Un grupo de empresarios se han
apoderado de un tramo de la Carretera Transpeninsular Benito Juárez. Ya
desarrollan un lujoso proyecto turístico exclusivo, denominado Zona
Dorada
Los
empresarios Eduardo Sánchez-Navarro, dueño del grupo Questro y del
Grupo Aeroportuario del Pacífico, de Promotora Cabo Real y de
Constructora Bajacaliforniana, SA de CV; Rubén Coppel, propietario del
desarrollo turístico Solaz y de las tiendas y almacenes que llevan su
apellido;
Gustavo Lomelí, del hotel Le Blanc, así como José María Pablos González, de Quinta Tres, SA de CV, habrían promovido la privatización de al menos 8 kilómetros de la Carretera Transpeninsular Benito Juárez, que comunica a Cabo San Lucas con San José del Cabo, denuncia un grupo de asociaciones de profesionistas, prestadores de servicios, ecologistas y habitantes del lugar.
Gustavo Lomelí, del hotel Le Blanc, así como José María Pablos González, de Quinta Tres, SA de CV, habrían promovido la privatización de al menos 8 kilómetros de la Carretera Transpeninsular Benito Juárez, que comunica a Cabo San Lucas con San José del Cabo, denuncia un grupo de asociaciones de profesionistas, prestadores de servicios, ecologistas y habitantes del lugar.
En
complicidad con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el
cabildo municipal de San José del Cabo –que primero aprobó por mayoría
el cambio de uso de suelo de la zona carretera el pasado 10 de
diciembre, y luego dio el visto bueno al proyecto de “modernización” del
tramo actual, así como del nuevo trazo carretero–, el interés de los
magnates se concretó en hacerse de un preciado e histórico destino
turístico al privatizar el tramo carretero que comprende al menos seis
playas del Océano Pacífico: Buenos Aires, Costa Brava, San Carlos, Cabo
Real, El Bledito, El Marquís y El Dorado, para remodelar la zona y
convertirla en un exclusivo destino turístico con lujosos hoteles con 8
mil cuartos, tiendas, áreas de esparcimiento, a los que ya no tendrían
acceso los turistas nacionales ni los pobladores de la región.
“Ni
venta, ni permuta ni privatización del actual tramo carretero; no nos
oponemos a la inversión para impulsar el turismo en Baja California Sur,
sino que se haga bajo un nuevo concepto de desarrollo turístico que
respete el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, los intereses de la
comunidad y la ecología de la zona”, advierte Blanca Pedrín, presidenta
de la Asociación del Centro Histórico de Los Cabos.
El
representante del grupo ecologista Los Cabos Coastkeeper, AC, Mateo
Parr Bennett, explica que se plantearon dos esquemas de vialidad
diametralmente opuestos. El que establece el Plan de Desarrollo Urbano
de Los Cabos de tres vialidades lineales y paralelas a la costa del
Océano Pacífico: el libramiento carretero, el Eje Interurbano y la
Carretera Transpeninsular. “La propuesta de los promoventes interrumpe
este esquema lineal, cambia la naturaleza unificada del destino
turístico y crea una zona excluyente y exclusiva del gran turismo”,
advierte.
Y es que desde su página en
internet el Grupo Questro, de Sánchez-Navarro, desde hace tiempo
promueve el proyecto El Dorado como “una íntima experiencia, exquisita
comunidad privada de playa, golf y desierto, con más de 1 milla de costa
espectacular, diseñada para clientes que buscan la privacidad absoluta y
lo mejor en atención al cliente”.
Es
decir, señala Parr Bennett, con la aprobación del cabildo del cambio de
trazo carretero y luego de modificar el uso del suelo se pretende crear
un esquema de subdestinos turísticos con el cambio del trazo carretero,
con lo cual se fracciona el bien común económico más importante de Los
Cabos que es el turismo, para dar paso a una zona exclusiva excluyente
de lugareños y turistas de bajo perfil económico.
