Los precios en el diésel agropecuario y
fertilizantes se incrementan sin tope alguno, hasta en un 40 por
ciento. A ello se suma una deuda gubernamental de 11 mil 800 millones en
apoyos a los productores
Érika Ramirez - Contralinea
El
crecimiento de 40.73 por ciento en el precio del diésel agropecuario de
2011 a 2015, ha ido afectando a los pequeños y medianos agricultores
del país. Las autoridades encargadas del sector se hacen de oídos sordos
ante las propuestas de los campesinos que compiten con los de Estados
Unidos y Canadá, bajo el cobijo de subsidios y apoyos garantizados en
aquellos países.
A esta situación se
suma la deuda de más de 11 mil millones de pesos desde los ciclos
agrícolas de 2013, del gobierno federal con algunas organizaciones
campesinas. Opuesto a ello, trasnacionales como Maseca, Minsa, SuKarne, y
otras seis, acaparan los apoyos del gobierno federal para la
comercialización de maíz. El estancamiento de la productividad,
competitividad y rentabilidad refleja el agotamiento de la política
dirigida al campo, resume el documento Valor al campesino. Vida, nutrición y riqueza para México.
Fue
a principios de este año que productores de Chihuahua se organizaron
para ir a traer gasolina a la frontera con Estados Unidos, porque valía 5
pesos menos que en el resto del país. Aquí se comenzó un movimiento que
ha derivado en la toma de caminos y vías de ferrocarril, para
visualizar las condiciones de pobreza en que está el campo mexicano como
consecuencia de los altos costos de los hidrocarburos.
Los
indicadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) –precio al público de
productos petrolíferos 2015–, indican que en 2011 el precio del litro de
diésel estaba en 10.09 pesos; el cual ascendió año con año en: 11.17,
2012; 12.49, 2013; 13. 94, 2014 y 14.20 en este año fiscal.
Altos costos movilizan al agro
En
este año fueron organizadas tres caravanas para recorrer distintos
puntos del país. Pretendía llamar la atención del gobierno federal para
mejorar sus condiciones de productividad. No hubo eco por parte de las
autoridades. Luego, se tomó el puente internacional Córdova de las
Américas que conduce a El Paso, Texas, en octubre pasado, donde
permanecieron por más de 10 horas casi todas las organizaciones de
Chihuahua, la Unión Campesina Democrática, El Barzón y productores de La
Laguna.
En lo que parecía un paso a
la negociación, las movilizaciones lograron la reunión con funcionarios
de las secretarías de Gobernación (Segob), a cargo de Miguel Ángel
Osorio Chong; Energía (Sener), a cargo de Pedro Joaquín Codwell; y la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa), que preside José Eduardo Calzada Rovirosa, a
principios de noviembre pasado. “Después de 4 horas de tenernos sentados
nos dijeron que no habría reunión”, comenta Heraclio Rodríguez,
dirigente de El Barzón en Chihuahua.
Ahora,
en 17 estados del país, ya hay un punto de acuerdo fundamental: “Luchar
por bajar los altos costos en los energéticos; el diésel no lo podemos
seguir sosteniendo, es exageradamente caro. El diésel agrícola nos lo
cobran a 14 pesos, cuando en Estados Unidos y Canadá anda alrededor de
los 5 pesos. Lo mismo ocurre con el costo de la energía eléctrica, que
es pagada en 55 centavos, cuando en Estados Unidos se paga a 24
centavos”, reclama el productor.
Fertilizantes in crescendo
Los fertilizantes, que según los commodities
del Banco Mundial están en 450 dólares por tonelada, en México “lo
tenemos que comprar hasta 700 u 800 dólares. Esto nos deja ver cómo el
gobierno permite que unos cuantos empresarios y unas cuantas personas
nos tengan en la quiebra. Ganan a costa de nuestro trabajo y del
esfuerzo de los consumidores, porque todo lo que producimos se encarece;
en consecuencia, los consumidores lo tienen que pagar”, comenta el
dirigente barzonista.
Un documento
elaborado por la organización campesina El Barzón muestra el crecimiento
de los precios de 2013 a 2015. El fertilizante también conocido como
Súper Fosfato Triple fue el que más se incrementó (12.23 por ciento), al
pasar de 8 mil 777 pesos por tonelada a 10 mil pesos por el mismo peso;
le sigue el llamado Urea, costaba 7 mil 400 y subió a 8 mil 64 pesos
(8.23 por ciento más) en el mismo periodo, y el Fosfato Diamónico, que
pasó de 9 mil 200 a 9 mil 300 pesos.
