Eva Mendoza - Contralinea
La Semarnat sí tuvo conocimiento previo
de la “irremediable pérdida” de mangle y de especies de fauna en
Tajamar, revela la manifestación de impacto ambiental. Ante el aval de
autoridades ambientales a la depredación, la sociedad presentó 14
amparos contra el proyecto.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tenía conocimiento de la “irremediable pérdida” de mangle y de especies de fauna en Tajamar, Quintana Roo, revela la manifestación de impacto ambiental modalidad particular. Anteproyecto Malecón Cancún (MIA-P), de la que Contralínea tiene copia.
El sitio, de más de 70 hectáreas,
comenzó a urbanizarse desde 2006. Éste alberga 62 especies vegetales y
es hábitat de 32 especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Pese a
ello, la autoridad ambiental no encontró inconveniente respecto de la
construcción del megaproyecto inmobiliario Malecón Cancún.
Por
la arbitrariedad y la destrucción, registrada a mediados de enero de
2016, la sociedad civil ha presentado 14 amparos en contra del proyecto
de los cuales se han obtenido dos suspensiones definitivas y una
provisional. Con ello se imposibilita a autoridades y particulares a
ejecutar cualquier obra en el manglar Tajamar.
Semarnat sí sabía de la “irremediable pérdida” de mangle y especies de fauna en Tajamar Click Para Twittear
La manifestación de impacto ambiental
Elaborada por la empresa Ingeniería del
Medio Ambiente, SA de CV (Imasa), a petición del Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur), la MIA-P fue ingresada para su evaluación
el 10 de febrero de 2005 al Centro Integral de Servicios de la
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental.
En una de las 445 fojas que integran el
expediente se lee: “Se señala a la autoridad ambiental que el predio que
ocupa el proyecto formará parte de una zona urbana donde el espacio
natural será reemplazado en su totalidad”.
Cinco meses después, el 28 de julio de
2005, mediante el oficio S.G.P.A.lDGIRADEI.1855.05, la Dirección General
de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) emitió la autorización
condicionada.
La DGIRA no encontró inconveniente
alguno en aprobar la construcción del proyecto inmobiliario Malecón
Cancún sobre un predio que contenía 37.61 hectáreas de vegetación
hidrófila; 11.49 hectáreas de vegetación terrestre; y 9.66 hectáreas de
espejos de agua y terracería.
Sitio de 58.76 hectáreas que además,
según la propia manifestación, albergaba 62 especies vegetales, entre
ellas el manglar de Conocarpus-Rhizophora, el manglar mixto inducido y
el manglar primario, con estatus de protección especial de conformidad
con la Norma 059 de la Semarnat (NOM-059-SEMARNAT-2010).
La poligonal es también hábitat de 32
especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos. En el predio, según
documentó la propia empresa Imasa, destaca la presencia constante de la
iguana rayada (Ctenosaura similis), la rana leopardo (rana berlandieri) y el cocodrilo de pantano (Crocodylus moreleti) que cuentan con estatus de protección. Entre las especies más comunes también están los anolis (Anolis sericeus y Anolis sagrei), que habitan principalmente en las zonas con tierra firme.
En el caso de las aves, observaron con frecuencia al carpintero cheje (Melanerpes aurifrons), la garcita blanca (Egretta thula), la garcita verde (Butorides virescens), el garzón blanco (Casmerodius albus), la paloma alablanca (Zenaida asiática), la papamosca triste (Myiarchus tuberculifer) y al vireo manglero (Vireo pallens).
Mientras que las especies de mamíferos más frecuentes son el tlacuache (Didelphis virginiana) y el mapache (Procyon lotor).
En suma, Imasa contabilizó nueve
especies bajo algún estatus de protección: siete con categoría de
protección especial y dos con categoría de especie amenazada.
No obstante los hallazgos, la
manifestación concluyó que “las especies con algún estatus de protección
registradas cuentan con una amplia distribución en la entidad; de tal
manera que los cambios a nivel regional y en el sitio con seguridad no
afectarán sus poblaciones y, en consecuencia, no se verán amenazadas por
la realización del proyecto”.