El tramo carretero en disputa comprende al menos seis playas del Océano Pacífico: Buenos Aires, Costa Brava, San Carlos, Cabo Real, El Bledito, El Marquís y El Dorado”
Esta
especie de zona aislada en beneficio de los empresarios promoventes del
proyecto pretende controlar los accesos a las playas que por ley son
propiedad de la nación y de uso de todos los mexicanos; limitar también a
quienes ellos consideren como foráneos, en una zona que cuenta con una
mayor extensión de áreas de playa, lo que ocasiona además competencia
desleal con los hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios
turísticos de otras zonas en el destino que por décadas han desarrollado
un turismo tradicional e incluyente.
Advierte
que el proyecto de Sánchez Navarro, Coppel, Lomelí y otros empresarios
no procede porque desplazaría a la población, además de que tiene el
agravante de que se viola la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California
Sur, que en su artículo 17 establece el proceso que se debe realizar
para modificar el Plan de Desarrollo Municipal, y es una consulta
pública, la cual no se hizo.
En medio
de protestas, gritos y connatos de violencia en los que tuvo que
intervenir la Policía Municipal para aplacar los ánimos incluso de los
regidores que se oponen al cambio de uso del suelo de los partidos de la
Revolución Democrática, del Trabajo y el Movimiento Regeneración
Nacional, denunciaron que el acuerdo viola la Constitución y el Plan de
Desarrollo Urbano Municipal.
Luego de
la aprobación, los funcionarios públicos que se encontraban en la Sala
de Cabildo, y a quienes les gritaban “¡vendidos!”, salieron resguardados
por policías municipales, quienes impidieron se pudieran registrar
agresiones, según el reporte del sitio en internet del Colectivo Pericú.
Casi
al final de la sesión, la empresaria hotelera Blanca Pedrín salió a
anunciarles que la propuesta de nuevo trazo había sido aprobada. Al
concluir la sesión, los regidores salieron uno a uno, a los que lanzaron
toda clase de insultos, improperios, mentadas de madre y
algunos fueron escupidos en el rostro “por traidores y vendidos”. La
situación no pasó a mayores, agregó el reporte del colectivo en su
edición del 10 de diciembre.
Antecedentes
Moreno
Paz señala que dese 2008 se sabía de la existencia de dos convenios
firmados entre el subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), Raúl Murrieta Cummings, y los empresarios a espaldas
de la población, “sin respetar el esfuerzo extraordinario de la
comunidad que aportó el 1.3 por ciento de sus ingresos durante 10 años
(1994-2004) para ampliar la entonces peligrosa vía de dos carriles, que
había en 1994, a la de cuatro carriles que tenemos hoy y que se puede
ampliar a seis u ocho carriles como establece el Plan de Desarrollo
Urbano. La SCT en Baja California Sur no ha recibido a las asociaciones
que no estamos de acuerdo”, advierte.
El
arquitecto da cuenta de los antecedentes para modificar el tramo
carretero, en los que la SCT firmó sendos Convenios de Concertación con
empresarios hoteleros de la región, para “realizar acciones conjuntas
para modificar el trazo carretero de la Carretera Transpeninsular Benito
Juárez, en el subtramo Cabo San Lucas-San José del Cabo, entre los
kilómetros 12+100 al 24+100, con una longitud de 12 kilómetros”.
El
primer Convenio de Concertación, fechado el 10 de marzo de 2008, fue
firmado por el entonces y actual subsecretario de Infraestructura de la
SCT, el mexiquense Raúl Murrieta Cummings, y por John Anthony Vaughan
Offer, de Promotora Cabo Real, SA de CV (propiedad de Sánchez-Navarro), a
efecto de “establecer ciertas adecuaciones para reducir la distancia
del tramo carretero originalmente autorizado; ello, con el propósito de
ajustarlo a su nueva longitud y su nuevo entronque”.
El
segundo convenio, signado el 2 de octubre de 2012 por Carlos Alberto
Lascuraín Ochoa, director del centro SCT en Baja California Sur, y por
John Anthony Vaughan, como representante de la empresa Golfo de
California Hoteles y Fraccionamientos, SA de CV, se refiere a la
modificación de la actual Carretera Transpeninsular Benito Juárez,
específicamente del kilómetro 16+130 al 17+610.
