Jesusa Cervantes - Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La fiscalía y un juez militar podrán catear
domicilios e intervenir comunicaciones privadas de civiles haciendo a
un lado a la autoridad ciudadana, ello cuando se indague un delito en
donde participen elementos castrenses y civiles.
Lo anterior forma parte de la reforma al Código de Justicia Militar y la expedición del nuevo Código Militar de Procedimientos Penales, que el pleno de la Cámara de Diputados avaló con 253 votos, dos sufragios más de lo que la ley exige como mínimo.
La aprobación se dio entre acusaciones de “negociaciones en lo
oscurito” y el retiro del pleno de la fracción parlamentaria de Morena.
Sólo PRI, PAN, Verde y Panal respaldaron los cambios que de última
hora modificaron el dictamen que aprobó la Comisión de la Defensa
Nacional, mismo que abrió la puerta para la violación a los derechos
humanos, según reclamos de la oposición.
El presidente de la Comisión de la Defensa y exsubsecretario de la
Sedena, el general y diputado por el PRI Virgilio Bazán –quien durante
la legislatura pasada intentó impulsar cambios a la Ley de Seguridad
Nacional para que se diera legitimidad a los actos de las fuerzas
castrenses en materia de persecución del crimen organizado– fue el
encargado de presentar el dictamen ante el pleno.
Sin embargo, el documento no fue el mismo que todos los partidos
avalaron en comisiones, por lo que Morena se retiró del lugar para no
legitimar “un atentado contra los derechos humanos y una negociación
tras banderas”, misma que se dio durante 20 minutos entre diputados de
PRI, PAN y PRD.
Al final, el PRD votó en contra junto con MC, en tanto que Morena se retiró del salón de plenos en protesta por el madruguete.
Los cambios prevén la incorporación de la nueva figura del “fiscal
general de Justicia Militar” y del “juez militar de Control”, quienes
podrán ejercer estas nuevas funciones en contra de civiles.
Además, en los cateos se podrá incluir el ingreso al recinto
parlamentario, ya sea del Senado o de la Cámara de Diputados, así como
también de organismos descentralizados, como INE, CNDH, Banco de México,
Inegi o el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Los actos en que intervendrán el fiscal militar o el juez militar de
control tendrían que ver con la intervención de comunicaciones privadas y
los cateos; además, se podrán ordenar cuando se investigue un delito de
crimen organizado y en donde participen militares y civiles como
involucrados.
En este aspecto, el MC través del diputado Víctor Sánchez pidió que
para evitar la violación a los derechos humanos se excluyera a los
civiles y se pidiera la colaboración de un juez civil, sin embargo, la
petición fue rechazada.
También, con el simple hecho de que en un posible delito en que
participa un militar y un civil sea ahora juzgado por la autoridad
militar, se echa abajo la modificación al propio Código Militar que
resultó de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en el caso de Rosendo Radilla, y donde se estableció que
cuando en un ilícito participen un militar y un civil, el elemento
castrense sea juzgado por la autoridad civil y no la militar. Ahora con
los cambios el tema se revierte.
Delincuencia organizada, homicidio doloso, delitos graves y violentos
con armas de fuego y explosivos serán los casos en que el fiscal y el
juez militar podrán ordenar el cateo e intervención de comunicaciones
privadas de elementos castrenses y civiles.
Virgilio Caballero, Ariel Juárez y Alfredo Basurto, de Morena,
detallaron en conferencia de prensa que el PRD tenía inicialmente 51
reservas al dictamen, pero después de una negociación de 20 minutos “en
lo oscurito” con PRI y PAN, las redujo a ocho.
Aunque se esperaba que el PRD votara a favor luego de esta
negociación, éste sufragó en contra, e incluso adelantó que recurrirá a
la controversia constitucional, a lo que el presidente de la mesa
directiva, el perredista Jesús Zambrano, aclaró que la iniciativa aún
tiene que pasar por el Senado de la República y convertirse en ley para
que ello pueda darse.
Los cambios también prevén la obligatoriedad de los civiles para
declarar ante la fiscalía militar o el juez castrense cuando así se le
requiera. Y como en los juzgados civiles, si aquéllos no acuden al
llamado, el juez militar ordenará su presentación.
El diputado de Morena, Ariel Juárez, reclamó que el vicecoordinador
del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, negocie tras bambalinas cuando
recibe instrucciones de la Presidencia de la República o de Gobernación.
“Empieza a cabildear con los demás partidos temas que no fueron tocados
en comisiones”, acusó.
La indignación de Morena, añadió, “es que no vamos a ser comparsas de
esas negociaciones en lo oscurito y de esos acuerdos que se toman al
margen de las instancias en donde debe discutirse y debatirse. ¡Qué
vergüenza de legisladores!”, fustigó.
Además de los 253 votos a favor hubo 67 abstenciones, donde participaron MC y PRD, y también se registraron dos abstenciones.
La minuta será enviada al Senado de la República y éste debe votarla.
Una vez que ello ocurra, los diputados o senadores podrán recurrirla a
través de una controversia constitucional.