José Durán, coordinador nacional de la Unión Campesina Democrática (UCD) comenta en entrevista con Contralínea
que la organización campesina ha confluido porque la política
agropecuaria del gobierno federal actual es “absolutamente
anticampesina” y, porque no hay atención real a propuestas que intentan
resolver los problemas estructurales de la producción de alimentos en el
país.
“Los estudios del Banco
Mundial han demostrado cómo de 1990 a 2014 se han invertido en el campo
mexicano en términos de subsidio alrededor de 23 mil millones de
dólares, el 10 por ciento de los grandes productores de la agricultura
capitalista son los que se llevan entre el 70 y el 75 por ciento de este
subsidio que no se refleja en un documento sustancial de empleo ni en
la erradicación de la pobreza, ni en precios accesibles; es decir, no se
abona a la seguridad alimentaria ni a la soberanía alimentaria”, dice
el líder de más de 450 mil productores en 30 estados del país.
En agosto pasado, Contralínea
(edición 448) documentó que más de 549 millones de pesos son acaparados
por nueve grandes compañías que reciben estímulos de Apoyos y Servicios
a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), órgano desconcentrado de
la Sagarpa, de un total de los 610 millones repartidos entre 48 empresas
para la comercialización de maíz. Entre las principales: Maseca, Minsa,
Comercializadora de Granos Patrón, Comercializadora Columbia, SuKarne.
También aparecen otras renombradas como Sabritas y Bachoco.
Incumplido ACN
En
2003 el movimiento campesino logró convenir, con el entonces presidente
Vicente Fox, el Acuerdo Nacional para el Campo (ACN). El documento
prometía apoyos sustanciales en materia energética para los campesinos.
En uno de los apartados convenía el subsidio al diésel agropecuario, que
se mantuvo vigente hasta 2013. “De pronto, por razones no explicadas”
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por
Luis Videgaray Caso, se canceló el subsidio, manteniéndose sólo algún
apoyo mínimo para la pesca ribereña” comenta el líder de la UCD.
El 28 de abril de ese año, a través del Diario Oficial de la Federación,
se precisaba la urgencia de la reforma estructural del campo mexicano
en el marco de una política de Estado. Se mencionaba como “prioritario”
que “el Estado responda diferenciadamente a las necesidades de los
distintos estratos de hogares en el medio rural de acuerdo con sus
características y capacidades humanas, así como al tipo de unidades de
producción que poseen”.
Entre los
puntos sustanciales que, ahora, mantienen en crisis a los agricultores,
se mencionaba que: “El Ejecutivo Federal procederá a evaluar el avance
del Programa de Energía para el Campo que incluye la energía eléctrica
para uso agrícola y diésel agropecuario”.
Incumplido
en el ANC, la propuesta de las organizaciones va en dos vías: uno, que
pueda subsidiar de nueva cuenta para que con no más de 5 mil millones de
pesos del presupuesto se pueda tener un precio de entre 8 y 9 pesos el
litro de diésel; la otra es exentar del pago de dos impuestos
fundamentales: impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre
la producción y servicios a los agricultores, “pero ninguna de las 2
opciones le parece suficiente al gobierno, sólo le apuestan al libre
mercado”, dice Durán Vera.
El
gobierno federal produce el amoniaco y el amoniaco anhidro, materia
prima para la producción de fertilizantes, de urea, fosforados, fórmulas
de triple combinación; sin embargo, “ellos siguen manteniendo los
precios internacionales, el más caro de los fertilizantes está arriba de
10 mil pesos la tonelada y se necesitan varias toneladas por hectárea
para mantener el nivel de productividad”, arguye.
Reducción falaz de tarifas
La
reducción de las tarifas eléctricas es una falacia promovida por el
Ejecutivo, comenta José Durán, “una forma de engañar, manipular las
reformas que se han dado en beneficio de los grandes ricos del mundo”.
De
acuerdo con las tarifas de la propia Comisión Federal de Electricidad,
el costo actual promedio es de 0.49 kilovatios-hora a noviembre de 2015,
en tanto que en 2003 era de 0.25 kilovatios-hora. “Hay un esquema que
se firmó en el ANC donde podíamos regar por las noches y disminuir la
tarifa o encontrar esquemas que nos permitieran resolver el problema,
pero falta la voluntad del gobierno”, dice.