Entre
las organizaciones que se oponen a que se modifique la carretera
Transpeninsular figuran: el Colegio de Ingenieros, el Colegio de
Arquitectos, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Ammje) Los
Cabos, la Asociación de Centro Histórico de San José del Cabo, Los Cabos
Coast Keepers, la Asociación de Amigos del Centro de Cabo San Lucas,
Comerciantes del Medano, la Asociación de Hoteles Boutique de San José
del Cabo, Raíces Cabeñas, la Maroma, Equide, la Unión de Transportadores
de Los Cabos, la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos,
Condóminos de Residencial el Tule, y la Unión de Abarroteros.
Carlos
Moreno señala que los empresarios solicitan el cambio de uso de suelo
de 550 hectáreas que se ubicarían entre el nuevo trazo y el mar, así
como la actualización de varios planes maestros y proponen “construir
con recursos propios una nueva carretera de 8.5 kilómetros para desviar
el actual trazo a casi 2 kilómetros más lejos del mar para el grueso de
la población, a cambio de la actual vía de 7 kilómetros que modifican a
su conveniencia reduciéndola de cuatro a dos carriles con el argumento
de que es la única forma de eliminar cuatro peligrosos cruces a nivel
entre el Hotel Westin y el puente del Tule (lo cual es falso) y así
lograr mejorar la seguridad en una zona dorada que, dicen, atraería más
inversión y 10 mil empleos”.
Los
promoventes aseguran que invertirían 500 millones de pesos, pero de
acuerdo con el director del Centro SCT de Baja California Sur, Eleazar
Gutiérrez Magaña, la inversión ascendería a 100 millones de pesos para
la realización de las obras.
Destaca
que al modificarse el tramo carretero se afectará al menos a 18 mil
habitantes que transitan a diario por esa vía y a millones de turistas,
si se considera que el número de visitantes aumentará cada año debido a
los nuevos hoteles que se construyen.
El
presidente del Colegio de Arquitectos de Baja California Sur, Sección
Los Cabos, advierte que el nuevo trazo propuesto por los empresarios
viola el objetivo esencial del apartado de movilidad del Plan de
Desarrollo Urbano (PDU) 2040 que establece: “Disminuir los tiempos y
costos de traslado de la población, y hacer accesibles los bienes y
servicios” ya que aumenta 1.5 minutos el tiempo y 1.5 kilómetros la
distancia del trazo actual.
De tal
manera que, agrega, la propuesta no cumple pues modifica el PDU, y esto
no se puede manejar como un simple cambio de uso de suelo sin considerar
el impacto en cuanto a demanda de servicios que esta autorización
implicaría. “Como ejemplo mostramos la demanda que generarían 3 mil 400
cuartos de hotel más en los tres polígonos menores que suman un área de
34 hectáreas. Es por ello que para valorar la autorización de un
proyecto de 34 hectáreas o más aun de 550 hectáreas, dada la magnitud,
se requiere presenten un Plan parcial, estudios e información adicional que no se entregó”.
Otros
inconvenientes consisten en que tampoco garantiza mejores vistas al
mar, como prometen los empresarios a través de fotografías manipuladas
que han exhibido en distintos medios, y respecto de la vialidad, tanto
el nuevo trazo como el nuevo bulevar turístico contemplan más curvas y
pendientes mayores y más peligrosas que las que existen en la carretera
actual, además de que se necesitarían dos rutas de transporte y no sólo
una para atender la misma zona.
Respecto
al acceso a las playas comprendidas en el tramo carretero, Carlos
Moreno dice que al igual que en 2006 y 2014 la propuesta empresarial
antepone la autorización de su proyecto al equipamiento y al respeto del
acceso libre a las playas de la zona que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Plan de Desarrollo Urbano.
“Si revisamos el antecedente de Puerto Los Cabos nos demuestra que este
tipo de proyectos es segregacionista, beneficia a unos pocos y a la
larga limitan y complican el libre tránsito a pesar de la promesas”.
