogos por la Justicia
Cotidiana, se subrayó la necesidad de analizar la situación de las
juntas respecto a la autonomía y a sus formas de integración tripartita.
Concretamente, la iniciativa propone “que la justicia laboral sea
impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial de la Federación
o de los poderes judiciales locales, según corresponda”. La función
conciliatoria estaría a cargo de Centros de Conciliación
descentralizados, especializados, imparciales, dotados con personalidad
jurídica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
“Se propone revisar el sistema de distribución de competencias entre
las autoridades federales y locales. De esta manera, con el propósito de
fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y de
sindicación, se considera necesario crear un organismo descentralizado
de la Administración Pública Federal que tendrá la facultad, entre
otras, de atender el registro de todos los contratos colectivos de
trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los procesos
administrativos inherentes a dichas materias. El organismo también
tendrá a su cargo la función conciliatoria en el orden federal”, apunta.
Impulsa que la designación del titular de este organismo se realice
con la participación del Ejecutivo federal y el Senado, como sucede con
otras instituciones nacionales.
Plantea que si se aprueba la reforma, ésta entraría en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
–igual que la primera minuta–, para que el Congreso de la Unión y las
legislaturas locales adecuen la legislación laboral dentro del año
siguiente, plazo en el que se deberá presentar la terna para el titular
del organismo descentralizado.
En tanto, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la STPS o las
autoridades locales, según corresponda, continuarán atendiendo las
diferencias o conflictos entre el patrón y los trabajadores y sobre el
registro de los CCT y los sindicatos. Los Tribunales Colegiados del
Circuito del Poder Judicial recibirán los amparos interpuestos contra
los laudos emitidos por las juntas.
Un voto de confianza
El abogado laboralista Arturo Alcalde considera que las propuestas
crearían un árbitro confiable para resolver los conflictos: “Podemos
decir que es una iniciativa altamente positiva. Pero hay todavía una
serie de temas que deberán formularse.
“Es interesante la reacción, el silencio de las centrales obreras
‘charras’ y la reacción diferenciada de los juristas auténticos que han
apoyado la iniciativa y aquellos que están viendo perder su negocio.
Entre ellos están los sindicatos ‘charros’, los gobernadores
acostumbrados a administrar la justicia y dan consigna y los abogados
que han sido beneficiados de este circuito de corrupción, sobre todo en
materia local”, comenta.
El litigante destaca la reforma en los contratos de protección, pues
hay una condena permanente al sistema laboral mexicano porque se
convirtió en el prototipo de la corrupción en el mundo, sometido a una
regla de oro: el patrón escoge al sindicato con el que firmará un CCT.
Dichos progresos en materia laboral, abunda, se concretaron “por la
presión internacional”: “Hubo muchas empresas que le pidieron al
gobierno mexicano que hubiera un régimen de derecho, porque ellas están
acostumbradas a cumplir con ciertos estándares éticos. Empresas sobre
todo extranjeras”.
Incluso, añade, hay una campaña a escala internacional contra México
por los contratos de protección. Un ejemplo fue la queja 2694 ante la
Organización Internacional de Trabajo (OIT) que condenó este modelo
mexicano: “Exhibieron a México como un paria internacional en materia
laboral”.
Ben Davis, de los Steelworkers, destacó el avance de las minutas
porque retoman demandas antiguas del sindicalismo independiente de
México y de Estados Unidos desde el Tratado de Libre Comercio con
América del Norte (TLCAN).
“Creo que cualquier iniciativa que viene de este gobierno va a ser
cuestionada y muy criticada por la izquierda y por el movimiento
sindical. ¡Y debe ser así! Porque el escepticismo tiene fundamento.
Obviamente, una cosa es proponer reformas y otra ejecutar y cumplir. Son
cuestiones complicadas que implican la creación de nuevas burocracias. Y
algunos preguntan: ¿quién va a garantizar que los jueces sean menos
corruptos que las juntas?”
Esta reportera le preguntó si los sindicatos de Estados Unidos y
Canadá presionaron a sus gobiernos para que exigieran a México realizar
estas reformas: “Hemos estado muy insistentes con nuestro gobierno, en
el Congreso, en las reuniones con el Poder Ejecutivo, en la idea de que
si vamos a entrar a nuevos acuerdos comerciales con México no se debe
permitir profundizar aún más la represión de los sindicatos
democráticos”.
Calificó lo ocurrido como una oportunidad para el sistema de justicia
laboral mexicano, aunque subrayó el hecho de que el Senado no ha
ratificado el Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva.
Sería una “decepción muy grande” que no se aprobaran las reformas,
consideró Davis. Y recuerda: hubiera sido mejor “si el PRI hubiera
tomado la decisión de volver a sus raíces y preocuparse por el bienestar
de los trabajadores”.
