
Emilio Godoy*/IPS - Contralinea
México marcha en contra de la tendencia
mayoritaria en América Latina de reducir la pobreza, y nuevas cifras
oficiales reconocen que el problema aumentó el último bienio, a pesar de
los multimillonarios y múltiples programas existentes para combatirla.
El impacto negativo de la reforma fiscal de 2014, políticas públicas mal diseñadas y mal gestionadas, una economía con el freno puesto en su crecimiento e ingresos familiares congelados están detrás del aumento del número de personas en condición de pobreza en el segundo país más poblado de la región, según expertos consultados por Inter Press Service (IPS).
“Tenemos programas sociales bien
planteados, pero muchos otros están extraviados. Dicen combatir la
pobreza y fomentar el trabajo, pero no tienen efecto. Muchos están capturados,
atienden a clientelas políticas antes que a los ciudadanos”, señala a
IPS la especialista Edna Jaime, directora del no gubernamental México
Evalúa, un centro de análisis de políticas públicas.
La crítica se enfoca en iniciativas como
el Programa de Apoyos Directos al Campo, que este año acumula unos 4 mil
millones de dólares en subvenciones, pero que beneficia
mayoritariamente a los grandes agroexportadores del Norte del país,
cuando nació para ayudar a los pequeños campesinos a mitigar el impacto
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y Estados
Unidos, en vigor desde 1994.
También se refiere a los subsidios al gas
y a la electricidad, que sobrepasan los 15 mil millones de dólares
anuales, porque no cumplen una función de equidad, al beneficiar más a
quienes tienen mayor capacidad de consumo.
En la segunda economía latinoamericana
operan 48 programas federales destinados a proyectos productivos,
generación de ingresos y servicios para el empleo, a los que se destinan
unos 7 mil millones de dólares anuales.
Un monto similar financia a Prospera, un
programa de inclusión social, conocido antes como Oportunidades y que es
elogiado por agencias internacionales de desarrollo, y al Seguro
Popular.
El primero transfiere recursos a las
familias en situación de pobreza mediante un subsidio directo, atado a
los niños escolarizados y el uso de los servicios locales de salud,
mientras el segundo extiende la atención sanitaria a quienes no son
beneficiarios de otros servicios de seguridad social.
El último recuento del estatal Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval),
difundido el 23 de julio, halló que 55.3 millones de personas subsisten
en situación de pobreza en México, lo que representa un incremento de 3
millones respecto a 2012 y equivale a 46.2 por ciento de su población de
121 millones.
Del total de personas en pobreza, el
autónomo Coneval encontró que 12 millones tienen ingresos inferiores a 1
dólar diario y otros 12 millones por debajo de 2 dólares.
En la región, México va a contracorriente
al ser de los pocos países que no han sido exitosos en reducir la
pobreza, junto con Guatemala y El Salvador, según el Informe de desarrollo humano de 2014, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
“México es de los pocos países que, en
lugar de reducir la pobreza como venía ocurriendo en la década pasada,
ha detenido esos avances. Los elementos que lo han detenido son un
crecimiento económico no muy alto y que el gasto no tiene incidencia
redistributiva”, indica a IPS el coordinador en México de ese informe,
Rodolfo de la Torre.
El experto sostiene que el impulso
experimentado por algunos programas de combate a la pobreza se ha
detenido, lo que “significa que han comenzado a perder efecto para
contener y reducir la pobreza”.
La medición del fenómeno se basa en la
cobertura de servicios básicos, como educación, salud, seguridad social,
vivienda y alimentación, y el ingreso familiar.
La Comisión Económica para América Latina
y el Caribe degradó, el 29 de julio, el crecimiento mexicano previsto
para 2015 de 3 a 2.4 por ciento del producto interno bruto, un ritmo
insuficiente para generar 1 millón de nuevos empleos que requiere el
país.
En cuestión de ingresos, el actual
salario mínimo mexicano de unos 5 dólares diarios, es uno de los más
bajos de América Latina, según el Observatorio de Salarios, de la
privada Universidad Iberoamericana de Puebla, en la central ciudad del
mismo nombre.
Pero el aumento de la pobreza evidencia
no sólo las debilidades de Prospera, sino también de la Cruzada Nacional
contra el Hambre, la iniciativa estelar del presidente conservador
Enrique Peña Nieto, que busca atender a personas en pobreza extrema y
subalimentadas.
La Cruzada, que se concentra en 400
municipios e involucra a 70 programas federales, aspira a atender a 7.4
millones de afectados, de los cuales 3.7 millones habitan en zonas
urbanas y el resto en el área rural.
Para Jaime, la instrumentación de la
estrategia “es muy complicada”, por su diseño y su estructura
multisectorial y el riesgo de capturar clientelas. “Hay instrumentos más
probados para atender a los pobres. La Cruzada no ha tenido el éxito
esperado”, declara.
Desde su lanzamiento en enero de 2013, 1
mes después de llegar Peña Nieto a la Presidencia, su organización,
México Evalúa, integrante de la red Acción Ciudadana frente a la
Pobreza, ha hecho públicas sus inquietudes sobre la iniciativa.
Para De la Torre no se trata de un fracaso rotundo, pero “sí es una llamada de atención para revisar su funcionamiento”.
“No puede cargarse toda la reducción de la pobreza en un programa. Las políticas de salud y educación tienen un rol que jugar.
Si no invierte nuevos recursos, la estrategia no va a dar un vuelco al
enfoque de reducción de la pobreza”, dice el especialista del PNUD.
Al comenzar agosto, el gobierno aún no
había anunciado las metas específicas de la Cruzada para este año,
mientras que el Coneval presentará en diciembre próximo su evaluación de
la estrategia a mediano plazo.
Con un panorama económico lúgubre y el
gobierno aferrado a la austeridad del gasto, los especialistas sugieren
replantear la estructura del presupuesto y revisar la gestión de los
programas sociales.
“Si no aumentan la productividad y los
salarios, la pobreza no se abatirá por vía de los ingresos. Hay que
garantizar servicios sociales, como salud, educación y vivienda, y cómo
asegurar presupuestos más racionales, con mejores definiciones en
políticas y programas antipobreza”, plantea Jaime.
A criterio del PNUD, no es posible esperar la reactivación económica para rebajar la pobreza.
“Lo que hay que hacer es modificar la
forma como el gasto se enfoca en la población de mayores necesidades. El
gasto no llega a los más pobres de los pobres, si no que está teniendo
una asignación que no es sensible a las carencias ni regionales ni de
grupos e individuos en particular”, critica De la Torre.
El PNUD prepara estudios sobre el gasto
público en la niñez, para identificar en cuáles etapas de la vida hay
huecos presupuestarios y sobre la evolución del desarrollo humano y la
contribución del mercado laboral a ese desarrollo.
Emilio Godoy*/IPS
*Periodista
[BLOQUE: ANÁLISIS]
[SECCIÓN: SOCIAL]
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Contralínea 451 / del 24 al 30 de Agosto 2015