Maricela Turati - Proceso
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A pesar de los obstáculos que puso la
Procuraduría General de la República (PGR) para dificultar la consulta
del expediente Ayotzinapa, que el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le
ordenó hacer público a partir de la solicitud de información para este
semanario –y aun cuando difundió sólo las actuaciones que reforzarían la
“verdad histórica” dada a conocer por el entonces procurador Jesús
Murillo Karam– los hallazgos de la prensa vuelven a evidenciar la
manipulación de la investigación.
El expediente fue subido en formato PDF, lo que impide que se hagan búsquedas entre las 50 mil hojas, y está plagado de párrafos u hojas enteras tachonadas de negro (testeadas), supuestamente para no violar la ley de transparencia. Pero se ocultó más allá de lo que la ley pide omitir.
Entre lo eliminado por la PGR están los resultados de los
dictámenes de integridad física que se realizaron el 28 de octubre de
2014 al detenido Patricio Reyes Landa, alias El Pato; Jonathan Osorio
Gómez, El Jona; Agustín García Reyes, El Chereje, y a Darío Morales
Sánchez, los principales inculpados en las confesiones en que se basaba
la “verdad histórica”. No sólo fueron omitidos los datos personales,
como mandata la ley: también fue borrada la declaración de El Pato donde
afirma que fue torturado por agentes federales para que declarara.
La
PGR no cuidó del todo la privacidad de las personas: publicó la
declaración de Jonathan Osorio Cortés sin ninguna reserva (no quitó
nombre ni datos personales), quien involucra a uno de los 43
desaparecidos con la banda delictiva.
Borró también sin razón los lugares de las detenciones de todos los presuntos culpables, lo cual debía haber sido público.
Asimismo,
contrario a la ley, testó los nombres de los funcionarios públicos que
estuvieron involucrados como responsables, a pesar de que muchos de los
nombres fueron mencionados en conferencia de prensa por Murillo Karam
cuando presentó lo que él llamó la “verdad histórica”.
Otro error es la publicación de fotos como la de Adán Abraham de la Cruz.
La
PGR publicó únicamente 86 expedientes, que contienen las actuaciones
ministeriales realizadas por la PGR hasta el 12 de febrero de este año,
que es cuando se resuelve la pregunta folio 0001700020915, mediante la
que se pidió la versión pública del expediente. La gente no tendrá
acceso a los 130 tomos de los que consta el expediente; 43 no se
hicieron públicos.
En marzo comenzó el trabajo del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos que, al revisar el expediente
encontró los vacíos, las omisiones en las investigaciones, los peritajes
que nunca se practicaron, y ordenó hacerlos hasta encontrar que la
teoría que Murillo Karam presentó como “la verdad histórica” no se
sostenía.
El abogado Santiago Aguirre, del Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que junto con el Centro
de Derechos Humanos Tlachinollan de La Montaña lleva la defensa de las
víctimas del caso Ayotzinapa, menciona en entrevista que la apertura al
público de los expedientes tuvo sus aciertos, pero aún deja mucho que
desear.
El montaje se refuerza
El montaje se refuerza
La publicación del expediente sobre el caso Ayotzinapa por parte de la PGR es un arma de doble filo.
Por
un lado ha ayudado a que los medios buceen en las primeras
averiguaciones previas sobre la desaparición de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa. Esto ha polarizado las versiones: algunos han publicado
información que refuerza la “verdad histórica” de la PGR; otros han
revelado los montajes de los que se valió el gobierno para tergiversar
los hechos.
En la revisión de los tomos es posible notar que la
PGR no confirmó la veracidad de las denuncias anónimas que mencionaban
lugares donde los estudiantes supuestamente habían sido vistos. En
cambio se concentró en la línea que apuntaba a que todo había ocurrido
en el basurero de Cocula, aunque las versiones de los presuntos
victimarios no coincidían.
Son muchas las denuncias anónimas. Un
ejemplo es la constancia ministerial del 8 de octubre de 2014, en la que
se menciona una llamada telefónica que asentó: “En el Rancho Montoya se
encuentran los estudiantes que están desaparecidos”.