En
efecto, el punto 38 del ANC también contempló la instrumentación de una
tarifa nocturna que correrá de las 10 de la noche a 6 de la mañana del
día siguiente, la cual se propone con descuento del 50 por ciento a la
vigente, independientemente del consumo. Y entre los compromisos también
se contempló que el Ejecutivo Federal echara a andar un “programa de
rescate y reestructuración de adeudos con la Comisión Federal de
Electricidad de las zonas de riego por bombeo”.
Deuda a campesinos
El
19 de noviembre pasado, el líder nacional de El Barzón, Alfonso Ramírez
Cuéllar, anunció que la oficina de la Sagarpa encargada de dispersar
los apoyos a los campesinos (Aserca) adeudaba 11 mil 800 millones de
pesos de los ciclos otoño-invierno y primavera-verano de este año
fiscal, así como de los mismos ciclos en 2014.
Pedro Vázquez, coordinador de Agricultores Unidos por México, comenta a Contralínea
que la región de La laguna –ubicada entre los municipios de Coahuila y
Durango– no está exenta del alza en los precios en diésel, fertilizantes
y tarifas eléctricas.
“Tenemos
muchos años luchando. Logramos que en el periodo de Vicente Fox se
aprobara la Ley de Energía para el Campo. Nuestro error fue que no
estábamos preparados para exigirles a los representantes legales, los
diputados y senadores, la asignación del presupuesto; confiamos en que
iba a ocurrir automáticamente. ¿Qué ha sucedido? Que se ha ido luchando y
nos han ido empobreciendo cada vez más”, comenta uno de los líderes en
la comarca lagunera.
Además de la
crisis económica que viven los productores de esta región, el integrante
de Agricultores Unidos por México relata: “En años pasado tuvimos una
crisis en la producción de leche, supimos que las autoridades entregaron
1 peso para amortiguarla; no obstante, los productores no obtuvimos ni 1
centavo, el apoyo se fue a las empresas”, acusa.
El estancamiento
El informe Valor al campesino. Vida, nutrición y riqueza para México, indica que en el periodo 2003-2015 el presupuesto creció 180 por ciento, mientras la medición de la pobreza reporta una mejoría no mayor al 4 por ciento; “la disponibilidad de alimentos producidos en México cedió terreno ante las importaciones (salvo en el caso de frutas, verduras y leguminosas), y entre 1994 y 2010 la tasa media de crecimiento del producto interno bruto primario fue de apenas 1.9 por ciento. El estancamiento de la productividad, competitividad y rentabilidad refleja el agotamiento de la política dirigida al campo”.
Esto
se debe –explica el documento elaborado por las organizaciones
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del
Campo, Fundar, Semillas de Vida y Ashoka– a “la baja cobertura de los
programas del PEC [Programa Especial Concurrente para el Desarrollo
Rural]; por el sesgo de fomento productivo a ciertas regiones del Norte y
trato asistencialista a las zonas campesinas del Sur; por la ausencia
de organización de productores para acceder a mercados y el retroceso de
la cobertura de crédito que pasó de 50 por ciento a fines de la década
de 1980 a 7.5 por ciento de productores atendidos en 2012; la poca
complementariedad de la política pública y, definitivamente, el sesgo
asistencialista del PEC en los últimos 20 años, [que] profundizó la
desigualdad y concentración de la vertiente productiva y financiera;
bajo acceso de los productores a los programas, e incumplimiento en la
transparencia y rendición de cuentas”.
Expone
que en México, la mayoría (68 por ciento) de los 4 millones 69 mil 938
agricultores del país tienen 5 o menos hectáreas. Sin embargo, son
quienes generan la mayor parte del empleo contratado en el campo (56.8
por ciento) y producen alrededor del 39 por ciento de los productos
agrícolas. Además, reciben menos recursos y apoyos del gobierno, con los
cuales podrían desarrollar su potencial productivo. En las 16 entidades
del Sur del país en las que se concentran estos pequeños productores,
se asignó menos presupuesto.
El
documento incluye propuestas para la reactivación del sector
agropecuario, como la de reorientar el 70 por ciento de los subsidios al
campo hacia el sector de pequeños productores; agrupar el conjunto de
los programas que tienen como población objetivo a los pequeños
productores o grupos vulnerables de Sagarpa en un solo programa de apoyo
a la pequeña agricultura; reducir el tope de apoyo del Proagro
Productivo de 80 a 20 hectáreas y establecer un tope de hasta 35 cabezas
de ganado para el Programa de Producción Pecuaria Sustentable y
Ordenamiento Ganadero y Apícola.
Érika Ramírez, @erika_contra
