En la Segunda Sala de la Suprema Corte
se debate la legalidad del cultivo de soya transgénica en más de 253 mil
hectáreas del campo mexicano. Monsanto acumula 48 permisos, pese al
rechazo de indígenas, campesinos y apicultores
La autorización otorgada en 2012 a Monsanto Comercial, SA de CV, para la siembra de soya genéticamente modificada sobre 253 mil 500 hectáreas del campo mexicano registra siete amparos.
Luego de 3 años de litigio, la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá sobre los
recursos de amparo en revisión 241/2015, 270/2015, 410/2015, 498/2015,
499/2015 y 500/2015.
Los instrumentos derivan de siete
juicios de amparo iniciados en 2012 por comunidades indígenas,
campesinas y organizaciones de apicultores para revocar el permiso
concedido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa) con el aval de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en ese mismo año.
En entrevista, Jorge Fernández, abogado
de la organización de promoción y defensa de derechos humanos
Indignación, explica que la principal motivación de los amparos es que
se considera que el permiso violenta el derecho a un medio ambiente
sano; hace caso omiso al principio precautorio, y vulnera el derecho a
una consulta libre, previa e informada: “Se debió haber efectuado la
consulta que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo. Representa una obligación reconocida en el Artículo 2 de la
Constitución [Política de los Estados Unidos Mexicanos]. Las
autoridades debieron haber consultado a las comunidades indígenas,
fundamentalmente a las que van a ser afectadas por el permiso”.
Agrega que la consulta debió seguir
protocolos, como dotar de información a las comunidades antes de la toma
de decisión y hacerse a través de sus autoridades tradicionales, en su
lengua y por una autoridad distinta a la que pretende llevar a cabo el
proyecto.
“Se le pidió al juez que ordenara el
alto a la siembra de soya [transgénica] hasta en tanto no se resuelva el
juicio de amparo, como una medida precautoria provisional, al alegar
que en caso de completarse la siembra estaríamos ante daños que podrían
ser de imposible reparación”, explica a Contralínea Jorge Fernández.
En 2014, el Juzgado Segundo de Distrito
del estado de Campeche otorgó una resolución favorable del amparo
753/2012 a las comunidades mayas de Pac-chen y Cancabchén,
pertenecientes al municipio de Holpechén, en contra del permiso otorgado
por Sagarpa y la Semarnat para la siembra de soya genéticamente
modificada en dicha entidad.
Clic para ver tabla: Juicios de amparo que derivaron en la Suprema Corte de Justicia
En su resolución, el juez Segundo de
Distrito considera que se violó el derecho a la consulta libre, previa e
informada; y que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, de
la Semarnat, al momento de dar el aval para dicho permiso, violó el
procedimiento establecido en su Reglamento Interior, pues hizo caso
omiso de tres dictámenes vinculantes de la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el entonces Instituto Nacional
de Ecología (INE), que desaconsejaron la siembra de soya genéticamente
modificada en los polígonos señalados.
Reconoce
que los apicultores podían resultar afectados en sus bienes jurídicos
(económicos, ambientales o laborales); atendió el principio precautorio,
aplicando los principios propersona y de progresividad establecidos en
el Artículo 1 de la Carta Magna, y reconoció que se vulneró el derecho
del pueblo maya a ser consultado y a decidir sobre los proyectos que se
aplican en sus comunidades y territorios.
Pese a que la demanda fue presentada
únicamente por dos comunidades del municipio de Holpechén, el juez, al
delimitar el alcance de la sentencia, determinó que los efectos de la
misma aplicaban a todos los municipios afectados por el permiso, con lo
cual el permiso quedó cancelado en todo el estado de Campeche.
En consecuencia, se obligó a la Sagarpa a garantizar que no se sembrará soya transgénica en el estado.
De reactivar dicho permiso en la
entidad, la Secretaría debía cumplir con dos requisitos indispensables:
un nuevo dictamen de impacto ambiental que considere las opiniones de la
Conabio, la Conanp y el ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático; y un proceso de consulta libre, previa e informada en todas
las comunidades mayas asentadas en los municipios afectados por el
permiso. Esto de conformidad con los más altos estándares de protección
en materia de derechos humanos y derechos de los pueblos originarios.
No obstante, las sentencias fueron
impugnadas por la Sagarpa, la Procuraduría General de la República y la
multinacional de agroquímicos y biotecnología Monsanto, por lo que los
casos serán resueltos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo con Fernández, la empresa y
las dependencias de gobierno argumentaron, entre otras cosas, que no
había riesgo y que el glifosato se utiliza siempre.
Aunque los amparos siguen en curso, no
hay impedimento para la siembra de soya transgénica a escala comercial
en ninguno de los siete estados que comprenden la poligonal autorizada.
Clic para ver tabla: Amparos interpuestos en 2012, luego del permiso para sembrar sobre 253 mil hectáreas
Tan sólo en Campeche, durante 2013 se
han deforestado más de 38 mil hectáreas de selva para la siembra de soya
transgénica, denuncia Leydi Pech, integrante del Colectivo Apícola
Chenero en Hopelchén, Campeche.
En la última década, las autoridades
mexicanas han otorgado a PHI México, Bayer y Monsanto, 48 permisos para
la siembra piloto, experimental y a escala comercial de soya
genéticamente modificada en el país.
El más grande de ellos, solicitado por
Monsanto, se concedió en 2012. Se trata de 253 mil 500 hectáreas en
Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí y
Veracruz.
Para la realización de este trabajo se
solicitó entrevista con la Sagarpa y la Semarnat, quea través de sus
oficinas de Comunicación dijeron a este semanario que el vocero en el
tema es la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos
Genéticamente Modificados; también se solicitó entrevista con Monsanto
México, sin que al cierre de edición se obtuviera respuesta.
Glifosato, cancerígeno: Organización Mundial de la Salud
El 20 de marzo de 2015, un grupo de 17 expertos de 11 países de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por su sigla en inglés), de la Organización Mundial de la Salud, publicó en la revista científica The Lancet Oncology los resultados de la evaluación del potencial cancerígeno de cinco plaguicidas organofosforados y herbicidas: tetraclorvinfos, paratión, malatión, diazinón y glifosato.Con base en estudios de exposición, en su mayoría agrícolas, en Estados Unidos, Canadá y Suecia, los cinco plaguicidas evaluados se clasificaron como probables y posibles carcinógenos para los seres humanos. El grupo de la Organización Mundial de la Salud encontró además suficientes evidencias de daños al ADN y daños cromosómicos en células humanas in vitro.“Para el herbicida glifosato, hay pruebas convincentes de que puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos. También causó daño al ADN cromosómico y a las células humanas”.Desarrollado y patentado por Monsanto en 1974, el glifosato es uno de los agrotóxicos con mayor volumen de producción y uso en el mundo, reconoce la OMS en su informe; de acuerdo con el Grupo ETC, este plaguicida se usa en el 85 por ciento de los cultivos transgénicos.
Elva Mendoza, @elva_mendoza
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Contralínea 460 / del 26 de Octubre al 01 de Noviembre 2015