Arturo Rodríguez García - Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La reticencia del gobierno
mexicano a la observación y asistencia internacional alcanzó su peor
momento cuando el presidente Enrique Peña Nieto reiteró desde Dinamarca,
el jueves 14, lo que dos semanas antes adelantaban sus colaboradores:
el fin de la estancia en México del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), invitados a investigar la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa.
Bajo presión internacional y con movilizaciones multitudinarias en el país, el gobierno acordó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la integración del GIEI. El informe de investigación y primeras conclusiones se presentaron el 6 de septiembre de 2015, señalando irregularidades, inconsistencias y ausencias en la investigación de los hechos, descalificando la llamada “versión histórica”. Luego, a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las víctimas, el mandato se renovó seis meses, plazo que concluirá el sábado 30.
Desde la presentación del informe, el grupo de expertos
encontró obstáculos por parte del gobierno, al cual terminó acusando de
violentar acuerdos, alentar el desprestigio contra sus miembros, entre
otras cosas por admitir una denuncia (por el destino de los recursos
públicos asignados al GIEI) contra el secretario ejecutivo de la CIDH,
el mexicano Emilio Álvarez Icaza.
Días antes de anunciar el fin de la relación, la
Procuraduría General de la República (PGR) admitió abrir una
averiguación previa contra Álvarez Icaza, por ser quien firmó el acuerdo
entre la CIDH y México. La Comisión respondió el 29 de marzo con un
comunicado en el que afirmaba que había una campaña de desprestigio y
reprobaba que se diera entrada a la denuncia.
Ese día, el secretario de Gobernación anticipó, en entrevista con Radio Fórmula, que no daría prórroga al GIEI.
En reacción a ello, el presidente de la CIDH, James
Cavallaro, dijo en entrevista con este semanario: “No es decisión del
señor (Miguel Ángel) Osorio Chong, secretario de Gobernación, dar por
terminada la participación del GIEI en el caso Ayotzinapa. Extender o
ampliar la prórroga de trabajo del GIEI es decisión de la CIDH” (Proceso
2057).
Lejos de suavizar la tensión, el gobierno peñista se
radicalizó. El sábado 2, un grupo colegiado de expertos en fuego y la
PGR revelaron conclusiones preliminares que reforzaban la “verdad
histórica” ofrecida un año antes, al afirmar que al menos 17 cuerpos
fueron calcinados en el basurero de Cocula y asegurando que ahí pudieron
desaparecer los 43 jóvenes.
En respuesta, el GIEI denunció un día después que la PGR
había roto acuerdos y que las conclusiones no se habían trabajado con
ellos. La crisis avanzaba y ese día los expertos patentaron su
rompimiento con la PGR.
El gobierno negó la ruptura el jueves 7 cuando, al anunciar
la gira presidencial por Alemania y Dinamarca, el vocero presidencial
Eduardo Sánchez, se limitó a recordar que la prórroga concluía el día
30, y la jefa de la oficina de la Cancillería, Ana Paola Barbosa, más
diplomática, expuso lo que sería la afirmación persistente en los días
que siguieron: “Es importante recordar que fue precisamente el gobierno
de México quien, por iniciativa unilateral y nuestra, que se pide la
creación de este grupo. Ha sido un diálogo estrecho sumamente útil y
seguiremos trabajando y apoyándolos hasta que termine su mandato que es
hasta fin de mes” (sic).
Finalmente el viernes 15 la CIDH confirmó lo que Peña Nieto
había dicho en Dinamarca: que el trabajo del GIEI concluía. La Comisión
lamentó la postura del gobierno mexicano en un comunicado en el cual
admitía necesitar la anuencia del Estado parte, a contrapelo de las
declaraciones previas de Cavallaro.
Una semana de crisis
La segunda semana de abril arrojó un saldo negativo para el
gobierno de Peña Nieto en materia de derechos humanos; al desencuentro
con la CIDH se sumaron los cuestionamientos internacionales por el mal
desempeño en la materia.
En Berlín, aun con el lenguaje diplomático que suele
caracterizar las visitas de Estado, el presidente alemán, Joachim Gauck,
expresó el lunes 11 frente a Peña Nieto, a propósito de la violencia
criminal en México: “Los ciudadanos esperan del Estado, además de la
prevención de la violencia, que los crímenes sean esclarecidos y
sancionados con prontitud y respetando los principios del Estado de
derecho”.
En otro encuentro, la canciller Angela Merkel dijo que
ofreció a Peña Nieto ayuda para esclarecer la desaparición de los
normalistas, apoyar el combate al crimen y, entre otras consideraciones,
expuso: “Queremos que la policía mexicana sea más eficiente, también en
el respeto a los derechos humanos”.