Devastación de Tajamar, desde 2006
Un año después, cuando la Semarnat
autorizó para el proyecto el cambio de uso de suelo en terrenos
forestales, siendo todavía titular José Luis Luege Tamargo, inició la
dotación de infraestructura. En el lugar se construyeron vialidades,
guarniciones y banquetas; se instaló el drenaje sanitario y pluvial;
electrificación, alumbrado público, y la lotificación de los terrenos en
venta.
Las obras dieron inicio el 22 de mayo de
2006, tal como le informó Guillermo Guzmán Núñez, subdirector de
Proyectos y Estrategia de Desarrollo del Fonatur, al biólogo Ricardo
Juárez Palacios, director de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat.
En el oficio SPED/GGN/028-2007 –del cual Contralínea
posee copia–, Guzmán Núñez comunicó además que, debido a la necesidad
de gestionar la totalidad de las autorizaciones para su construcción,
los trabajos relacionados a la urbanización del proyecto llevan un
avance del 20 por ciento en terracerías.
Ver/ocultar línea de tiempo de la devastación
En la misiva de dos páginas, fechada el
15 de enero de 2007, el funcionario del Fonatur refirió que para
continuar la construcción de las obras, se requeriría tiempo adicional,
por lo que le solicitaba la ampliación de la vigencia de la autorización
por un periodo de 24 meses.
De no obtenerse dicha ampliación, “se
ocasionarían perjuicios de carácter ambiental, económico y social, ya
que esta zona se encuentra en proceso de transformación”.
Al respecto, abundaba: “el área donde se
construirán las calles se encuentra a nivel de terracería, lo cual,
presenta oportunidades para la invasión de terrenos y su ocupación sin
control de la disposición de desechos. En el aspecto económico, se
convertiría en una pérdida de 30.48 millones de pesos invertidos hasta
la fecha; al no concluir con la dotación de los servicios a los lotes
para su comercialización y posterior ocupación, se dejarían de crear
empleos asociados a la construcción y la operación de esta zona urbana;
asimismo en lo social, la ciudad de Cancún perdería la opción de tener
una ventana hacia el Sistema Lagunar Nichupté y de concentrar los
servicios de la administración pública municipal”.
No fue la única ocasión que el Fonatur
solicitó ampliaciones o modificaciones a la Semarnat. Al argumentar
“mediciones más precisas del mismo polígono”, el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo pidió –mediante el oficio SPED/JFAJ/508-2007, del 11
de julio de 2007– la aprobación de la Semarnat para aumentar la
superficie de 58.76 hectáreas a 74.24, mismo que le fue otorgado.
Según informó el propio Fondo, 2 años
después, en 2009, se aprobó la ampliación del plazo de vigencia de la
autorización en materia de impacto ambiental y de uso de suelo, con
fecha de vencimiento al 8 de febrero de 2016.
La prisa del turismo depredador
Así,
23 días antes de que vencieran ambas autorizaciones, la madrugada del
16 de enero de 2016, se reanudaron las obras de desmonte y chapeo en
Tajamar bajo estricto resguardo policial.
Durante 4 días, maquinaria pesada entró y
arrasó con más del 90 por ciento de la reserva ambiental, acusó la
asociación Salvemos al Manglar Tajamar. De acuerdo con la organización, a
las 4 de la madrugada del sábado 16 de enero, alrededor de 50 camiones
con material, pipas de agua y retroexcavadoras ingresaron al manglar
Tajamar para rellenar, devastar y tratar de “rescatar” la flora y fauna
que ahí existía.
A través de su perfil en Facebook,
Salvemos al Manglar Tajamar denucnió que a pesar de que la Dirección de
Ecología dijo haber supervisado el rescate de flora, “todos somos
testigos de que esto es falso y la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) no concluyó con el rescate de fauna, ya que se
detectó la presencia de cocodrilos días después de la devastación del
lugar”.
El reinicio de las obras fue dado a
conocer por el gobierno de Quintana Roo, que explicó que un juez federal
dejó sin efecto la suspensión provisional contra dichos trabajos.
No obstante, en noviembre de 2015, el
juez Cuarto con sede en Cancún concedió la suspensión definitiva de las
obras a favor de 113 niños que promovieron un amparo en contra de la
devastación del manglar. La resolución, sin embargo, fijaba una fianza
de 20 millones 985 mil 643.89 pesos a los menores, con el objetivo de
compensar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a
las 22 empresas que edificarían proyectos turísticos en ese lugar.
