18 octubre 2015 | Miguel Concha Malo * | Contralínea
Uno de los mensajes que compartió el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, al cierre de su visita a México, fue que en lugar de matar al mensajero nos enfoquemos en el mensaje. Esta frase engloba dos situaciones particulares. Por una parte, las reacciones que ha tenido el gobierno en contra de las personas que en lo individual o de manera colectiva han cuestionado las políticas y acciones que claramente están en contra de la seguridad jurídica y la integridad física y sicológica de las personas que viven y/o transitan por territorio mexicano. Las desapariciones, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y el uso del sistema de justicia penal en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que exigen justicia y verdad es el mejor ejemplo de ello.
Y por otra parte describe la respuesta del gobierno después de que dos de los mecanismos internacionales de derechos humanos de la ONU visitaron al país y dieron a conocer sus conclusiones y recomendaciones preliminares: el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, y el relator Especial sobre la Tortura. De este último, incluso se puso vergonzosamente en tela de juicio su ética y profesionalismo. La historia se repitió después, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó las observaciones preliminares de su visita, con las que se ratificó la grave crisis de derechos humanos, sustentada por los altos niveles de impunidad y corrupción.
Con estas reacciones, el mensaje que está dando el gobierno no sólo en México, sino a nivel internacional, es que su política exterior en materia de derechos humanos es la “negación de la realidad” y una simulación de “apertura al escrutinio internacional”. Y esto porque se invita a organismos internacionales y regionales a visitar el país y observar el estado que guardan los derechos humanos; pero cuando emiten sus informes finales, se les cuestiona, rechaza y descalifica.
Lo que sí es real y palpable para la sociedad y el mundo es que México vive una crisis generalizada de derechos humanos, situación que fue confirmada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en su mensaje final, respaldando así las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de Ayotzinapa, Guerrero, y la visita de la CIDH hace unos días, en las que los temas centrales fueron igualmente las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, así como la inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia, la impunidad y la situación de las y los periodistas, las defensoras y defensores de derechos humanos, y la de otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país. Otros argumentos utilizados por altos funcionarios del gobierno consideran las conclusiones como aisladas, no actualizadas y alejadas de la realidad.
Al respecto, es importante recordar y reconocer el importante trabajo histórico de visibilización de la realidad que han realizado personas y organizaciones de derechos humanos cuando se denuncia la situación, por ejemplo, de personas migrantes ejecutadas o desaparecidas durante su tránsito por México; por lo que esos argumentos no tienen ni fundamento ni sentido. Con la esperanza de que la historia no se repita, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares presentaron ante el Alto Comisionado un panorama sobre el estado que guardan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en México. Los temas de preocupación que le expresaron en ese encuentro fueron desde el impacto de la implantación de las llamadas reformas estructurales hasta las desapariciones de personas y ejecuciones extrajudiciales, pasando obviamente por la denuncia constante de problemas estructurales como la desigualdad, la pobreza, la impunidad y la corrupción, haciendo especial énfasis en la falta de voluntad política y la incapacidad institucional del Estado para investigar, juzgar y llevar ante la justicia a los responsables de abusos y violaciones a los derechos humanos, bien sea por parte de autoridades, crimen organizado o inclusive de empresas que operan en connivencia con el Estado.
Las organizaciones civiles enfatizaron también la importancia de crear una comisión internacional e independiente contra la impunidad y la corrupción en casos de violaciones graves a derechos humanos en México, como ocurrió recientemente en Guatemala. En su declaración final, el Alto Comisionado reconoció sin ambages los avances normativos que ha tenido y puede seguir teniendo el país –con la participación activa de la sociedad civil– en materia de derechos humanos; pero por otra parte reflexionó sobre la “venenosa combinación de miedo, ambición e impunidad crónica que están sufriendo millones de personas en México, y que una vez fraguada es difícil de eliminar”. Por ello enfatizó en cuatro medidas iniciales claves:
1. Fortalecer de manera urgente las procuradurías en el país, para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo.
2. Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía, para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza.
3. Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública.
4. Ejecutar las recomendaciones del GIEI, y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves.
Otro de los temas que fue abordado en la reunión con las organizaciones de la sociedad civil fue el papel de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, en un contexto de problemáticas estructurales, donde se requiere el apoyo del gobierno en líneas como la prevención, investigación, sanción y reparación del daño a las víctimas. Se espera que de cara al seguimiento a estas importantes visitas, la respuesta del gobierno sea de humildad y construcción de una ruta positiva de trabajo, que contemple a organizaciones, periodistas, academia, víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares, así como a órganos de la ONU y especialistas en la materia.
Miguel Concha Malo*
*Filósofo, sociólogo y teólogo; director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
[BLOQUE: OPINIÓN] [SECCIÓN: ARTÍCULO]
