Panista de toda la vida, Alejandra Sota creció al amparo de los sexenios de Fox y Calderón; éste la hizo prácticamente su mano derecha. El fin de los dos sexenios blanquiazules parece no haber afectado a la exvocera calderonista: ahora su empresa –Integra, Metas Estratégicas– se ve beneficiada con contratos millonarios de los gobiernos federal y mexiquense (priistas), otorgados a discreción, de manera oscura. Por si fuera poco, hace un mes su esposo, Benjamín Hill Mayoral, fue puesto al frente de la unidad de ética y prevención de conflictos de interés, en la Función Pública.
MÉXICO, DF (Apro).- Alejandra Sota Mirafuentes, vocera de Felipe Calderón cuando éste ocupó la Presidencia de la República, no sólo es contratista del gobierno del actual mandatario, Enrique Peña Nieto, sino consejera de Eruviel Ávila Villegas, gobernador priísta del Estado de México.
Desde el fin del sexenio de Calderón corría el rumor de que Sota era asesora de Ávila Villegas; ahora Proceso obtuvo la prueba documental de esa relación, que representa, además, el inicio de su carrera en el contratismo con gobiernos priístas.
Esta relación política con priístas involucra también al esposo de Sota, Benjamín Hill Mayoral, quien en noviembre fue designado titular de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
No sólo eso: Hill Mayoral es, desde el domingo 13, responsable de instalar Comités de Ética en las 300 dependencias del Gobierno Federal, para prevenir la corrupción y los conflictos de interés, en cumplimiento de la promesa que hizo Peña Nieto, en febrero, ante el escándalo de la Casa Blanca.
Sota Mirafuentes obtuvo el primer contrato con Ávila el 13 de septiembre de 2013, diez meses después de concluido el sexenio de Calderón, y fue para proporcionar "servicio de elaboración de análisis político de agenda nacional para la Secretaría de Finanzas".
Integra, Metas Estratégicas, S. A. de C. V. —empresa en la que Sota posee 70% de las acciones y el otro 30%, Maira Yazmín Colín García, su amiga y subordinada en la Presidencia de la República— cobró 348 mil pesos por ese contrato.
De acuerdo con el mismo, que tuvo una vigencia de dos meses, el gobierno de Ávila Villegas pagó a la empresa de Sota por el siguiente servicio: "Se entregarán seis boletines de manera semanal dentro del periodo comprendido del 8 de septiembre al 8 de noviembre de 2013".
Es decir, Sota y su socia elaboraron 24 boletines, a razón de 14 mil 500 pesos cada uno, para cobrar 174 mil pesos cada uno de los dos meses.
Es una cantidad ínfima comparada con los 833 mil pesos que la empresa de Sota cobra, cada mes durante dos años, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por hacer encuestas sobre cómo recauda impuestos el secretario de Hacienda, Luis Videgaray (Proceso 2041).
El contrato que le pagó el gobierno de Ávila Villegas a Sota Mirafuentes es parecido al que le asignó a su vez, sin concurso de por medio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): Un total de 398 mil 993 pesos con 60 centavos para elaborar un trabajo no definido sobre "radio, televisión y cine".
Aunque este contrato con el IMSS —el número R5M0885-095384— está registrado en el portal de obligaciones de transparencia del Gobierno Federal, en el sitio de compras y contrataciones de esa institución no hay indicios de él ni aparece como proveedora la empresa Integra, Metas Estratégicas, S. A. de C. V.
Este contrato del IMSS, otorgado por adjudicación directa a la empresa de Sota, está vigente: se inició el 14 de agosto y concluirá el próximo jueves 31.
CUSTODIO DE LA ÉTICA
En la edición que comenzó a circular el domingo 13, Proceso reveló el turbio contrato por 20 millones de pesos otorgado por el SAT a Sota Mirafuentes y justo ese día la SFP informó que Hill Mayoral había sido designado responsable de todo el programa anticorrupción del gobierno de Peña Nieto.
La Secretaría que encabeza Virgilio Andrade —quien exoneró a Peña Nieto por la compra de la mansión de Las Lomas al contratista Armando Hinojosa Cantú— informó que se instalarán 300 Comités de Ética de la Administración Pública Federal (APF) y el responsable es el esposo de Sota.
Según el comunicado, Hill Mayoral "se comprometió a apoyar y orientar los trabajos del Comité de la SFP, mismo que tendrá que elaborar una propuesta de Código de Conducta, que dé certeza a los servidores públicos sobre el comportamiento al que deben sujetarse, además de promover programas de capacitación y sensibilización".
Añade el comunicado: "Como se recordará, en febrero pasado, el titular del Ejecutivo federal dio a conocer ocho acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés, entre las cuales destacaba un Código de Ética y Reglas de Integridad.
"También contemplaba que los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la APF se integrarían colegiadamente por servidores públicos de todos los niveles jerárquicos, en cada una de las 300 instituciones del Gobierno de la República, los cuales se encargarán de proponer el código antes citado.
"Respecto de las Reglas de Integridad, se establece que corresponderá a los comités de cada institución desarrollar un sistema para contar con criterios, precedentes y mejores prácticas en el ejercicio gubernamental".
En este contexto se produjo también otro hecho relacionado con la actividad contratista de Sota: en noviembre, cuando su marido ingresó a la SFP, también se incorporó a esta dependencia Lourdes María Antonieta Sánchez Vicencio, la funcionaria del SAT que firmó el mencionado contrato por 20 millones de pesos.
En efecto, Sánchez Vicencio pasó de administradora de Recursos Materiales "1" del SAT, responsable administrativa de la contratación de los proveedores, a la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP, es decir, la instancia que verifica la validez de contratos, como el que ella le otorgó a Sota en una licitación simulada.
Y es que en la licitación que ganó la empresa de Sota participaron otras tres, las cuales actuaron sólo como comparsas, pues son propiedad de amigos y ex empleados en la Coordinación de Opinión Pública e Imagen de la Presidencia de la República.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