Hasta el momento, la sociedad civil ha
presentado 14 amparos en contra del proyecto Malecón Tajamar de los
cuales se han obtenido dos suspensiones definitivas por parte de un juez
y una provisional, lo que imposibilita las obras en el manglar Tajamar.
El proyecto
El desarrollo Malecón Cancún forma parte
de una cartera de negocios del Fonatur denominado Proyecto de Plan
Maestro Malecón Cancún, orientado a generar supuestas alternativas
inmobiliarias cercanas a la ciudad de Cancún.
De los estudios de mercado inmobiliario
presentados en el Plan Maestro Malecón Cancún, se establece que para
2020 se requerirán en ese destino turístico alrededor de 10 mil
viviendas para estratos socioeconómicos medios, por lo que el proyecto
podrá satisfacer hasta el 50 por ciento de esta demanda.
Propiedad del Fondo, se localiza en la
transición entre la zona turística y urbana de la ciudad de Cancún, con
frente a la Laguna Nichupté. El Sistema Lagunar Nichupté es una laguna
costera integrada por la Laguna Nichupté; cuatro lagunas periféricas:
Bojorquez, Caleta, del Amor y Río Ingles; y dos canales de comunicación
con el Mar Caribe, Cancún (Playa Linda) y Nizuc.
En su conjunto, el sistema abarca un
área de 12 kilómetros de ancho por 21 kilómetros de largo. Dicho cuerpo
de agua se encuentra protegido del Mar Caribe por una barra de arena, la
Isla de Cancún, sobre la que se encuentra construida la zona hotelera.
El Sistema Lagunar Nichupté es utilizado
para la recreación de los visitantes y como vía de navegación de
embarcaciones menores, con fines básicamente turísticos. En su margen
colindante a la zona hotelera se ubican el mayor número de instalaciones
náuticas, que operan en ese centro turístico, así como también
restaurantes, hoteles, villas y centros comerciales, que aprovechan el
cuerpo de agua como escenario natural.
Fonatur ha pretendido desde 1992
instrumentar proyectos de desarrollo en el predio denominado Malecón
Cancún. La MIA-P es una actualización del proyecto Malecón Cancún
dictaminado como procedente, mediante el oficio D.O.D.DGNRE.4110372, el 5
de agosto de 1992 por la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e
Impacto Ambiental, del Instituto Nacional de Ecología. En éste se había
autorizado la construcción de infraestructura urbana para un desarrollo
habitacional, turístico, comercial y actividades de dragado.
Según el Acuerdo de Coordinación para el
Ordenamiento Ecológico de la región denominada Sistema Lagunar
Nichupté, Cancún, Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial
del gobierno de Quintana Roo, el 30 de noviembre de 1994, se asignaba
al área donde se pretendía desarrollar el proyecto el estatus de
Aprovechamiento para Desarrollo Urbano y Turístico de Densidad Baja
(Unidad Territorial de Gestión Ambiental T-20).
Corresponde a estas unidades una
política ecológica de aprovechamiento, con una vocación de uso de suelo
apta para desarrollo urbano y turístico de densidad baja (hasta 150
habitantes por hectárea), con criterios de ordenamiento ecológico.
El proyecto Malecón Cancún –un
desarrollo inmobiliario promovido por el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo, a ubicarse en el municipio de Benito Juárez– será operado por
Fonatur como desarrollo primario (urbanización y dotación de servicios)
para posteriormente comercializar lotes urbanizados y servicios a
promotores inmobiliarios que los venderán con infraestructura para uso
habitacional de densidad baja, de acuerdo con el Ordenamiento Ecológico
de la Región denominada Sistema Lagunar Nichupté.
Su proceso de desarrollo se planteó en
tres etapas: urbanización, lotificación y construcción. De éstas, las
dos primeras se evaluaron en la manifestación de impacto ambiental
modalidad particular, la tercera etapa correspondiente a la construcción
quedó sujeta al cumplimiento de los requisitos ambientales que las
autoridades soliciten o requieran, en su momento, a cada uno de los
adquirientes de los lotes.
De acuerdo con la descripción incluida
en la MIA-P, la vialidad se integrará por 3.3 kilómetros de red
primaria, 1.4 kilómetros red secundaria, seis glorietas de 15 metros de
diámetro en promedio.
Elva Mendoza
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