Peña Nieto se limitó a aseverar que México “es un país que
protege la defensa de los derechos humanos”. Así, una gira programada
para echar a andar una serie de temas económicos, culturales y de
turismo, terminaba confrontando al mandatario con su desprestigio
internacional.
Al día siguiente de su declaración frente a Merkel, el
Departamento de Estado estadunidense emitió el informe anual Country
Reports on Human Rights Practices for 2015; concluyó que a tres años de
gobierno de Peña Nieto las violaciones a los derechos humanos, así como
la corrupción y la impunidad, siguen siendo una constante en México.
Entre los temas del mencionado informe destaca la existencia
de “graves abusos” de policías y militares en ejecuciones
extrajudiciales, tortura y desaparición. Exhaustivo, el informe
documentó también las precarias condiciones carcelarias, las amenazas y
violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos. Además
observó la falta de transparencia en violaciones graves a los derechos
humanos.
Ante la contundencia del informe, el subsecretario de
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Mario Ruiz
Cabañas, dijo en Washington que México no negaba los “retos y desafíos”
en la materia. Añadió: “Por eso tenemos una política de cooperación muy
abierta, vigorosa, con los organismos internacionales y regionales.
“Lo que hacen algunos informes que hacen algunos países,
pues son ellos los que lo dicen. Nosotros tenemos una gran convicción de
que se está haciendo un gran esfuerzo por parte del gobierno federal
para atender todos y cada uno de los retos que México enfrenta” (agencia
EFE, miércoles 13).
La declaración se hacía en el contexto del desencuentro con
la CIDH y ante los cuestionamientos a Peña Nieto en Europa. Para colmo,
en México, el ómbudsman afirmaba que policías federales participaron en
los hechos de Iguala, y en redes sociales se viralizaba un video en el
cual se ve a militares y policías federales torturar a una mujer.
Rijosidad
El primer día de su administración, Peña Nieto enunció la
política exterior como eje de gobierno en su planteamiento “México,
actor con responsabilidad global”. El relanzamiento de la política
exterior, si bien consiguió consolidar temas de la agenda económica,
adoptó un matiz contestatario en materia de derechos humanos, al grado
de romper con el mesurado lenguaje de la diplomacia.
En marzo de 2014, durante el XXV periodo de sesiones del
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el gobierno mexicano
presentó sus observaciones respecto a 176 recomendaciones que había
recibido en octubre durante su evaluación en el Examen Periódico
Universal. Sólo aceptó 166, y entre las que rechazó destacaba su
negativa a eliminar la figura del arraigo y a reconocer jurisdicción del
Comité de Desaparición Forzada de la ONU.
Casi un año después, los días 1 y 2 de febrero de 2015, en
Ginebra, el Estado Mexicano fue severamente cuestionado por esa
negativa. Ahí, fue el subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo quien
protagonizó acaloradas discusiones valiéndose incluso de la ironía para
responder a los miembros del Comité (Proceso 1997).
El 16 de febrero siguiente, no sólo se dejó de aceptar la
jurisdicción sino que el entonces canciller, José Antonio Meade,
descalificó las recomendaciones del informe del Comité sobre la
situación de las desapariciones forzadas en México, considerando que no
fue una revisión exhaustiva y acusando falta de seriedad y objetividad.
Quizá la descalificación más famosa fue la que se hizo en
octubre pasado al relator especial sobre tortura de Naciones Unidas, a
quien de plano, ya no se le quiso recibir en México.
Algo similar ocurrió con el relator de Libertad de Expresión
al iniciar el gobierno peñista y –precedente de la actual crisis con el
GIEI– descalificó el informe de la CIDH, publicado el pasado 2 de
marzo.
Si bien, la atención internacional en materia de derechos
humanos en México se centra en temas de seguridad y justicia, hay otros
también de derechos humanos a los que se responde con furia.
El martes 12, en medio de la disputa entre la CIDH y a punto
de emitirse el informe del Departamento de Estado, el titular de
Desarrollo Social, José Antonio Meade, abrió otro frente, ahora contra
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que
publicó su informe sobre México, enfatizando que en los últimos cinco
años no disminuyeron los niveles de marginación. Meade expuso: “Es lisa y
llanamente un mal estudio”. Meade reprobó la metodología.
El 7 de octubre de 2015 el Alto Comisionado de la Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se refirió a
México a propósito del trato recibido por el relator sobre tortura,
invitado por el gobierno mexicano y luego vilipendiado:
“Desde hace tiempo México ha sido muy generoso en sus
invitaciones; por tanto, ha sido una sorpresa para nosotros cuando el
relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Juan
Méndez, fue sujeto de virulentos ataques personales por parte de algunos
actores políticos”, reprochó.