Además,
dice, hay 16 hoteles que ya están autorizados y en proceso de obra con
los cuales a finales de 2017 tendremos 10 mil empleos adicionales sin
que la generación de los mismos dependa de autorizar el nuevo trazo
carretero como lo argumentan los desarrolladores.
El
ayuntamiento está obligado a respetar la ley, y el Plan de Desarrollo
Urbano es ley, pero tanto el presidente municipal, Arturo de la Rosa,
como la mayoría de los regidores, dijeron desconocer dicho proyecto a
pesar del movimiento social generado en contra de modificar el actual
trazo y el uso del suelo.
Los
inconformes argumentan que tienen un proyecto conceptual alterno al de
los empresarios, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano de las 20
acciones para el corredor turístico que resuelve los problemas de
seguridad y fluidez del tráfico de la zona, basado en la construcción de
dos pasos a desnivel en puntos estratégicos de la actual carretera,
apoyados por cruces inferiores bajo el trazo carretero, con lo cual se
podrían cerrar los ocho peligrosos cruces a nivel entre Palmilla y el
Puente del Tule, que se complementa con la construcción de las calles
laterales desde Palmilla al Tule y una conexión al libramiento para
impulsar la construcción del eje intermedio que separe los diferentes
tipos de tráfico y aminore el tránsito vehicular al trazo actual. Lo
anterior permitiría entonces pacificar la mitad del corredor actual
dándole un carácter a bulevar turístico como lo establece el PDU, lo
cual constituye una solución integral.
El
primer intento del cabildo de autorizar dicho proyecto, sin seguir el
proceso que marca el artículo 17 de la Ley de Desarrollo Urbano de Baja
California Sur, fue truncado por una filtración a la prensa, lo cual
genero una reacción de la sociedad que culminó con la colecta de 8 mil
firmas para instruir un mandato ciudadano que ordenó y detuvo la
autorización por parte del Ayuntamiento. “Así que lo haremos de nuevo si
es necesario, ya que este gobierno, en su toma de protesta, juró
respetar la ley y defender los intereses de la comunidad”, advirtió el
arquitecto.
“De la SCT sólo conocemos
quién firma los convenios. No sabemos si el presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, apoye esta propuesta, pero al igual que lo hizo
después del paso del huracán Odile, esperamos su solidaridad hacia la
comunidad de Los Cabos en la búsqueda de una propuesta integral que sí
cumpla con la ley [PDU] y privilegie el beneficio colectivo sobre el
privado”, concluye.
Para realizar
este trabajo se solicitó entrevista con Eduardo Sánchez-Navarro. A
través de sus asistentes Ángel González e Isabel Sánchez, se le hizo
llegar, hace 1 mes, un cuestionario de ocho preguntas. Al cierre de esta
edición no hubo respuesta. Asimismo, Rubén Coppel declinó opinar al
respecto.
Cabe destacar que Eduardo
Sánchez-Navarro Redo, uno de los cinco hijos de Juan Sánchez-Navarro, el
extinto fundador del Partido Acción Nacional junto con Gómez Morín e
ideólogo y líder de los empresarios de México durante varias décadas, es
presidente del Grupo Questro, presidente del Consejo de Administración
del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), fundador del Baja
International Film Festival y ha sido pionero y uno de los mayores
desarrolladores del destino turístico Los Cabos.
Rubén
Coppel es uno de los cinco hermanos que juntos poseen una fortuna de 15
mil 900 millones de dólares, cuentan con una red nacional de 1 mil
tiendas en el país que llevan su apellido, en las que los clientes
suelen pagar intereses de hasta 60 por ciento, más de 13 veces la tasa
de referencia del banco central, en sus compras. El grupo Coppel genera
ventas anuales por 4 mil 600 millones de dólares y tiene el margen de
ganancia más amplio entre los minoristas latinoamericanos, de acuerdo
con datos compilados por Bloomberg News. A través de su holding
Grupo Coppel, los hermanos Agustín, Enrique, Rubén, Alberto y José
Coppel Luken tienen también intereses en BanCoppel, en Afore Coppel, y
en bienes inmuebles.
José Réyez, @reyez_contra
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]
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