La mayoría de las notas periodísticas no son contrastadas con los hallazgos del grupo de expertos de la CIDH.
Por
ejemplo, la semana pasada, medios publicaron la declaración del médico
que la noche del 26 de septiembre laboró en el Hospital Cristina –donde
soldados del 27 Batallón de Infantería, con el capitán José Martínez
Crespo al mando, llegaron a investigar lo ocurrido con 25 normalistas–,
quien ante la PGR reveló que la Procuraduría de Justicia Militar lo
interrogó en dos ocasiones sobre la escena que presenció.
En el
Informe Ayotzinapa el GIEI había informado que, antes de declarar, el
médico había sido citado al 27 Batallón por el general Alejandro
Saavedra –se desconoce el sentido de la conversación– y el propio
capitán Crespo dio instrucciones para que su nombre no quedara
registrado en la entrada. Las declaraciones que posteriormente dio el
médico a Proceso y a la PGR son favorables al papel que el Ejército tuvo
esa noche en Iguala.
Otros descubrimientos han permitido
establecer la manipulación de la investigación por parte de peritos de
la PGR, la negligencia, los vacíos que antes habían mencionado el Equipo
Argentino de Antropología Forense, los abogados del caso y el GIEI.
El
portal Animal Político encontró que la PGR tardó cinco meses en pedir
la captura del jefe prófugo de la Policía de Iguala, a pesar de que la
participación de la Policía Municipal quedó establecida desde el inicio,
y tardó lo mismo para preguntar a Migración si el aludido había salido
del país.
Halló también que el Equipo Argentino de Antropología
Forense (que colabora en la investigación de la desaparición de los
normalistas), alertó en enero pasado a Murillo Karam de “graves fallas”
en el trabajo pericial del caso, entre ellas la infiltración de policías
como falsos peritos hasta la siembra de “evidencias” y cartuchos en el
basurero de Cocula, y la contaminación de la supuesta escena del crimen
por la falta de vigilancia.
A su vez, el diario El Universal
publicó que seis meses antes de que desaparecieran los estudiantes de
Ayotzinapa y se pusiera en evidencia el control de Guerreros Unidos en
Iguala y Cocula, la Fiscalía de Guerrero investigaba a este grupo
criminal por estar implicado en ocho averiguaciones previas por
homicidio y desaparición de personas.
Por su parte, La Jornada
encontró que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO) recibió en octubre de 2014 al menos seis
llamadas anónimas en las cuales se advertía que integrantes de
Guerreros Unidos que participaron en la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa estaban ocultos en el estado de Morelos y en
las comunidades Apetlanca y Tianquizolco, en Guerrero.
Sinembargo
encontró que en el ataque a los estudiantes participaron policías de
Pilcaya –a tres horas y media de camino desde el lugar del ataque y no
sólo los basados en Iguala o Cocula. Y ya el “Informe Ayotzinapa” había
deslizado que en las declaraciones también se mencionaba la
participación de agentes de Huitzuco y, tal vez, de otros municipios.
De
dicho expediente el diario Reforma resalta que la PGR supo que el
alcalde de Cocula era de Guerreros Unidos, pero incluso así la
procuraduría lo liberó en diciembre, luego de llamarlo a declarar.
Y las confesiones de sicarios revelaron al menos tres sitios de incineración, halló El Economista.
Diversos
medios resaltaron la noticia, que ya mencionaba el Informe del GIEI, de
que las personas que Murillo Karam presentó como los perpetradores del
multiasesinato revelaron que los normalistas fueron ultimados en lugares
distintos al basurero de Cocula, y no todos corrieron la misma suerte.
El
portal sinembargo detectó que los expedientes desclasificados tienen
pasajes contradictorios, como que 10 personas de las supuestamente
incineradas en el basurero de Cocula no eran normalistas.
El
diario unomásuno publicó que el Servicio Médico Forense de Guerrero
recogió cadáveres frente al Palacio de Justicia de Iguala la madrugada
del 27 de septiembre de 2014, según establece un parte informativo del
Ejército mexicano.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
